¿Fracasó el modelo económico?  ¿Fracasó el Estado? La crisis del modelo de desarrollo en Chile, Perú, Colombia y América Latina.

Por Yuri Ivan Zúñiga Castro

Presidente del Grupo Anticorrupción del Perú

Graves grietas de crisis social y política, generan descontento y rechazo a la clase política y sus partidos políticos, con protestas masivas desatadas tras una subida de los productos de consumo masivo, de servicios públicos abren una caja de pandora. La raíz del estallido y el fracaso del modelo neoliberal. La subida del impuesto en la reforma Tributaria en Colombia, 2019 la subida del Metro en Chile. Violencia policial, muertos y heridos.

Escribir estas líneas en un clima enrarecido por la falta de respuestas a tono con la profunda crisis de las instituciones del país, con los derechos humanos atropellados, mientras continúan las llamas, los saqueos, y —sobre todo— la incertidumbre, es un ejercicio difícil.

Pero en el intento de encontrar las hebras que ayuden a comprender lo que ha ocurrido —y sigue ocurriendo— aparece el grave deterioro de la educación pública y las continuas protestas de los estudiantes y profesores que lo venían señalando desde hace años; las deudas acumuladas por los créditos y las que se multiplican por los incentivos al consumo de cualquier cosa; las paupérrimas pensiones que entregan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los que prometieron hace casi cuarenta años jubilaciones fabulosas; los innumerables y agotadores problemas de la salud pública, incluyendo los elevados precios de los medicamentos y en plena Pandemia, y los de las Instituciones de Salud Previsional ; la falta de viviendas dignas y las ciudades segregadas.

Todo eso es parte del conjunto de duras secuelas de esas políticas económicas impuestas en dictadura o en Democracia de los Monopolios, que se mantuvieron en las décadas siguientes y a las que nos acostumbraron a aceptar como la manera de lograr el crecimiento y la «estabilidad democrática».

Sin embargo, la desigualdad y la estratificación social, así como el individualismo y el abuso en sus diferentes formas, fueron emergiendo dentro del poco feliz legado del «modelo» que por aquel entonces llamaban «de economía de mercado» y al que hoy se define como neoliberal. Si se analiza el asunto más en profundidad, habrá que admitir que también la delincuencia y el narcotráfico en América Latina, que llega de México y Colombia —en aumento en los últimos años— se relacionan con las consecuencias de ese estado de cosas generado por el trasfondo de injusticia social y falta de oportunidades de miles de jóvenes.

Libros, informes y cifras estaban dando señales de alerta que no fueron escuchadas. La más comentada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su publicación Desiguales, editada en 2017, ratificó que el 33% del ingreso que genera la economía, lo capta el 1% de la población. Y, a su vez, casi el 20% se lo lleva el 0,1% más rico. Otro récord ingrato que se suma a los de alcoholismo, drogadicción, suicidios y enfermedades mentales del país, males en toda América Latina.

El modelo surgió de las recetas consignadas en el denominado Consenso de Washington las diez recetas o recomendaciones para corregir los efectos del modelo anterior, colocando al estado al frente del desarrollo con intervenciones masivas y para algunos en un gasto fiscal desmedido y abultados déficits fiscales e inflaciones galopantes a criterio de Eugenio D°Medina Lora.

  El modelo busco corregir empezado por reducir los déficits fiscales. Es decir el gasto público, ajustes duros y ¿“gastar menos”? U modelo de acumulación de capital basado en la prudencia en el gasto y la liberación económica interna y externa.

    La gestión de los recursos desde el Estado mantiene la burocracia, sueldos dorados, clientelismo, populismo y corrupción.

Como recordaba el economista doctorado en Chicago Ricardo Ffrench-Davis, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, en una reciente entrevista en La Segunda, «Chile empezó a aplicar el modelo neoliberal casi 20 años antes de que recibiera su nombre actual». Y agregaba: «Fue pionero y lo aplicó brutalmente amparado en el miedo que existía en la dictadura». También comentó algo muy escuchado en esos años 70 y 80, cuando de la mano de Sergio de Castro y de Miguel Kast los Chicago Boys avanzaban: esta fórmula fue más extrema que la de Ronald Reagan en Estados Unidos y la de Margaret Thatcher, la dama de hierro, en Inglaterra.

