SENASA, INDECOPI, DIGESA, INACAL, FISCALÍA, ALCALDES…POR FAVOR ….¿DÓNDE ESTAN?….LA ESTAFA y MIELES ADULTERADAS NOS MATAN…¿ACASO ES MUCHO PEDIR?
MSc. Víctor Vásquez Villanueva
Asesor de la CONAPI
El presente artículo, es una investigación que está culminando la CONAPI referida a la apicultura y los apicultores; ahora, llama la atención pidiendo que las autoridades públicas solo cumplan con eficiencia y diligencia sus funciones como servidores públicos y no sigan siendo parte de la indiferencia y burocracia, cuyos estragos empobrecen más a los pequeños apicultores del Peru. Igual para que los programas de mercados itinerantes y del chacra a la olla-MIDAGRI-, sean para verdaderos apicultores y no intermediaros o seudo apicultores…déjense de tantos requisitos absurdos.
El mejoramiento de los niveles de vida de las poblaciones induce a seguir patrones de vida saludable y que mejor al conocer de las bondades nutraseuticas de la miel natural de abeja está impactando en una creciente demanda a nivel mundial y que lamentablemente la producción mundial está creciendo muy por debajo de esta demanda. Desigual comportamiento entre la oferta y demanda que está generando la proliferación de mieles adulteradas (con glucosa y esencias químicas) o mieles sustitutas, como los jarabes.
La pandemia de la COVID 19 está impactando por una mayor demanda de miel de abeja, demanda que desnuda en su real magnitud las prácticas ilegales conque comerciantes inescrupulosos están comercializando supuestas mieles de abeja inclusive con sabores a cítricos y eucaliptos cuando en el fondo son mieles químicas.
Esta ilegal y delictiva practica que atenta directamente contra la apicultura y el apicultor sigue sin importar a las instituciones públicas como DIGESA, INDECOPI, INACAL y MIDAGRI cuyas funciones justamente son las de fiscalizar y certificar la calidad de los productos puestos al mercado. Señores encargados de estas instituciones no basta con que ustedes digan que su labor de fiscalización es mirar que los envases se vean bonitos en los anaqueles, con sus colores y marcas registradas o lleven su registro sanitario. No nos sigan mintiendo, porque el delito esta en que ustedes cierran sus OJOS y NO quieren hacer las pruebas o tamizajes de los contenidos de la supuesta miel. No sigan jugando y atentando con la salud de los consumidores, porque es un delito sancionado en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y dónde está aquella Asociación que dice defender a los consumidores, tan dinámica para ciertas cosas?
En una reciente reunión de trabajo para abordar este problema, reunión promovida por la CONAPI y respaldada por el Congresista Marco Verde, fue patético comprobar la “indolencia o complicidad” al escuchar a estos señores funcionarios quienes nos dicen que “nosotros los apicultores al ser los afectados hagamos los decomisos y denuncias ante las autoridades judiciales (fiscalía)”; estas respuestas es como empujarnos directamente a la boca de caimanes o cocodrilos de las mieles adulteradas a sabiendas que serán éstos, con la venia y complicidad de malos operadores de la justicia, quienes inicien millonarias demandas, como estrategia de amedrentamiento a los apicultores, como viene sucediendo.
El comercio de la miel natural de abeja debe ser abordado en dos escenarios; aquella que se dirige al mercado interno y la otra hacia los mercados externos. El mercado interno se caracteriza por una alta informalidad en su comercialización; comercio callejero, en paraditas y mercadillos de barrios populares, envases sin garantía de inocuidad, expendedores informales, entre otras; esta altísima informalidad sumado al comercio de productos “supuestamente miel de abeja” altamente adulterados con otras mieles, de bajo costo y perjudiciales a la salud humana, cada año impacta negativamente en la apicultura y su rentabilidad como negocio. En este contexto, la apicultura se constituye en una actividad marginal en el circuito de la producción y valor económico agropecuario.
Los precios de venta que el consumidor paga por el producto “miel de abeja” exhibidos en los anaqueles reflejan “posiblemente” que estamos comprando productos combinados o adulterados por cuanto los márgenes en el mercadeo de la miel de abeja varían entre 115,91 % hasta 156,06 %. Esta es la realidad que no se quiere corregir que además de afectar a apicultores y consumidores constituye un serio peligro contra la salud humana.
