Luego de que el expresidente revelara que él y su esposa participaron en la pruebas de laboratorio Sinopharm, en el Congreso se presentó una denuncia constitucional en su contra y se alista, además, una moción de censura contra la ministra de Salud. ¿Tienen asidero estas medidas?
(RPP 13 / 02 / 2021) La reciente revelación del expresidente Martín Vizcarra de que tanto él como su esposa formaron parte del estudio que realizó el laboratorio Sinopharm en el Perú ha desatado una serie de cuestionamientos al interior del Congreso, donde ya se ha presentado una acusación constitucional en su contra e incluso ya se tiene redactada una moción de censura contra la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Si bien Vizcarra asegura que, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios que participaron en el estudio, desconoce si recibió la vacuna o el placebo, los cuestionamientos desde el Parlamento se centran en si algún otro funcionario recibió la vacuna -algo que también ha sido negado por el expresidente- y la falta de transparencia para dar a conocer esta situación a la población.
Al respecto, RPP consultó con tres abogados penalistas, quienes, pese a coincidir en cuestionar este acto, tuvieron posturas distintas sobre la responsabilidad que podría alcanzarle al ex jefe de Estado y a algunos de los ministros de Estado, como la ministra de Salud y la presidenta del Consejo de Ministros. Además, el abogado constitucionalista Omar Cairo dio alcances de cómo se llevaría a cabo un eventual proceso en su contra por su condición de expresidente.
«Se puede iniciar una investigación»
Para el abogado penalista y columnista de RPP Rafael Chanjan este hecho merece ser investigado por el presunto delito de colusión. En diálogo con RPP, el abogado explicó que, por tratarse de un expresidente, correspondería a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación preliminar.
«Desde mi punto de vista los hechos sí revisten relevancia como para poder iniciar una investigación preliminar contra el expresidente Vizcarra por un presunto delito de función que podría estar relacionado con un peculado o una colusión. Creo que correspondería a la fiscal de la Nación merituar estos hechos para iniciar una investigación preliminar que eventualmente pueda desencadenar en alguna denuncia constitucional», señaló.
En tanto, el abogado penalista Carlos Caro consideró que Vizcarra podría estar involucrado de colusión por, presuntamente, aprovecharse de su cargo para acceder a la vacuna cuando su Gobierno se encontraba negociando este insumo con este y otros laboratorios. En el caso de su esposa, explicó que se tendría que evaluar si tenía conocimiento de que su esposo utilizó su condición de poder a su favor.
«Acá lo que tenemos es un problema singular porque, evidentemente, esta inoculación de la vacuna al señor Vizcarra y su esposa se produce en un contexto en el cual el Estado peruano había iniciado negociaciones con esta empresa. Si se probara que esto fue una especie de dádiva, por pequeña que sea, los funcionarios públicos están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de prestación de una empresa con la que han estado negociando», explicó.
«Hay una falta ética grave»
En la otra orilla se encuentra la también abogada penalista Romy Chang, quien, pese a advertir una «falta ética grave», no encuentra elementos suficientes para que, en este caso, se constituya un delito. La abogada apuntó que en este caso el expresidente no sustrajo bienes del Estado ni tampoco se puede determinar si condicionó la negociación con este laboratorio privado.
«Así el presidente Vizcarra haya participado en las pruebas de vacuna contra COVID, no configura un delito. Ahora, si él hubiera pedido que se le aplique necesariamente la vacuna y no un placebo; es decir, un trato privilegiado respecto de otros participantes en la fase experimental tampoco podría generarse un delito, pero sí una falta ética grave. No aprecio en este caso un delito de peculado o de corrupción porque no se ha sustraído bienes del Estado ni tampoco ha existido un compromiso del Perú para comprar vacunas a Sinopharm, sobre todo cuando se trata de una empresa privada que responde a la demanda en el mercado», opinó.
El proceso según la Constitución
Por su parte, el abogado constitucionalista Omar Cairo precisó que, en caso los congresistas consideren que este caso representa un delito, sería uno cometido en el ejercicio de sus funciones presidenciales; sin embargo, recordó que Vizcarra tiene el beneficio del antejuicio por los delitos que habría cometido durante sus funciones por 5 años luego de dejar el cargo.
Al respecto, explicó que, luego de que desde el Congreso se presentara una denuncia constitucional en su contra, la Comisión Permanente remita este caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que este grupo elabore un informe y nuevamente la Comisión Permanente decida si lo acusa o no por este presunto delito.
Cairo precisó, no obstante, que, independientemente de la responsabilidad penal que pueda tener Vizcarra por este caso, no se le podría atribuir una responsabilidad política a la ministra de Salud y a la presidenta del Consejo de Ministros por un acto que habría sido «personal, porque se le acusa de haber gestionado la vacunación para él y su conyugue».
«No estaría involucrada porque la acusación que se le hace es que esto ha sido subrepticio. De repente le dio una opinión, pero eso no habilitó su conducta. Esa conducta, según se describe, ha sido debajo de la alfombra. La ministra de Salud no tiene como función estar vigilando la conducta del presidente a ver si delinque o no delinque», señaló.
Vizcarra: «Nadie del despacho se ha vacunado»
Esta mañana el expresidente Martín Vizcarra reiteró que participó de manera voluntaria en la etapa experimental de la vacuna china de Sinopharm que se llevó a cabo en el Perú, al igual que otros 12 mil peruanos. El ahora candidato al Congreso señaló que tomó esta decisión «con el riesgo que implica porque es una etapa experimental que no se saben los resultados».
«Como lo he dicho, en ese experimento de la fase 3 participé con mi esposa. Por ahí dicen ‘gente del despacho’: ninguno. Puedo asegurar, ningún trabajador del despacho presidencial de ninguna área ha asumido ese riesgo. Yo no podía decir que lo hagan porque es un tema voluntario. Los 12 mil son voluntarios porque hay un riesgo que implica», aseguró.
«Del entorno laboral del despacho presidencial, nadie se ha vacunado, nadie ha sido parte de ese estudio de la fase 3. Verifiquen. La fase 3 es un acto voluntario y nadie se inscribió ni pidió ser parte de este proceso de investigación, de este ensayo clínico. Yo sí lo hice voluntariamente», agregó
Durante una actividad proselitista en Moquegua, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, el exmandatario atribuyó los cuestionamientos que ha recibido tras esta confirmación a su candidatura al Congreso. Vizcarra pidió a sus «enemigos políticos» «no confundir entre ensayos clínicos con vacunas».
«Uno vacuna cuando ya ha terminado todo el proceso y tienes la conformidad científica de que esta vacuna funciona (…) La primera vacuna que ha sido aprobada fue la de Pfizer y la que se está aplicando en el Perú, la de Sinopharm, se aprobó el último día del año pasado, entonces recién a partir de enero se podía aplicar», mencionó.
Vizcarra también aseguró que, al igual que todos los voluntarios, «no sabe» si le aplicaron placebo o el virus inactivo. Además, mencionó que un reciente estudio de anticuerpos determinó que no presenta anticuerpos de COVID-19 y, por lo tanto, «soy susceptible de enfermarme, como millones de peruanos».
«(El examen) dice que no tengo el anticuerpo. Está bien, yo no lo hacía para tener el anticuerpo, lo hacía para colaborar y decir a los 12 mil que yo también estoy con ustedes’. Han querido decir que todos en el despacho, mentira. Solamente a un par de ministros le comenté el tema y me dijeron que es una decisión personal y me recomendaron que no me vacune», reiteró.
