Por Cesar Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
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Me animo a escribir estas líneas, porque ayer 14 de Septiembre se cumplen 20 años, de un acontecimiento nacional, pues ayer el diario el Comercio lo recordó en sus páginas 2 y 3, foto incluida, del evento de la presentación del video, que fue el elemento probatorio que significó el principio del fin de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; por lo que, al ver mi foto recordé el por qué acompañé al político que hizo este hallazgo, como una gesta importante en el quehacer nacional; y bajo la percepción de mi experticia en el tema de la seguridad, pues valía el protagonismo, para así contribuir a la recuperación de la democracia afectada gravemente; no quiero dejar pasar el contarles que el 13 de noviembre del año 1992 cuando se gestó un golpe cívico contra Fujimori liderado por el general en retiro Salinas Sedó y un grupo de patriotas, dos meses después, por motivos de su seguridad, tuve que tramitar y asilar en la Embajada de Costa Rica en Lima a el ingeniero y broadcaster Julio Vera Gutiérrez y al destacado político y abogado Alberto Borea Odría. Aunque eran otros tiempos de mayor riesgo, pero era finalmente vital salvar a nuestro querido Perú, nuestro país, que ahora atraviesa una grave crisis en su historia nacional, donde se conjugan factores ligados a la corrupción, la inestabilidad política, la crisis económica, la angustia social acrecentados por la diseminación de una letal Pandemia y encima en el marco de una crisis moral, complicada con la comisión de una serie de errores en la administración del Estado.
Recuerdo que en esa fecha tuve que enfrentar las pretensiones de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República presidida e integrada por representantes apristas, curtidos en el propósito de hacer daño a quienes tan sólo defendían la democracia; los odios primaron por los hechos del 2001, concurrí repetidamente ante las notificaciones recibidas por dicha comisión -una a mi pedido- pero me enfrenté con la verdad como escudo; no obstante ello, fui sentenciado a pena suspendida por no haber pruebas en mi contra; sólo indicios basados en las calumnias y mentiras; es conocido en nuestro país cómo actúa la justicia peruana, como el caso, en que demandé a un banco local -que por razones éticas no nombraré- por la suma de 6,5 millones de dólares; pero no se me hizo justicia.
La justicia es una aspiración que toda persona busca satisfacer; y en ese sentido, traigo a mi memoria las expresiones de una persona que pregonaba la trillada frase “Quién nada debe; nada teme” atribuidas por la opinión pública al actual Presidente de la República; yo me presenté en su momento al Congreso de la República y a los Tribunales de Justicia. Finalmente, no es acaso conveniente para toda la nación, que el mandatario Martín Vizcarra Cornejo, se presente no a un Tribunal donde se administra justicia; sino al Parlamento Nacional, que él mismo posibilitó que legislaran en este año. Usted señor Presidente, debería aceptar la invitación y decir su versión, pues el que tiene la conciencia limpia de no haber cometido una infracción penal así lo hace, si usted sabe que no obró mal afectando los intereses del pueblo, concurra; pues la amenaza de la vacancia, no puede sustentarse en tan sólo mentiras -que aun siendo reprochables- no alcanzan la dimensión para la aplicación de una medida tan radical que nos prive de la gobernabilidad y nos embauque a todos los peruanos en una inestabilidad sin precedentes en una caótica situación gubernamental en la que nos encontramos.
Señor Presidente no pierda usted la oportunidad de afrontar con hombría de bien los hechos ocurridos; de usted depende para que con entereza y humildad, que todos comprenderán, porque usted es un ser humano que tiene una sagrada misión que cumplir hasta culminar su mandato presidencial, no exacerbe a quienes quieren su vacancia, la misma, que observamos que en la mayoría congresal no es una prioridad ni intención; no se debilite más ante el pueblo; le aseguro que la mayoría aplaudiría su decisión; queremos confiar en que no aparecerá otro elemento auditivo incriminatorio de real gravedad; pues de no ser así, no encuentro razón alguna para declarar su incapacidad moral que tenga carácter permanente; no se apertreche en una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional; no es una buena estrategia, pase usted al recuerdo de la historia nacional con entereza y firmeza; la verdad es necesaria; pero la sostenibilidad gubernamental en momentos tan críticos para el país también.