«La nuestra fue una reforma brutal que liquidó muchas industrias, pymes y empleos. Pinochet no solo terminó con vidas, también creó desigualdad, estructuras desiguales que constituyen un lastre hasta hoy», concluyó Ffrench-Davis.

Los autores de ese «modelo» completaron el saqueo al Estado de Chile y de Peru con la privatización de las grandes empresas públicas que tomó fuerza a partir de 1985 en Chile y en 1992 en el Peru,  después de que Hernán Büchi Buc, quien antes había desempeñado estratégicos roles en el gobierno de Chile, asumió como ministro de Hacienda, en febrero de ese año. Ya el descontento se había manifestado a partir de las protestas nacionales de 1983 y por esa época aparecían señales de que la dictadura podía terminar algún día. El traspaso de las enormes riquezas del país se les hacía necesario para que funcionara la economía y para dejar asegurado el futuro de los grupos que los sostendrían y se beneficiarían con él.

El Rol del Estado y la privatización en el Perú

El proceso de privatización de las empresas públicas en el Perú que tuvo lugar durante la década de los noventa, (91 y 92) con el fin de describir las características del proceso y determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos que justificaron su ejecución. Los resultados pretenden proporcionar algunos elementos de juicio que permitan enriquecer el debate sobre el relanzamiento del proceso de privatizaciones, después que éste perdiera dinamismo a partir de 1997.

Análisis sobre el surgimiento y expansión de las empresas públicas en el Perú, así como de los factores que determinaron su crisis y necesidad de reestructurarlas. Se presentan, asimismo, algunos intentos de privatización en el país antes de la década de los noventa.

Los fundamentos que sustentan la opción privatizadora, los objetivos que se pretenden, y las características del marco legal e institucional creado para transferir las empresas públicas al sector privado.

Con el fin de sistematizar la evolución del proceso de privatizaciones en la economía peruana desde inicios de la década de los noventa, El objetivo un saneamiento financiero así como de reingeniería de las empresas públicas durante 1990-91; una intensiva que comprende el período 1992-1996, la más dinámica y en la que se efectuaron las más importantes transacciones; una tercera, que cubre el período 1997-2001, caracterizada por una significativa reducción en el ritmo de las privatizaciones a pesar de la instrumentación de normas legales destinadas a acelerarlas a través del mecanismo de concesiones. El estado de situación de las circunstancias, características y ejes centrales del debate que presenta el proceso de privatización que impulsa actualmente el gobierno peruano.

La caracterización general de dicho proceso y se intenta un balance de los logros y limitaciones de las privatizaciones realizadas en los principales sectores de la economía.

La obra del Estado,  fue privatizada en el Perú (LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES EN EL PERÚ 1991-2000)

En 1968 existían en el Perú entre 18 y 40 empresas estatales cuyas actividades representaban entre el 1% y 6% del PBI. El 8% del patrimonio empresarial manufacturero era de propiedad del estado, así como el 1% del patrimonio empresarial del sector minero. En los siguientes siete años, las empresas estatales crecieron significativamente en razón de que el gobierno revolucionario del General Juan Velasco Alvarado les asignó un rol fundamental en la estrategia de desarrollo, llegando a conformarse 174 empresas estatales en 1977.

Como consecuencia del intenso proceso de crecimiento de la Actividad Empresarial del Estado (AEE), las empresas estatales tuvieron una gravitación macroeconómica significativa. De acuerdo a la información de la Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) en 1991 existían 186 empresas estatales, de ellas 135 no financieras y el resto ligado al sistema financiero, cuyas actividades generaban alrededor del 20% del PBI.

1. Los procesos de privatización en las empresas de servicios públicos más importantes los resultados económicos y posterior crecimiento y desarrollo corresponde a telecomunicaciones (CPT/ENTEL/PERÚ) ahora Telefónica del Perú, seguido de energía (Distribución de electricidad) en la actualidad EDELNOR Empresa de Distribución Eléctrica Lima-Norte y LUZ DEL SUR Empresa de Distribución, Eléctrica Lima-Sur. El proceso mis catastrófico fue la privatización de la Empresa de Transporte Aéreo del Perú S.A. AEROPERÚ, ya que en menos de seis años los accionistas mayoritarios han optado por la liquidación de la empresa desechando cualquier alternativa de reflotamiento y reestructuración propuesto por empresarios nacionales e internacionales.

