Por Manuel Alejandro Aliaga Chávez
Director de Comunicaciones de Jóvenes del Milenio – Lambayeque
En los últimos meses la adopción o no del acuerdo de Escazú en el país ha generado mucha controversia, principalmente asociada a la pérdida de la soberanía en un 53% de nuestro territorio al que es equivalente la amazonía que tiene el país, sin embargo en el debate del presente acuerdo no solo está en juego la amazonía peruana, este acuerdo va más allá de ello y pone en debate el futuro de nuestro medio ambiente y por ende el futuro de las siguientes generaciones, con la redacción del presente artículo pretendo ser objetivo en los hechos prácticos mas no imparcial en la admisión de una postura.
En primer lugar bajo el derecho internacional el acuerdo tiene la jerarquía de un tratado internacional, donde no solo intervinieron 24 países en su redacción de los cuales 22 firmaron el tratado internacional, sino también participaron organizaciones no gubernamentales de todo el mundo como Reforestamos, Artigo 19, Both Ends, CIVICUS, Fund for Global Human Rights, entre otras de relevante trayectoria que permitieron establecer un alto grado de transparencia y diálogo entre los involucrados, y bajo mi punto de vista esclarecer desde su origen que el acuerdo no responde a una necesidad de unos pocos que desean apoderarse de la amazonía, sino responde a un problema aun mayor que es la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar no solo la amazonia que involucra solo a 9 países de los firmantes sino la adopción de medidas y estrategias que permitan Garantizar nuestro derecho de vivir en un Ambiente saludable .
Problemas Actuales:
- Nuestro país tiene 186 especies de animales en peligro de extinción, de las cuales 64 están en peligro crítico, de acuerdo a la investigación realizada por el Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre (SERFOR) en 2018.
- De las 50 EPS saneamiento en el país, ninguna ha podido implementar la tecnología necesaria para que el agua ya usada pueda ser descargada al sistema de alcantarillado sin que tenga un impacto significativo en los ríos, lagos y mares, lo cual no solo pone en riesgo a nuestra fauna marina sino a la miles de peruanos, información revelada en 2019 en la VII Jornada de Derechos del Agua organizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la PUCP donde se determinó que el principal problema que tiene el país respecto al tratamiento de aguas residuales.
- En el año 2019, 147 mil 402 hectáreas de bosques han sido deforestadas, lo cual equivale a más de 200 veces el tamaño de la cancha del Estadio Nacional, información brindada por el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, y desde 2001 se ha perdido más de 2.3 millones de hectáreas de bosques, equivalente a todo el tamaña del país del Salvador, a causa de la agricultura migratoria, el narcotráfico, la minería y tala ilegal, esta última ocupa un 66% de toda la madera que exportada según el Organismo de Supervisión de los recursos Forestales y de la Fauna.
- Desde 2013 a la fecha se han asesinado a 16 defensores socio-ambientales en el país, 10 de ellos en la amazonia y en ningún caso existe una sentencia en el Poder Judicial, de acuerdo a la investigación realizada por el portal periodístico “Ojo Público”, además según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el 2019 se reportaron más de 127 conflictos socio-ambientales, un número mayor de conflictos reportado en 2018.
Todo lo anteriormente mencionado son hechos fácticos que ha estado y están ocurriendo en nuestro país y son evidencia innegable que algo en existe una gran problemática Socio-Ambiental que tiene que ser atendida y discutida, si bien nuestra propia legislación empezando por la propia constitución protege y establece mecanismos en materia de acceso a la Información y Trasparencia (Constitución Política del Perú Art.2 ), mecanismos de Participación Ciudadana (Constitución Política del Perú Art.31 – Ley del Derecho a la Consulta previa a los pueblos indígenas y originarios N° 29785) y acceso a la Justica Ambiental (Ley General del Ambiente – Ley N°28611 Art.43, 49 Y 134 ), entre otras normas , sin embargo los hechos fácticos anteriormente mencionados son una evidencia innegable que a pesar que tenemos leyes de protección socio ambiental, en la práctica no se están cumpliendo y es necesario implementar nuevos mecanismo que permitan establecer espacios de diálogo a fin de discutir de manera alturada posibles soluciones a los problemas mencionados.
En este sentido considero al Tratado de Escazú no como solución a todos problemas ambientales del país sino como una oportunidad relevante para generar espacios de dialogo para la integración de la ciudadanía en materia ambiental y que nuestro país asuma el compromiso en el escenario internacional de hacer cumplir su propia legislación, principalmente lo concerniente a los derechos fundamentales, un asunto que es de suma relevancia si deseamos ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de la cual son miembros más de 30 países a nivel mundial, la cual ha recomendado a los países aspirante a su organización suscribir el acuerdo a fin de garantizar a protección de los derechos fundamentales.
Finalmente considero que en ningún caso este tratado va limitar la soberanía de nuestro país, al contrario va permitir demostrarle al mundo que nuestra acción está comprometida con un desarrollo económico sostenible y la consolidación de una Democracia Ambiental Responsable.
