Palacio de Torre Tagle (Andina)
La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, anunció este jueves que el Perú llamará a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, países que emitieron un comunicado conjunto en el que mantuvieron el título de Presidente para Pedro Castillo y lo consideraron «víctima de un antidemocrático hostigamiento».
«Con la señora Presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países», dijo la canciller en la ceremonia de su presentación en el Palacio Torre Tagle, sede de Relaciones Exteriores.
Gervasi dijo que el mencionado comunicado cuestiona la sucesión presidencial «realizada en estricto apego a la Constitución del Perú y no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países”.
Gervasi agregó que el Perú seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional.
La canciller remarcó que en el Perú existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, y se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a una justicia independiente.
Previamente, señaló que la contundente respuesta de todas las instituciones peruanas al intento de golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre “es una muestra innegable de la madurez institucional que el Perú ha logrado desarrollar en 201 años de vida republicana”.
La primera reacción de la cancillería
El último lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se había pronunciado respecto al comunicado conjunto de México, Colombia, Bolivia y Argentina sobre a la situación actual que vive el Perú y en el que aún consideran presidente de la República al golpista Pedro Castillo.
En un comunicado, la cancillería peruana puntualizó que «las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre» generó la decisión del Congreso «de declarar su vacancia en el marco más estricto respeto a la Constitución Política del Perú».
Torre Tagle recordó que el exmandatario intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que «constituyen un golpe de Estado.
Relaciones Exteriores señala que, ante este escenario, y de acuerdo «a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República».
En el comunicado conjunto, México, Colombia, Bolivia y Argentina -países con presidencias afines al perfil ideológico de Pedro Castillo– aseguraban que el exmandatario es «objeto de un tratamiento judicial […] violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso.
Con ese llamado, además, piden a «quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio» y a las autoridades que «respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial».
Al respecto, la cancillería peruana señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
«El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú», dice el comunicado.
«El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país», agrega Torre Tagle.
RPP
