Presidente del Grupo Anticorrupción del Perú
Anulan fallo de la Corte Suprema del año 2018. Con un Habeas Corpus presentado el 2020.
Magistrados del TC Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, con su voto dirimente, liberaron al condenado ex mandatario con total celeridad, aprovechando la muerte del tribuno Carlos Ramos, ni mencionaron las irregularidades cometidas por el indulto presidencial de PPK que la Corte Suprema detecto 2017.
Quedando todo en manos de la Corte Interamericana de derechos humanos CIDH, deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta esperan medidas previsionales. Para que Fujimori no goce de impunidad
Un caso en defensa del Estado ante la comunidad internacional, el antecedente lo que ocurrió con el caso de José Enrique Crousillat, el gobierno no puede ser cómplice debe evaluar Indulto. La Resolución Suprema de indulto se anula con otra RS y solo la emite un presidente. Lo que a hecho el TC es defender a un asesino y corrupto que no ha pagado sus reparaciones civiles, la decisión del TC no es válida va en contra de las decisiones de la CIDH y será revertida por la Corte Interamericana de derechos humanos.
Vivimos una crisis sistémica que requiere salidas de fondo, pero que hoy demanda cautelar los derechos de las víctimas, la apelación a las instancias internacionales llegará a la CIDH.
En el Perú existen más de 100 condenados con más de 80 años que no pueden acceder a los privilegios y cárcel dorada de Alberto Fujimori, no se puede avalar impunidad y debe cumplirse la reparación civil , las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta fueron supervisadas por la Corte Interamericana de derechos humanos.
El indulto presidencial de PPK legalmente se castiga por ser delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio, delitos cometidos por Kenji Fujimori y ex ministros de Justicia, en un escenario de corrupción e impunidad con cuatro investigados por el Ministerio público.
El indulto no aplica a violaciones de derechos humanos ni a crímenes de lesa humanidad. No se combate la corrupción liberando al jefe de la organización criminal que levantó en peso los dineros del estado.
El tribunal constitucional sienta un inaceptable y peligroso precedente al restituir un indulto ilegal y negociado otorgado por PPK. Fujimori debe cumplir su sentencia en prisión. Su liberación es inaceptable, es ilegal, se debe respetar el estado de derecho.
El TC atropella la memoria y derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los noventa.
El 9 de abril del 2009 la Sala penal especial impuso una condena de 25 años de prisión a Fujimori como autor mediato de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado con trato cruel, por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Los Fiscales que tuvieron la responsabilidad de acusar al condenado Fujimori son José Perales Bardales y Avelino Guillén con argumentos jurídicos razonables, contundentes y suficientes para que el Tribunal emitiera una sentencia favorable a la causa de los derechos humanos y la justicia. Son 25 asesinatos y dos secuestros perpetrados entre 1991 y 1992 bajo las órdenes ejecutadas por el destacamento Colina, desde el SIN de Montesinos el más influyente asesor presidencial durante 10 años que operó el esquema de represión y corrupción.
Familiares de víctimas expresaron su dolor (profundas heridas) e indignación (preocupación por naturaleza Política) por fallo del TC, por los crímenes de lesa humanidad.
La voz de protesta reclama justicia en las calles del Perú que rechaza la injusticia e impunidad de un fallo Político del TC. Fujimori es culpable de crímenes de lesa humanidad.
Fujimori consigue libertad ayudado por un TC capturado por su organización política.
El TC, violando el mandato del CIDH, a revocado la sentencia que anuló el indulto a Fujimori. Indulto ilegal por la prebenda de su origen, PPK lo usó como pago al hijo del dictador, como por la violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que lo prohíben en casos de lesa humanidad.
En las calles no existe un Antifujimorismo militante, existe una voz de Justicia que reclama una política Anticorrupción efectiva, sin Comisiones o Oficinas Anticorrupción que no sancionan nada, reclaman una Superintendencia Nacional Anticorrupción, para sancionar los actos de corrupción de los funcionarios públicos.
