- Keiko Fujimori ha pedido la nulidad de 200.000 votos electorales. El fiscal anticorrupción ha solicitado su prisión preventiva inmediata.
(NUS 11 / 06 / 2021) El recuento de las elecciones presidenciales de Perú llegó a su recta final entre procesos legales, revisiones de actas y tensiones callejeras, con Pedro Castillo como el candidato más votado y con Keiko Fujimori poco dispuesta a asumir, sin pelear, su virtual derrota.
Con el 99,421 de las actas contabilizadas y el total procesadas, Castillo lidera la votación con un 50,1 por ciento, con una ventaja de 68.473 votos, mientras Fujimori perderá con un 49,8 por ciento, según recoge el portal de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.
Entre las actas que restan contabilizar están 608 enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar votos impugnados, errores de ilegibilidad y otras incidencias, que deberían ser desproporcionadamente favorables a Fujimori para cambiar el resultado.
Ante este escenario, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha pedido la nulidad de 802 actas, que representan más de 200.000 votos, por presuntas irregularidades y un supuesto intento de ‘fraude en mesa’ atribuido al partido de Castillo, Perú Libre.
Prisión preventiva para Fujimori
Fujimori solicitó la nulidad a los órganos electorales en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el excongresista y colaborador en su campaña Miguel Torres, que también está incluido como ella en la acusación por lavado de activos y organización criminal presentada por la Fiscalía contra la candidata y la cúpula de Fuerza Popular.
La presencia de Torres en esa rueda de prensa, realizada el miércoles, dio pie al fiscal del caso, José Domingo Pérez, para solicitar nuevamente la detención preventiva de Fujimori por incumplir las condiciones impuestas por la justicia cuando fue excarcelada el año pasado, como es mantener contacto con un testigo.
Fujimori calificó de «absurda» la solicitud del fiscal, al explicar que Torres está participando junto a ella en la campaña desde junio del año pasado y ahora asesora al partido en el pedido de nulidad de 802 actas de votación. La conservadora afronta una petición de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales en 2011 y 2016 por parte de Odebrecht y empresas peruanas, un juicio que eludiría de resultar electa.
