(FOTO: TVPERÚ) Mayo del 2017, el entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra fue interpelado en el Congreso por el caso del aeropuerto de Chincheros-Cusco.

(LA NACIÓN 05 / 10 /2020) El proyecto de un nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, emblema del turismo andino. Una obra valuada en US$500 millones que nunca comenzó, pero provocó un escándalo político en Perú. Y una investigación judicial archivada en la Argentina. El «caso Chinchero» obligó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a dar explicaciones en el congreso. Pero fue un giro menor de esa trama, por apenas US$98.000, lo que encendió las alarmas del sistema financiero de los Estados Unidos.

Dos años antes de que el escándalo estallara en Perú, un banco de Nueva York analizó ese giro por US$98.000 de febrero de 2015 y puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América -el grupo que lidera Eduardo Eurnekian- y a su socia peruana para el aeropuerto en Cusco, Andino Investment Holding.

El Bank of New York Mellon envió un reporte de operación sospechosa al organismo antilavado de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), en junio de 2015, con detalles sobre 3239 transferencias. Entre ellas, la referida al giro por US$98.000 que terminó en una cuenta en las islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet SA.

El giro no salió, sin embargo, de las cuentas de Corporación América o de su socia, Andino, sino por cuenta y orden de una subsidiaria de ese consorcio. ¿Su nombre? La peruana Proyecta & Construye SA, según surge de los 2100 reportes que bancos de todo el mundo enviaron a la FinCEN , obtuvo BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION.

La sociedad entre Corporación América y Andino Investment Holding nació en 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, conformaron el consorcio «Kuntur Wasi» y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, con la modalidad público-privada.

Corporación América y Andino Investment Holding fundaron una subsidiaria, Proyecta y Construye, a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos, explicaron ambas empresas ante la consulta del equipo de ICIJ para esta nota, integrado por Convoca.pe (Perú), el Semanario Búsqueda (Uruguay) y Perfil y LA NACION (Argentina). En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto «llave en mano». Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Ante la consulta de los miembros de esta investigación, Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América defendieron la legalidad de su proceder. Indicaron que la transacción señalada como «sospechosa» en el reporte de FinCEN fue por «el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED».

Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. ¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya con cuenta en Islas Caimán para realizar esos pagos? «Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor», respondió Cavassa.

«No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet», sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. «Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo», aseguró Grinberg.

Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: «Certificado Nº 1 LEED» para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera «debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando».

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio «Kuntur Wasi» tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar «una variación en la asignación de riesgos financieros» con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.

No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.

Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski/Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del «Lava Jato» abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una «sociedad pantalla» para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Consultados por LA NACION, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. «Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)», agregaron.

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era «lesiva» para el erario público peruano porque establecía que el Estado «asumía el riesgo por financiación de la obra», algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda «no trajo cambios respecto del riesgo financiero» y que «el Estado salía beneficiado y no así el consorcio». «Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto», afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda «solo cambió el mecanismo de financiamiento».

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.

En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato «permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto». La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que «no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana». Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.