(FOTO: INTERNET) El juez Víctor Zúñiga abrió ayer lunes una audiencia para resolver si acoge o no un pedido de la fiscalía de inhabilitar al partido fujimorista Fuerza Popular.

(EL PAÍS 01 / 12 / 2020) El partido político fundado hace tres décadas por el expresidente peruano Alberto Fujimori se juega su futuro en la justicia, que debe decidir si lo suspende por 30 meses, lo que marginaría a su hija Keiko de las elecciones de 2021.

El juez Víctor Zúñiga abrió ayer lunes una audiencia para resolver si acoge o no un pedido de la fiscalía de inhabilitar al partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) durante dos años y medio, en el marco de la causa por supuestos aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.

En esta audiencia el fujimorismo enfrenta una de sus mayores amenazas desde 1990, mientras Perú intenta superar una crisis política que lo llevó a tener tres mandatarios en una semana.

Con un fallo adverso el fujimorismo quedará impedido de competir en las elecciones del 11 de abril de 2021.

La fiscalía busca con esta medida despejar el camino para seguir las investigaciones contra Keiko, de 45 años y su entorno por supuestamente recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.

Keiko, dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) tildó de “arbitrario” el pedido de la fiscalía en un tuit minutos antes de la audiencia, en la que ella no participa y que se desarrolla en forma virtual por la pandemia del nuevo coronavirus.

Si bien el fallo puede ser apelado, si es adverso complicaría las opciones del fujimorismo en momentos en que comienza la campaña electoral de 2021.

El fiscal José Domingo Pérez dijo durante la audiencia que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero ilícito. “Estamos solicitando esta suspensión porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y presidencia del partido es Keiko Fujimori quien tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización”, agregó.

Por su lado, el abogado de Keiko, Christian Salas, negó que el partido sea una “organización criminal”.

Después de “más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes” y no meras sospechas, añadió Salas, quien solicitó al juez que “declare improcedente este juicio”.

Luego de las exposiciones del fiscal y el defensor, el juez cerró el debate y dijo que emitirá su fallo “en un plazo prudente” (pueden ser varios días), de acuerdo a su carga de trabajo.

Keiko, quien estuvo en prisión preventiva 16 meses por este caso, niega haber recibido dinero ilegal para sus campañas de 2011 y 2016.

Su padre, ahora de 82 años, cumple una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad durante su gobierno.

El caso Odebrecht también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.

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