La apicultura es una actividad de pequeños apicultores y técnicamente haciendo uso de baja y media tecnología y de allí los bajos rendimientos 10,8 kilos/año/colmena muy por debajo de apicultores vecinos en donde esta actividad no solo es importante en el ciclo agropecuario sino promocionada por sus propios gobiernos al constituirse en fuente que generan divisas y aseguran, con las abejitas, que el ciclo de polinización no se rompa y cause el desabastecimiento de productos agropecuarios. Por ejemplo, Chile exporta miel por un valor de 30 millones anuales, México por 120 millones, Brasil 95 millones, Argentina 160 millones ¿y el PERU? por 7 mil dólares e importamos anualmente casi 60 mil dólares.
Frente a la desatención a la apicultura por parte del Estado, el MIDAGRI se responde que existe pomposamente un Plan de Desarrollo Apícola el mismo que seis años de vigencia lejos de solucionar los problemas éstos se han agudizado poniendo en peligro a la actividad misma y al ciclo productivo agrícola. Por ejemplo, la cada vez más alta mortandad de abejas, la creciente adulteración de la miel natural, la exclusión de los apicultores a programas públicos de financiamiento, entre otros.
La poca o nula importancia que recibe la apicultura por parte del Estado se refleja no solamente porque durante los primeros seis años de puesta en vigencia de Plan Nacional de Desarrollo Apícola las acciones programadas en el mejor de los casos han sido cumplidas menos del 10 % y peor aún saber que su accionar ha estado enfocada en cumplir acciones de poca o nula relevancia e intrascendentes para desarrollar a la apicultura, como eufemísticamente rezan sus objetivos, su propia visión y misión. Al respecto y coloquialmente los apicultores frente al PNDA dicen “(…) se tiene una burocracia que ni siquiera son capaces de cumplir lo que escriben…” o aquellas cuando dicen que “…el papel aguanta todo…”.
Otro indicador para comprobar la desatención gubernamental está referido a la asignación presupuestal para el PNDA, al respecto se tiene que para los 10 años de vigencia del indicado plan se tiene programado asignar 11 millones de soles que equivale a 1.1 millones anual, representando el 0.04 % del presupuesto sectorial; esta desatención ve agudizarse cuando se dice que dichos recursos son orientados casi exclusivamente para costear sueldos y las “famosas” consultorías y “estudios especializados”.
Según estimaciones del Ministerio de Agricultura Desarrollo Agrario y Riego (MIDGRI) dan cuenta de la existencia de cuando menos 140 asociaciones apícolas distribuidas en 20 regiones del país; su distribución territorial señala que la región Cuzco (18,6 %) es la más importante; a ella se suman Junín (12,9%), Ayacucho (7,1 %), Lambayeque (7,1 %), Lima (5,7 %), San Martin (4,3 %), Huancavelica (4,3 %) y Ancash (4,3 %), entre otras.
Una característica resaltante es que existen asociaciones donde la apicultura es desarrollada exclusivamente (100 %) por mujeres como en el caso de la región Piura, sigue Cuzco con 50 %, Apurímac con el 40 %, Junín con 33 %, Lima 30 % y, Ancash 19 %; en menor grado, de participación de la mujer es: San Martin 16 % y Cerro de Pasco el 4,5 %. Particularmente, por ejemplo, en Argentina las mujeres representan el 10 % del total de apicultores. La participación de la mujer en la actividad apícola es relevante y diferenciada según regiones, teniéndose que ellas están más concentradas en las regiones de Cuzco (44 %), Piura (19 %), Apurímac (15 %), San Martin (7 %), Ancash (4 %) y Lima (2 %). Entonces cabe preguntarle al Ministro Federico Tenorio ¿y donde está el apoyo para la mujer rural? o es acaso otros de los tantos anuncios solo para distraer.
La problemática apícola es bastante compleja y que mejor conocerla recogiendo la opinión de los propios apicultores quienes al unísono señalan como el principal problema la desatención y falta de apoyo por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), esta percepción es para el 85 % de los apicultores; así también, los problemas referidos al manejo técnico de los apiarios (sanidad y alimentación) es sentida por el 80 % de los apicultores; otro crucial problema está dado por la alta mortandad existente en las colmenas que afecta al 73 % de los apicultores; en la misma dirección están los problemas asociados al comercio, formalización, tributación, adulteración, falsificación, etc, problema sentido por el 65 % de los apicultores. Finalmente, para un 30 % de apicultores existen un importante hecho exógeno asociado a los efectos e impactos que está generando el cambio climático en el mundo; la apicultura siente los estragos de la deforestación, de la falta de fuentes de agua, de los incendios, los cambios bruscos de temperatura, la contaminación del aire y de las aguas, entre otros.
