(EL ECONOMISTA 05 / 04 / 2021) Por Atilio Molteni .- El 24 de marzo, el jefe de la Casa Rosada decidió alejarse de su imaginaria alma gemela, puesto que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el actual inquilino del Palacio Nacional, sigue sin ver contrasentido entre compartir la mesa de otros quince Jefes de Estado y de gobierno que adhieren al Grupo de Lima, creado con la finalidad de apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y, al mismo tiempo, integrar el Grupo Puebla, en donde se reúne una camada de líderes en retiro que en sus momento encabezaron “democracias de izquierda, bastante menos deliberativas”.
El primero de esos foros se estableció en agosto de 2017 y, tras la deserción argentina, aún retiene la membrecía de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Saint Lucia, Belice, Haití y la presencia de Juan Guaidó, el Presidente del Congreso de Venezuela que surgió de elección popular.
El Palacio San Martín justificó la medida ante la falta de resultados concretos de las acciones del antedicho grupo hemisférico. Tal diagnóstico proviene de un miembro, que no aprobó ninguna de las decisiones adoptadas en su seno desde que Alberto Fernández asumió la presidencia del país.
Según prominentes comentaristas, la deserción argentina contraviene la política de defensa de los derechos humanos que alienta el mismo Gobierno, pues el régimen venezolano enfrenta miles de denuncias que lo pintan como autor responsable de crímenes y torturas de lesa humanidad. Su caso es el de uno de los países que dilapidó su elevada prosperidad comparativa para sumergirse en una nefasta crisis financiera, económica, social y humanitaria que, por lejos, es la más grave de la región.
A ello suma innegables signos de corrupción, hiperinflación, inseguridad, enormes carencias alimentarias y medicinales (incrementadas por el coronavirus), todos insumos de un Estado fallido.
Después de ganar las elecciones de 1998, Hugo Chávez utilizó los ingresos petroleros (de indudable influencia sobre el nivel del PIB y las exportaciones) para financiar políticas domésticas e internacionales destinadas a propagar la Revolución Bolivariana en desmedro de la que hasta entonces había sido una razonable administración, generando una violenta caída de la producción energética.
Tras la caída de los precios internacionales de los “commodities” agrícolas y energéticos, la industria petrolera venezolana se redujo a una sombra de lo que fue. En la actualidad la empresa estatal Pdvsa sólo produce 329.000 bpd, contra los más 3,2 millones que generaba con anterioridad. La nueva oferta sólo permite resolver parte del consumo interno y ciertos compromisos con gobiernos acreedores, como Rusia y China. Ninguno de los beneficiarios de petróleo barato de América Latina sigue gozando de esa cooperación.
En 2013, Nicolás Maduro reemplazó al expresidente Hugo Chávez. Bajo su mandato la economía se contrajo 80%, el 96% de los venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza, más de cinco millones de sus nacionales se refugiaron en terceros países, especialmente en el Caribe y América del Sur, lo que incluye la masiva llegada a Argentina.
El actual mandatario sólo cuenta con el respaldo de los estamentos militares que se benefician del régimen y de sus nexos con el narco negocio y otras transacciones ilícitas (como la extracción y el contrabando de oro). A esta altura Venezuela sólo subsiste en virtud del apoyo de China, Cuba, Rusia, Irán y otros Estados de parecido enfoque.
Desde el 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional consiguió designar al mencionado Juan Guaidó como Presidente Encargado del Gobierno con el mandato de convocar a elecciones legítimas. Ese encuadre surge de una iniciativa multitudinaria de sectores sociales y políticos que reconocieron a esa institución (elegida por el período 2015-2020), como la única del país avalada por legitimidad democrática.
Tal decisión ilegalizó de facto la presencia de Maduro al frente del Gobierno venezolano, quien se amparó en las fraudulentas elecciones de mayo de 2018 para reclamar un segundo mandato presidencial.
El origen de Guaidó hizo posible dar vida a un amplio reconocimiento internacional como el que le dispensaron el Grupo de Lima, Estados Unidos y ciertos Estados de la Unión Europea (UE). Pero el poder de esa asamblea es simbólico y sólo refleja el saldo de una lucha interna.
El segundo acontecimiento significativo se concretó el 6 de diciembre de 2020. Fue cuando mediante elecciones ilegítimas Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), logró el control de la mencionada Asamblea con el respaldo de la fuerza militar, policial y de los denominados “colectivos”, quienes son irregulares armados. Todos ellos y el control de Estado son parte del fenomenal aparato represivo.
Tales hechos fueron constatados por la “Misión Internacional Independiente” organizada por la resolución 45-20 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documentó cientos de ejecuciones y otras violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad contra quienes intentaron desafiar al régimen.
En adición a ello, un documento del Departamento de Estado acerca de “las prácticas referentes a los Derechos Humanos”, distribuido el 30 de marzo de 2021, contiene un análisis más detallado de las referidas conductas ilícitas.
