A propósito de las recientes explosivas declaraciones para la poderosa cadena televisiva CNN, de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del gobierno del estadounidense Donald Trump, confesando haber ayudado a planear golpes de Estado (GdE) en algunos países, conviene precisar que es el proceso violento para tomar el poder. Sin esta premisa, queda descartado que lo sea pues conseguirlo sin su voluntad, es una usurpación. Puede ser por métodos coactivos (uso de la fuerza) o coercitivos (amenaza), que finalmente consuman lo mismo. Por el GdE la referida voluntad popular ha sido secuestrada y se realiza con el objetivo de tener control efectivo y absoluto del poder político desapareciendo su equilibrio, propio de los sistemas democráticos con imperio del derecho. La única manera de identificar que se haya producido un GdE es verificando que la Constitución ha sido atropellada y todos los actos de iure o de derecho han sido pisoteados por los actos marginales o de facto que terminan imponiéndose.
Erradamente se cree que el GdE es una desquiciada aventura de los militarismos imponiendo el capricho de los tanques para decidir el destino del Estado. Es una verdad a medias pues muchos civiles también lo han llevado adelante y hasta liderándolos. Tampoco es cierto que el GdE solo lo consuman los que quieren el poder que no cuentan. También lo realizan quienes teniéndolo son intolerantes a las reglas de la democracia que desdeñan. Mirando el Perú reciente, como profesor de derecho y con la Constitución en la mano, diré entonces que, ni la disolución del Congreso por Vizcarra ni el efímero gobierno de Merino, luego de la vacancia del primero, fueron golpe de Estado, nos guste o no.
Artículo publicado en el Diario Correo