En suma, son estos los principales problemas que son fiel reflejo de la desinstitucionalización que atraviesa el propio Estado, expresado en el incumplimiento de sus propias leyes y normas vigentes y, en otros, por su indiferencia para corregir los problemas existentes y también la debilidad institucional de los propios apicultores.
Adicionalmente a esta realidad no se puede dejar de señalar que el 30 % de los apicultores han recibido algunas acciones de capacitación, destacando las brindadas por la CONAPI, municipalidades y algún organismo no gubernamental; los eventos de capacitación (talleres, cursos, congresos) han estado referidos a aspectos de asociatividad, sanidad y nutrición de las colmenas y comercialización, etc. En el otro extremo, está aquel 70 % de apicultores quienes siguen invisibles para el Estado y el Ministerio de Agricultura en particular y por consiguiente están ausentes en las estrategias y acciones de capacitación o en programas de mejoramiento de capacidades técnicas productivas y de articulación a los mercados.
Para la mirada del Estado, la apicultura es una actividad marginal que sumada a la alta informalidad termina haciendo que sus actores sigan invisibles para el sistema financiero y programas públicos existentes. En suma, esta desatención impacta en los apicultores quienes a pesar de las necesidades de recursos financieros terminan no siendo atendidos y en consecuencia los deseos de lograr una apicultura competitiva y rentable como está escrito en el PNDA, es una utopía.
Entonces, la fuerte restricción de acceso a financiamientos conlleva para que la casi mayoría de apicultores recurran a los sistemas alternativos de financiamiento existentes; así se tiene que alrededor del 35 % de apicultores, a pesar de los altos costos de este sistema, llegan a establecer relaciones con habilitadores locales y un 20 % con comerciantes/intermediarios; este tipo de relación no hace más que terminar reduciendo la rentabilidad y competitividad de la propia actividad. Así mismo un 10 % de apicultores son prestatarios de las llamadas IFIS(Bancos/Cajas) y que el 100 % de apicultores, hacen uso de sus recursos propios. En conclusión, la insuficiencia de recursos financieros para la apicultura y el limitado acceso a los mismos, hacen que en esta actividad productiva predomine el uso de tecnología media a tradicional cuyos resultados se reflejan en los rendimientos logrados.
En cuanto a los agentes alternativos de financiamientos para el agro son de diversa naturaleza unos formales (los menos) y los informales (la mayoría) y todos encontraron la forma de habilitar dinero a costa de altísimas tasas de interés de entre 5 al 10 % mensual, tasas que equivalen a casi el doble del costo del sistema financiero. Es la forma de descapitalizar y desmejorar la competitividad en la actividad agropecuaria y en la apícola en particular.
La pérdida de colmenas que enfrentan los apicultores es un hecho cada vez más frecuente e intenso que viene ocurriendo en las zonas apícolas; sus causas son diversas, siendo la de mayor relevancia aquella derivada del uso indiscriminado de plaguicidas que son insumos utilizados por los agricultores de las áreas de influencia de la explotación apícola, también son los robos e incendios. El cada vez más intensivo uso por parte de los productores agrícolas de plaguicidas tóxicos para la actividad apícola sumado a la inexistente legislación en materia regulatoria acerca de su uso y mercadeo, constituye la principal causa de mortandad de las abejas y por tanto atentatoria al desarrollo y sostenibilidad de la actividad apícola. Es aquí donde nuevamente la institución responsable SENASA-MIDAGRI incumple con sus funciones pudiendo dando a entender que mejor es cuidar los intereses de los importadores de agroquímicos a expensas de la salud y medio ambiente y de la apicultura.
Según un sondeo realizado por la CONAPI se concluye que el número promedio de colmenas que pierden los apicultores son de 4 colmenas que representa el 12 % del total de colmenas del apicultor. Explorando las causas que originan dichas pérdidas el 65 % de los apicultores señalan que está motivada por el uso agresivo de plaguicidas en la agricultura; un 35 % a los incendios forestales y falta de agua (el cambio climático y prácticas culturales) y el 30 % la atribuyen a la presencia de enfermedades, entre otras. De manera más específica se puede señalar por ejemplo que, los apicultores de Áncash enfrentan problemas asociados con las enfermedades y la falta de agua; para San Martin son el uso de plaguicidas, los incendios y los robos de las colmenas; para Cerro de Pasco sus problemas son el uso de los plaguicidas y la falta de agua; Piura, La Libertad son el uso de plaguicidas y los incendios.
