(Lima, Miércoles 16 de Septiembre del 2020. EFE).- Una crisis política se suma a la crisis del sistema de salud por el coronavirus en Perú. El Gobierno reveló la identidad de las dos personas allegadas al partido opositor Acción Popular (AP) que supuestamente estaban al tanto de un «complot» que buscaba destituir al presidente Martín Vizcarra y conformar un nuevo gabinete de ministros «en la sombra».
El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, quien ya había dicho durante el fin de semana que dos personas lo habían contactado con propuestas políticas, las identificó hoy como Santiago Arancibia y Huarcaya Clemente, conocidos suyos del partido AP, en el que militó su padre, el también exministro Juan Incháustegui.
Al respecto, Martín Vizcarra aseguró que Perú enfrenta «una de las mayores crisis sanitarias de la historia», a pesar de lo cual «hay algunos sectores con intereses oscuros que, aprovechándose de la pandemia, buscan subvertir el orden democrático, provocando una crisis política».
«Sin respetar la independencia de poderes, ya se estaba armando un seudogabinete», agregó el mandatario al referirse a la denuncia pública que hizo Incháustegui.
Incháustegui reveló que el viernes pasado recibió dos mensajes de WhatsApp «intimidatorios», en uno de los cuales le pidieron que recuerde cómo terminó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien debió renunciar al cargo en marzo de 2018. Le comentaron, además, que él «era joven» y «tenía que cuidar» su apellido.
En el otro mensaje, agregó el ministro, le dijeron que no se «preocupe» por las circunstancias políticas que atravesaba su país, y que «esté tranquilo», porque se iba «a quedar» en el gabinete de transición que se planeaba conformar. Incháustegui aseguró que eso le «causó indignación».
Vizcarra señala al presidente del Congreso, Manuel Merino, quien es representante de Acción Popular, como uno de los responsables de la supuesta conspiración en su contra, por haber promovido un pedido de destitución en su contra tras la difusión de audios grabados por la exsecretaria del gobernante, Karem Roca.
El pedido de destitución del mandatario responde, según el Congreso, a los presuntos intentos de Vizcarra por ocultar su vinculación con la contratación por el Estado del cantante Richard «Swing» Cisneros, un singular personaje que se jacta de su cercanía con el gobernante.
Vizcarra insistió este miércoles en que ha mostrado su «total disposición» para que los audios sean investigados por el Congreso y la Fiscalía, pero remarcó que cualquier proceso en su contra debería comenzar al término de su mandato, el 28 de julio del próximo año.
El Congreso ha convocado a una sesión del pleno el próximo viernes para debatir y votar en esa jornada el pedido de destitución presidencial por una presunta incapacidad moral.
Vizcarra dijo que está evaluando la situación y que decidirá si asiste o no al Congreso para defenderse, después de que el Tribunal Constitucional (TC) evalúe este jueves una demanda competencial y una medida cautelar presentada por el Ejecutivo para suspender el juicio político.
«El objetivo central de la defensa, en el marco del proceso de vacancia, es que los hechos no configuran la causal (de incapacidad moral), y que deben ser investigados en las instancias que correspondan», expresó el gobernante. En Perú, «la ley es que los presidentes permanezcan en sus funciones, y solo serán removidos por motivos excepcionales, por causales que deben ser objetivas», enfatizó.
La presidenta del TC, Marianella Ledesma, presentará en el pleno del Tribunal los proyectos de auto sobre la calificación de la demanda y la medida cautelar presentadas este lunes por el procurador del ministerio de Justicia, Luis Huertas.
La demanda busca que el alto tribunal determine si el Congreso tiene la capacidad para abrir un juicio político («moción de vacancia», en el lenguaje legal peruano) aplicando la denominada «incapacidad moral».
Por ese motivo, el Gobierno pidió al TC que, hasta que se tome una decisión al respecto, lo que puede demorar meses, se aplique una medida cautelar que suspenda el procedimiento de vacancia aprobado por el Congreso el pasado día 11.
El pedido de destitución ha perdido apoyo político en los últimos días, después de que el Gobierno revelara que Merino se comunicó con jefes de las Fuerzas Armadas con la presunta intención de lograr su apoyo ante una eventual salida de Martín Vizcarra.
