A través de un pronunciamiento, los fiscales expresaron su preocupación por el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso. En tanto, respaldaron la labor que desarrolla el fiscal superior Rafael Vela Barba como Coordinador del Equipo.

(PERÚ21 01 / 03 / 2022) Los fiscales que integran el Equipo Especial del Caso Lava Jato expresaron su preocupación por el proyecto aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso que reforma el proceso especial de colaboración eficaz.

A través de un pronunciamiento, señalaron que dicha reforma “afectará gravemente” la averiguación de la verdad en los casos de gran corrupción y lavado de activos en organizaciones criminales.

“Invocamos mesura en relación a las manifestaciones públicas de los representantes del Ministerio Público, que pretendan desacreditar al proceso de colaboración eficaz, que sirve como una herramienta de lucha contra la gran criminalidad organizada”, indicaron.

Del mismo modo, rechazaron cualquier vinculación del Equipo Especial en el proceso de colaboración eficaz que se sigue en el subsistema de lavado de activos, y cualquier acción que comprometa la institucionalidad del Ministerio Público.

“Somos conscientes que como fiscales estamos sometidos al escrutinio de nuestros actos”, enfatizaron en el documento.

“Respaldamos la labor que desarrolla el fiscal superior Rafael Vela Barba como Coordinador de nuestro Equipo, y somos testigos de su respeto a la legalidad, autonomía fiscal y compromiso por la averiguación de la verdad”, sentenciaron.

El pronunciamiento está firmado por los fiscales provinciales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Norma Geovana Mori Gómez, Walter Villanueva Luicho, Carol Rosa Cuba Peralta, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, María Milagros Salazar Paiva y Ángela E. Zuloaga Bayes.

En enero de este año, la Comisión de Justicia encabezada por la exfiscal Gladys Echaíz plantea hacer cambios en el código penal y procesal penal, de tal manera que se establezca que los procesos de colaboración eficaz deberán realizarse en un plazo de ocho meses desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo o su denegación; y podrán prorrogarse hasta por cuatro meses más por causa justificada y ocho meses más en casos de crimen organizado.

También dispone que el aspirante a colaborador eficaz solo pueda reunirse con el fiscal a cargo del caso en presencia de su abogado.

El proyecto también establece reprimir con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis a quien “indebidamente revele, proporcione o difunde, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso”.

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