(PORTADA HISPANA 06 / 04 / 2022) Después de más de una semana de  huelgas, protestas, marchas, manifestaciones y saqueos en varias ciudades del país en rechazo al incremento de los precios de los combustibles y alimentos, el gobierno anunció ayer martes la exoneración del IGV para los productos de la canasta básica familiar, principalmente leche, harinas, azúcar, cárnicos, huevos, aceite y pollo.

El proyecto de Ley, que tiene el objetivo de compensar el alza de precios debido a la inflación mundial a causa de la guerra en Ucrania, fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, tendrá una vigencia de tres meses y forma parte de un paquete de medidas complementarios destinados a aligerar el impacto de la inflación mundial en la economía de millones de peruanos. Esta iniciativa se suma a la suspensión del ISC, impuesto selectivo al consumo, para combustibles, que entró en vigencia desde el pasado domingo.

De esta forma el gobierno intenta poner fin a la desesperación popular por el alto precio de alimentos y combustibles que ha llevado al país al borde de la convulsión social después de ocho días de paralizaciones, desabastecimiento de productos y bloqueo de carreteras.

Ayer martes las protestas tuvieron lugar por segundo día consecutivo en Lima, mientras que también se registraron marchas y enfrentamientos con la policía en varias ciudades de provincias donde la huelga de transportistas llegó a la segunda semana.

Para evitar que los saqueos ocurridos el día lunes continúen en la ciudad de Lima, el gobierno emitió una ordenanza por la que las actividades comerciales y laborales quedaban suspendidas hasta las 00:00 horas del miércoles, decretando el toque de queda y la inamovilidad generalizada.

Sin embargo las violentas protestas continuaron en la ciudad capital Lima ayer en horas de la tarde poco después que Presidente de la República anunciara que la orden de toque de queda e inamovilidad emitida el día anterior quedaba derogada.

La manifestación en contra del gobierno fue convocada desde horas de la mañana en las redes sociales en rechazo a la suspensión de las libertades y las garantías constitucionales, así como de toda actividad económica. Los manifestantes se dirigieron  al Congreso de la República en el centro de Lima donde se encontraba el presidente Pedro Castillo con su Consejo de Ministros. La marcha fue dispersada por la policía en inmediaciones del Palacio Legislativo desatando el enfrentamiento que derivó en actos de vandalismo contra edificios públicos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como el saqueo de tiendas y comercios.

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