En esas elecciones parlamentarias sólo votó menos del 30% del electorado. Para colmo, el gobierno había apelado a la manipulación de los alimentos como arma, pues el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y otros jerarcas del régimen afirmaron que no habría comida para quienes se abstuvieran de participar. En tal escenario capotó una pacífica negociación interna.
Por otro lado, la oposición a Maduro hoy atraviesa su peor momento, dividida entre el partido de Guaidó “Primero Justicia”, un grupo que participó en la elección e integra el Parlamento como una fuerza minoritaria, y Henrique Capriles, dirigente político que sostiene la necesidad de un cambio en la estrategia y en el liderazgo de la oposición, alegando el fracaso del abstencionismo. Algunos observadores destacan que Guaidó conserva su apoyo internacional, pero sus seguidores internos están mayormente desencantados de su gestión.
Dar vuelta el proceso exigirá importantes y complejas decisiones. Nadie considera lógico suponer una incruenta salida de Maduro, ni del complejo y corrupto régimen político, por exclusiva decisión de los venezolanos. Todos saben que la democracia pura no servirá para barrer las estructuras de poder y corrupción creada por Chávez y Maduro. Cualquier fórmula demandará un acuerdo nacional, apoyado por acciones diplomáticas y elevadas presiones internacionales. Ese diagnóstico explica, por sí mismo, el porqué de los mecanismos como el Grupo de Lima.
Por otra parte, la eventual tarea de reconstrucción, que incluye la necesidad de volver a montar la producción petrolera, exigirá fondos, paciencia y eficaz conducción. El aporte de la comunidad internacional no llegará sin garantías provistas por un gobierno con capacidad de reparar el desastre económico y humanitario.
En su momento, el expresidente Donald Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Al llegar a la Casa Blanca, Joe Biden se encontró con las sanciones a funcionarios venezolanos y contra el sector financiero del país en crisis.
Los analistas saben que las sanciones no fueron efectivas y sólo sirvieron para que Caracas responsabilizara al mundo exterior por el colapso de sus finanzas.
Los nuevos mandos de Washington estudian un diseño más flexible, donde las sanciones estarían dirigidas a obtener concesiones concretas del régimen y evitar el surgimiento de daños colaterales de carácter humanitario.
El Secretario de Estado, Antony Blinken, se pronunció en favor de un orden internacional liberal, adaptado a las nuevas realidades y desafíos, donde la promoción de los derechos humanos y las críticas a los gobiernos dictatoriales o corruptos como el de Maduro, sean un componente significativo. Asimismo, la administración Biden en América Latina enfatiza la necesidad de reordenar los problemas derivados de los regímenes políticos de naciones de América Central, Cuba, Venezuela y otras de perfil similar.
En ese contexto, el objetivo es que la transición democrática en Venezuela se haga mediante elecciones libres presidenciales y parlamentarias. Biden sabe que Maduro es un dictador, razón por la que se propone lograr un compromiso para buscar un acuerdo político sin negociar directamente con Caracas.
La futura etapa se caracterizaría por una acción de Washington surgida de un enfoque multilateral, en consulta con otros gobiernos, en la que graviten los mandos europeos, que ya se interesaron en regularizar la situación de Venezuela (Noruega es un ejemplo de ello). En esa geometría, el Grupo de Lima representa gran parte de la opinión latinoamericana.
El enfoque contemplaría no sólo las situaciones humanitarias, sino también la nueva correlación de fuerzas internas. Ninguno de los actores cree que es una gran idea seguir el idioma de las amenazas.
Entre los entuertos a resolver se halla la necesidad de lograr que Rusia y China dejen de apoyar a Maduro.
Moscú ha sido, sin duda, un aliado central del régimen chavista y se pronunció reiteradamente en su defensa en foros tan significativos como el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, Rusia devino en el primer proveedor de armamentos, de significativas inversiones y de préstamos al gobierno y a Pdvsa.
Ello indica que, por el momento, será difícil esperar un “reset” de las relaciones con Washington. En cambio, Biden ya demostró su interés de trabajar con sus aliados de la OTAN para contener a Rusia en el teatro europeo, por lo que no sería extraño que Putin tome nota y modifique gradualmente sus objetivos y prioridades.
China siguió una ruta similar. Invirtió en Venezuela y en otros países latinoamericanos para resolver sus necesidades energéticas (aunque redujo en 50% su exposición financiera de US$ 60.000 millones), motivo por el que tiende a favorecer la existencia de proyectos en la región que le otorguen más seguridades y beneficios económicos.
Además, las prioridades de Beijing se dirigen a la región Asia-Pacífico, al desarrollo de los proyectos de la “Franja y la Ruta” y a su economía interna, pues su estabilidad política depende de su estabilidad económica.
Pero Venezuela es también parte del tironeo del presidente Biden, quien considera a China como el competidor más serio de su país y al régimen de Xi Jinping como una severa amenaza al orden global.
Este complejo rompecabezas sugiere que la situación de Venezuela debe ser vista desde una perspectiva geopolítica, donde importan más los objetivos que las ideologías. En América Latina en cambio, los alineamientos a favor o en contra de la democracia todavía importan, e importan mucho.