2. Los resultados económicos en los sectores de telecomunicaciones y energía, han beneficiado enormemente a las empresas, perjudicando a los usuarios que han sufrido el deterioro sistemático y permanente de su capacidad adquisitiva como consecuencia de un crecimiento continuo del nivel de precios de dichos servicios.

3. El gobierno por intermedio de los organismos supervisores OSIPTEL, OSINERG Y OSITRAN deberá ejercer una labor en defensa de los usuarios por ser ellos los más débiles en la protección de sus intereses.

4. El colapso económico y financiero de AEROPERÚ nos demuestra en forma categórica los resultados nada satisfactorios del proceso de privatización de las empresas de servicios públicos.

5. Los precios de los servicios públicos privatizados se encuentran muy por encima de las capacidades reales de los usuarios, que en los últimos diez años han perdido en forma significativa su capacidad adquisitiva.

Proceso de privatización de las empresas de servicios públicos Entre las principales empresas de servicios públicos que han sido privatizados, se encuentran las de telecomunicaciones CPT/ENTEL PERÚ ahora Telefónica del Perú, electricidad -Distribución de electricidad- ahora LUZ DEL SUR y EDELNOR y transportes -Empresa de Transporte Aéreo del Perú S.A.- AEROPERÚ y la Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú ENATRU PERÚ S.A. En conjunto las transacciones al año de 1998, por US$ 5.101 millones de dólares americanos representan el 61% del total del proceso que asciende a US$ 8.385 millones de dólares americanos, e inversiones proyectadas de US$ 1.980,4 millones de dólares americanos que representan el 29% del total comprometido por US$ 6.830,7 millones de dólares americanos.

Nacionalizó la Banca Nacional desde el inicio de su gobierno, cuando el 31 de diciembre de 1968 se dio el decreto ley 17330 disponiendo que el 75% del accionariado debía estar en manos de peruanos.

Nacionalizó los recursos mineros del país: expropió los yacimientos petrolíferos de Talara (de la IPC), así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining. Surgieron diversas empresas estatales: PETROPERÚ (Petróleos del Perú), CENTROMIN PERÚ (encargada de la actividad minera metalúrgica de la zona central del Perú), HIERRO PERÚ (para Marcona) y SIDER PERÚ (para la siderúrgica de Chimbote).

Por decreto ley 17716 dada el 29 de junio de 1969, se dispuso una reforma agraria en todo el país con el objetivo de poner fin a la oligarquía terrateniente. Afectó a los latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS), sin estar debidamente capacitadas para administrarlas. Ello condujo al colapso de la industria azucarera, hasta entonces uno de los pilares de la economía peruana.[cita requerida]

Estatizó la industria pesquera y creó el Ministerio de Pesquería. La pesquería se orientó hacia el consumo humano. Con ello se mejoró la alimentación de la población, puesto que por ejemplo el pescado de mar que nunca había llegado fresco a los andes peruanos, llegaba ahora en carros refrigerados de la empresa pesquera estatal. Pero de otro lado, se inició el colapso de la industria pesquera (harina y aceite de pescado), hasta entonces la primera del planeta.[cita requerida]

Para distribuir los alimentos producidos por las cooperativas agrarias creadas por la revolución, se creó el Ministerio de Alimentación, que gestionó convenios para importar alimentos para el país.

La reforma del sector industrial se hizo por medio de la Ley General de Industrias, que creó la Comunidad Industrial. Esta involucraba a todos los trabajadores de una empresa, los cuales en teoría debían participar en las utilidades, en la gestión y la administración de la misma.

las privatizaciones que realizó la administración Fujimori no fueron liberales, sino, de capitalismo clientelista porque privatizó empresas con monopolios legales, como el caso de la venta de la Compañía Peruana de Teléfonos a la española Telefónica porque, en lugar de optar por la difusión masiva del capital (propiedad) a través de un accionariado difundido a los trabajadores, o a los ciudadanos, se prefirió vender las empresas estatales con un propósito únicamente fiscal de conseguir los mejores precios por sus acciones.

