Tras las elecciones regionales y municipales, se vienen planteando distintas narrativas políticas sobre el sentido de las votaciones. Todos queremos encontrar en los resultados electorales alguna luz sobre lo que ocurre en la política peruana. En este contexto, el que el partido que llevó a Castillo a la presidencia, Perú Libre, no pudiera superar el 1.4% de votos válidos en Lima, para muchos se configura como un mensaje al Gobierno por parte de la ciudadanía capitalina.
Probablemente lo sea. Pero, la derrota de Perú Libre en Lima era inevitable y lógica si consideramos que, desde la campaña presidencial y en todo lo que va del Gobierno, una de las principales estrategias de comunicación política del Ejecutivo y sus aliados ha sido polarizar a la sociedad en base a un discurso que podría entenderse como “el campo contra la ciudad”; sopesándose negativamente a la ciudad. Vale recordar que este antagonismo entre lo urbano y lo rural es funcional a las propuestas programáticas de las visiones políticas consideradas de izquierda en países en vías de desarrollo.
Si consideramos que la mayoría de los votantes, en todos los departamentos, se encuentran en las ciudades, se explica, en parte, por qué Perú Libre y Juntos por el Perú, partidos aliados del Gobierno, no han logrado ninguna gobernatura regional (algo que ha sido celebrado por la oposición ciudadana al Gobierno, como una derrota al oficialismo).
Sin embargo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, considera que estas elecciones han significado una victoria. Y todo indica que, efectivamente, lo han sido. Si la narrativa del Gobierno y sus aliados ha implicado exaltar el campo para enfrentarlo contra la ciudad, no es raro que hayan tenido poca votación en las ciudades y un fuerte respaldo en zonas rurales, muchas con gran cantidad de canon extractivo y con conflictos sociales activos o latentes, vinculados a la extracción y tránsito de minerales e hidrocarburos.
Según Vladimir Cerrón, Perú Libre habría ganado 78 alcaldías a nivel nacional, entre provinciales y distritales, que incluyen seis municipalidades ubicadas en el ámbito geográfico del corredor minero sur, entre las que se encuentran la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, que es el municipio con mayor presupuesto en Apurímac en el año fiscal 2022 (S/ 231 millones) y la Municipalidad Distrital de Livitaca en Cusco (S/ 112 millones).
Por su parte, Juntos por el Perú ganó municipios con altos presupuestos como Megantoni, que es la municipalidad con mayor presupuesto en Cusco (S/ 398 millones). Y también, aunque se trata de una zona urbanizada, ganó en la provincia del Santa, que es el segundo municipio con mayor presupuesto en Áncash (S/ 496 millones).
Todo indica que la estrategia del Gobierno y sus aliados ha sido concentrar sus esfuerzos en algunas locaciones clave, por su gran cantidad de recursos e importancia en cuanto a la conflictividad social. Al respecto, debe considerarse que el Ejecutivo ya ha dado muestras de pretender utilizar la conflictividad como una medida de presión política, lo que, de concretarse, vulneraría la institucionalidad democrática.
Debido a esto, se puede asumir que el Gobierno y sus aliados contarán con recursos y logística millonarias los próximos años, con los cuales probablemente intenten desarrollar las líneas políticas programáticas que enarbolaron durante la campaña presidencial, que se podrían ver fortalecidas por la conflictividad social.
Publicado en Expreso
