En las últimas semanas, el presidente ha sido cuestionado por las licitaciones que lograron empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh, con quienes el mandatario se reunió.
(EL COMERCIO 04 / 01 / 2022) La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República Pedro Castillo, confirmaron fuentes de El Comercio. En las últimas semanas, el mandatario ha estado envuelto en una serie de cuestionamientos por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a la lobbista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, tras sus reuniones con el mandatario.
La investigación fiscal a Castillo se inició semanas después de conocerse sus reuniones con la lobbista Karelim López, vinculada al consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra Puente Tarata, y al empresario Samir Abudayeh, cuya empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel.
Según Canal RPP y Canal N, las pesquisas del Ministerio Público contra el presidente son por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las licitaciones otorgadas por Provías Descentralizado y Petroperú.
El 18 de diciembre del año pasado, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López.
Según la denuncia de la Procuraduría, las reuniones entre Karelim López y el presidente Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro.
En tanto, el 1 de diciembre, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició de oficio una investigación preliminar contra Karelim López y Bruno Pacheco por el caso Provías. Las pesquisas son por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Antes de conocerse la decisión de la fiscalía de la Nación, Castillo Terrones afirmó, en la ceremonia de inicio del año judicial, que su gobierno respetará la autonomía del sistema de justicia. Exhortó a los jueces a “no sucumbir ante presiones y chantajes”.