El Rol del Estado y la privatización en Chile

Impuso un control directo del Estado sobre las telecomunicaciones. La Compañía Peruana de Teléfonos fue expropiada y el Estado asumió una participación mayoritaria en la Radio y la Televisión, inicialmente en un 51% del accionarado; posteriormente abarcó el 100%.

En Chile cayeron la Línea Área Nacional (LAN), la Compañía de Teléfonos, la Industria Azucarera Nacional (Iansa), las generadoras y distribuidoras de electricidad, entre las que estaban Endesa —que además era titular de derechos de agua a través de todo el territorio— y Chilectra. Entre otras, sucumbió también la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich,) hoy conocida por su sigla SQM, que fue a parar a manos del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, quien está desde hace unos años en el ranking de los grandes ricos del país, según la revista Forbes. Sus hijos, es decir, los nietos de Pinochet, acumulan fortunas en paraísos fiscales, mientras el litio y el potasio producido por Soquimich se encuentran en sus manos y en las de inversionistas chinos.

“El inmenso saqueo de las riquezas básicas y de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país” En Chile y Peru.

Ese inmenso saqueo de las riquezas básicas y de la energía, que luego continuó en los años 90 ya en transición a la democracia con las aguas y los puertos, dejó al país prácticamente sin industrias y a su gente sin sentido de comunidad ni de país, dedicada a trabajar más en los servicios y las finanzas, a competir y endeudarse. para favorecer a una pequeña minoría que se adueñó de lo que debiera ser de todos.

Con esos instrumentos lograron debilitar el Estado al que le quitaron su rol en la producción —— y suministrador de servicios públicos básicos, y le dejaron sin posibilidad de ejercer su papel regulador, mientras la concentración se hacía cada vez más presente.

El modelo chileno, peruano y colombiano, fundamentado en el neoliberalismo, ha entrado en crisis. Las élites no han tenido la visión de adecuarse a la crisis de su hegemonía y la ciudadanía se manifiesta en su contra sin lograr constituir una alternativa.

Desde el fin de la dictadura, Chile ha sido un país admirado por su estabilidad, el orden, el crecimiento económico y el funcionamiento de sus instituciones. Las calificadoras de riesgo alababan el modelo chileno, los empresarios adulaban a los presidentes de la Concertación por la Democracia, la tecnocracia era solicitada a raudales para asesorar empresas y estados nacionales. La «imagen país» era sobresaliente en el circuito globalizado de las élites internacionales.

Desde hace al menos un quinquenio, la percepción parece haber cambiado. Algunos intelectuales y políticos, que pretenden lógicamente evitar la «depresión» generalizada, extreman los ejemplos y señalan que la crisis de crecimiento es mundial y que países como Brasil o Azerbaiyán poseen peores indicadores que Chile, además de señalar que la crisis política no es aguda como Siria o Irak, ni que la delincuencia está tan descontrolada como en México u Honduras. Recientemente el ex presidente chileno Ricardo Lagos afirmó que «El año pasado (…) estábamos frente a una crisis política, pero no institucional. Las instituciones estaban funcionando, los fiscales acusando, los jueces fallando, el Parlamento funcionando… En consecuencia, la crisis era política, no institucional (…) la crisis ahora es institucional. No porque las instituciones hayan dejado de funcionar. Lo que pasa es que están perdiendo legitimidad. Y esto tiene que ver con la reacción de la ciudadanía ante la institución presidencial, ante el Parlamento, ante los jueces… Y no hablemos de los partidos políticos.» Un fenómeno similar en Perú y Colombia.

La ciudadanía se ha manifestado de espaldas a los partidos políticos tanto a la derecha como a la izquierda del espectro. Observamos una fuerte componente juvenil que utiliza las redes sociales para organizar, coordinar y difundir acciones de resistencia en las calles de muchas ciudades del país. En el Perú, Chile, Colombia y América Latina.

Siempre habrá el fracaso tras una burocracia con sueldos dorados, clientelismo, populismo y corrupción.

No puede ser Democracia lo que enriquece a uso cuantos y empobrece a la mayoría.

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