Estas pérdidas tienen un doble impacto en el apicultor; de un lado la pérdida de sus inversiones realizadas por la adquisición de las colmenas (alrededor de 548 dólares) y también, la pérdida de futuros ingresos durante los próximos cinco años en el orden de 412 dólares anuales sumando un total de 2,060 dólares dejados de percibirlos.
En resumen se diría que las debilidades comentadas, realidad propia en la mayoría de los apicultores, sumado al total abandono por parte del Estado1 siguen contribuyendo para la existencia de la cada vez más creciente informalidad en la comercialización de la miel de abeja, y otros productos apícolas. Esta es un álgido problema cuyas consecuencias afectan a productores y consumidores, éstos últimos además de terminar “estafados” terminan consumiendo productos atentatorios a su salud.
La apicultura, a pesar que las autoridades públicas repiten señalando que tiene prioridad lo cierto es que sigue siendo una actividad complementaria a las actividades principales que desarrolla el productor agrario; tan cierto es la desatención que no sigue mereciendo preocupación por ningún programa público, por ejemplo: financiamiento, capacitación y controles de calidad. Con base a la información del sondeo realizado por la CONAPI se tiene que los apicultores en su mayoría son pequeños apicultores, quienes en promedio poseen un número de 33 colmenas, variando entre 20 a 55 colmenas.
La información también permite tener una estratificación de los apicultores de acuerdo al número de colmenas que conduce así se puede concluir que el 17,4 % de apicultores tienen hasta 20 colmenas; el 18 % entre 21 a 30 colmenas y un 64,6 % son apicultores, con un número de colmenas que va desde 31 a 55, confirmándose que la CONAPI es el gremio que representa al pequeño apicultor.
En suma y de manera específica, las acciones demandadas por el 70 % de los apicultores están en la necesidad de dictar las necesarias normas regulatorias en materia del uso y comercialización de los plaguicidas como el más relevante; para el 65 % es importante programas orientados a mejorar los índices de productividad, competividad y su integración a los mercados (revisión de normas técnicas de la miel de abeja y sancionar las prácticas de adulteración en su comercio y promover sellos de certificación de la miel de abeja); también, para el 65 % consideran la necesidad de un censo apícola (o por lo menos una encuesta) y, finalmente, para el 35 % demandan la urgencia por una revisión de la ley apícola y acciones para proteger los bosques y las fuentes de agua, sancionando la deforestación y la contaminación de las aguas.
Es una parte importante del proceso apícola y según su grado de articulación a los mercados y el nivel de formalización de los apicultores (individuales o asociados) marcará el resultado final en términos de ingresos y rentabilidad para los apicultores. Actualmente, la comercialización de la miel se caracteriza por su poca transparencia, con signos de ilegalidad y adulteración de los productos apícola, en perjuicio directo a los consumidores finales de los mercados internos. Las razones para esta realidad son diversas, como, por ejemplo: la ausencia de sellos de garantía, los obsoletos estándares de las normas técnicas de la miel, la informalidad en su comercialización y distribución, el propio desinterés de los apicultores por fortalecer sus asociaciones y no participar empresarialmente en su actividad y la permeabilidad de las autoridades públicas encargadas del comercio (ministerios y municipalidades), entre las más importantes.
Con la finalidad de
conocer algo acerca de las características y condiciones del comercio de la
miel de abeja se tiene que el 91 % de los apicultores, venden su producto a
intermediarios y comerciantes y el 9 % restante son comercializados
directamente por los apicultores. Esta característica señala la existencia de
una alta dependencia apicultor – intermediario, que en la mayoría de las veces
impacta negativamente en los ingresos y rentabilidad del negocio apícola como
también da lugar para la práctica de adulteración de los productos apícolas
(miel de abeja). También señala que alrededor del 90 % los apicultores
comercializar su miel a granel en recipientes desde 1 hasta 50 kilos a más.
1 Las entidades públicas encargadas del cumplimiento de las normas y exigencias en la comercialización de la miel de abeja son SENASA-MIDAGRI, DIGESA-MINSA, INDECOPI y Gobiernos Locales.
