POR JESÚS ALEJANDRO LEÓN SARCO
JÓVENES DEL MILENIO
LIMA-PERÚ .-
Contar con instituciones sólidas y confiables es una característica indiscutible de cualquier régimen democrático, ya que son ellas las que regulan la convivencia social y permiten la interacción plena entre todas las fuerzas sociales que componen el Estado. En otras palabras, una adecuada institucionalidad permite el funcionamiento de la democracia y, de esta manera, contribuye con el bienestar de la ciudadanía.
Lamentablemente, en el Perú es aún un reto pendiente. Las instituciones con las que cuenta el Estado Peruano, en su mayoría, son débiles y no cuentan con el respaldo ni la confianza de la población. Según el Informe Técnico “Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones”, elaborado en mayo del 2020, solo una institución pública (el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC) encabeza el ranking de las instituciones más confiables del país, con 55,1% de confianza por parte de los encuestados, a la que le sigue la Iglesia Católica, con 46,4%. Vale decir que el resto de las instituciones se ubican en la categoría de no confiables.
De esta manera, y en medio de este panorama de debilidad institucional, ¿es posible construir instituciones sólidas en el sector ambiental? Los intentos empezaron en la década de los 90, en un contexto en el que la regulación ambiental dependía de cada ministerio y no se contaba con un organismo en la alta jerarquía del poder estatal que liderara la promoción del ambiente en el país. Así, el 22 de diciembre de 1994 se crea el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) con el objetivo de planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Como nueva Autoridad Ambiental Nacional, el Conam ejercía funciones rectoras, coordinadoras, normativas, de fiscalización y sancionadoras, todas ellas bajo un enfoque intersectorial, considerando las características intrínsecas del ambiente.
Esta neófita institucionalidad ambiental se vio fortalecida con la creación del “Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA)” en 1997, el cual establecía un esquema de gestión nacional y el desarrollo de componentes para una gestión ambiental descentralizada. En los años posteriores el MEGA traería resultados tangibles, como la creación de la primera Comisión Ambiental Regional en 1998, y los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental entre los años 2002 y 2003.
Un hito importante en la institucionalidad ambiental en el Perú se da en el año 2004, con la promulgación de la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de su respectivo reglamento, a inicios del 2005. Esta nueva normativa brindó nuevas aproximaciones sobre la gestión ambiental nacional a través del desarrollo de los enfoques de transectorialidad y territorialidad. Mientras que el primero permitió la coordinación y participación de instituciones y actores sociales en las diferentes etapas de la gestión ambiental, el enfoque territorial propuso replicar este proceso colaborativo en los niveles de gobierno regional y local. Estas nuevas funciones recayeron en el Conam, lo cual fortaleció su relevancia como Autoridad Ambiental Nacional.
Por otro lado, es en el año 2005 cuando se produce otro hito indiscutible: la promulgación de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611). Este instrumento legal es fundamental para el sector porque se establecen los principios básicos que guiarán la gestión ambiental del país. Además, define los derechos y deberes que la ciudadanía tiene en relación al ambiente.
Sin embargo, y a pesar de todos estos avances, aún no se contaba con la presencia del sector ambiental en el más alto nivel del poder político. Esta situación se modifica a fines del 2007, cuando el presidente Alan García anunció la creación de un Ministerio del Ambiente (Minam) en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta declaración se oficializa el 13 de mayo del 2008 con la promulgación del Decreto Legislativo 1013, el cual también crea un conjunto de instituciones que regirán la gestión ambiental nacional hasta la actualidad: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Vale decir que el Conam fue absorbido por este nuevo ministerio.
A partir de esta nueva reestructuración de la institucionalidad ambiental en el país, se consideró necesario elaborar los lineamientos que guiarían la labor del Minam y, por tanto, los que definirían la política ambiental que seguiría el país a partir de ese momento. En este contexto se promulga el Decreto Supremo 012-2009-Minam, el cual establece la Política Nacional del Ambiente, a partir del cual se elaboran posteriormente el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental 2013-2014.
En el transcurso de los años, la institucionalidad ambiental se ha ido modificando y especializando. Actualmente, el Minam cuenta con dos viceministerios: de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de Gestión Ambiental. Asimismo, y entre sus numerosas funciones, el Minam dirige el SNGA, que incluye a los Sistemas Nacionales de Información Ambiental, Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión de Recursos Hídricos y Evaluación y Fiscalización Ambiental. Además, se ha considerado pertinente crear nuevas instituciones que aseguren independencia en las funciones que desempeñan, como la creación en el 2012 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la cual se encarga de evaluar los impactos ambientales de los proyectos de inversión de gran magnitud.
En suma, si se compara al Conam con el actual Minam y el sector en general, ciertamente se ha avanzado mucho. La protección del ambiente es ya una política pública y el sector está presente en el Poder Ejecutivo, lo cual facilita la ejecución de acciones orientadas a ese fin. Sin embargo, la creación de instituciones sólidas y fuertes, con una dirección clara e inmune a los embates del poder de turno, es aún un reto pendiente que excede al sector ambiente. A pesar de ello, es nuestro deber conseguirlo, tanto por la supervivencia de nuestra democracia como por el bienestar de nuestra sociedad.
