(PORTADA HISPANA 31 / 03 / 2022) La excarcelación de Alberto Fujimori podría dar marcha atrás después de que ayer miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera al Estado peruano dejar sin efecto el reciente fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori.

Como se sabe, las sentencias de la CIDH tienen carácter supranacional y vinculante para el Perú y todos los países suscritos al Pacto de San José de Costa Rica, es decir, el Poder Judicial se encuentra en la obligación de acatar sus fallos, por lo que el indulto a Alberto Fujimori restituido por el TC puede quedar anulado. Ahora se espera un pronunciamiento de las autoridades del Poder Judicial.

“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, señaló la CIDH en un comunicado.

Al respecto, César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori afirmó que con este comunicado la CIDH es una señal de un sesgo ideológico. “Es una señal de un sesgo ideológico salvo que no tengan la información completa. No veo una forma jurídica que Alberto Fujimori, en las actuales condiciones, genera un gran peligro de irse del país”, afirmó el abogado de Fujimori.

Hace unos días el TC decidió restituir el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori por el ex presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017 por causa de enfermedad, sin embargo esta orden fue anulada por el Poder Judicial.

El pasado lunes 28 el TC hizo oficial la sentencia que ordena la liberación inmediata de Alberto Fujimori, quien cumple con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, pero que aún tiene que afrontar un nuevo juicio por su participación en el caso de la masacre de Pativilca, perpetrada por el paramilitar Grupo Colina en enero de 1992 contra seis presuntos integrantes de Sendero Luminoso.

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