PORTADA HISPANA
El titular de la PCM Aníbal Torres sustentó el proyecto de Asamblea Constituyente presentado por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Congreso sin llegar a ser muy consistente en sus argumentos que no convencen a la opinión pública que se muestra muy distante e indiferente a la propuesta que el gobierno presenta como el clamor del pueblo peruano.
En efecto, según las dos principales encuestadoras la ciudadanía no corresponde a las expectativas políticas del gobierno. Según CPI, el 72.6% de la población no considera prioritario el proyecto de una Asamblea Constituyente. Por su parte, IPSOS sólo le da un 8% de respaldo a la propuesta del gobierno. Es decir, las estadísticas están reflejando lo que políticamente ha sido la característica de la gestión de Pedro Castillo: La falta de comunicación asertiva entre el gobierno, la PCM, y la opinión pública. No sintonizan la misma frecuencia.
Esa premura y prioridad con la que el gobierno busca poner una nueva Constitución Política en la agenda nacional resultan ser origen de dudas y desconfianza en la ciudadanía que abiertamente se muestra más preocupada por otros problemas que considera urgentes como la seguridad ciudadana (IPSOS 53%), la lucha contra la corrupción (IPSOS 52%), la reactivación económica (IPSOS 42%), mientras que según CPI el 72.5% de la ciudadanía desaprueba la gestión del gobierno.
PERÚ, COMO CHILE Y VENEZUELA.-Uno de los aspectos que más preocupa a los críticos de la propuesta del gobierno para la celebración de una Asamblea Constituyente proviene del análisis de la política comparada. En primer lugar porque consideran que de seguir el rumbo trazado por el Ejecutivo hacia una nueva Constitución Política, el Perú estaría siguiendo los pasos de la República bolivariana de Venezuela, es decir, el gobierno de turno promueve una nueva carta magna controlando todo el proceso para reelegirse en el poder, tal como sucedió en el gobierno de Nicolás Maduro pero que también sucedió en el Perú con Alberto Fujimori y la Constitución de 1993. La diferencia es que mientras Fujimori promovió una Constitución para un Estado de economía global, el gobierno de Pedro Castillo promueve una Constitución para un Estado de tendencia socialista.
En segundo lugar, el análisis de la política comparada al contexto peruano actual, dominado por la propuesta de una nueva Constitución, hace un paralelo entre el caso reciente de una Asamblea Constitucional en Chile con el caso peruano. Es decir, si el gobierno busca salvar la crisis post pandemia y la inflación mundial a causa de la guerra en Ucrania con una Asamblea Constituyente que lo revitalice políticamente, ese no es el camino. La crisis, la ingobernabilidad y la conflictividad social continúan en Chile y la ciudadanía no respalda al nuevo presidente.
UN MAL MOMENTO PARA UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.- Otra crítica al proyecto de Asamblea Constituyente es el mal momento en el que se plantea, en medio de una crisis de ingobernabilidad y de estabilidad política que no garantizan la permanencia de Pedro Castillo en el cargo, no por ser Pedro Castillo precisamente, sino porque es un rasgo de la ilegitimidad institucional que afecta nuestra democracia, la misma incertidumbre que terminaron con los gobiernos de PPK, Vizcarra y Merino. No salimos de ese problema. Por eso son serias las acusaciones que señalan al gobierno como principal activista de las protestas y huelgas de transportistas y agricultores, porque significaría que el gobierno sí está utilizando la propuesta de una Asamblea Constituyente para salvar la crisis y permanecer en el poder.
Otra crítica a la propuesta del gobierno además del mal momento en el que se presenta, es el revanchismo y la polarización política que genera, dividiendo y enfrentando a los peruanos dentro de una lógica de clases sociales, aunque el Ejecutivo afirme que “no son comunistas” y que “garantizan las inversiones y la propiedad privada”, el efecto en los mercados internacionales es otro, perjudicando a la economía nacional y la economía de millones de peruanos. Definitivamente, por sus antecedentes políticos, el actual gobierno es identificado internacionalmente con los gobiernos socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Si el problema es la Constitución Política de 1993, existen otros mecanismos viables, menos riesgosos y más seguros, que al mismo tiempo, pueden llevar a un entendimiento nacional, sin caer en la polarización ni el revanchismo. La actual carta magna es susceptible a toda modificación y reforma; pero también se ha propuesta la restitución de la Constitución de 1979, que no es neoliberal como la de Fujimori, ni socialista como la que podría resultar de una nueva Asamblea Constituyente.
