PORTADA HISPANA.-
En el nuevo mapa geopolítico del siglo XXI, la soberanía nacional se redefine no solo en términos de territorio y recursos naturales, sino también en función de la capacidad tecnológica propia. La tecnología es hoy el motor que impulsa la seguridad económica, la defensa nacional, la competitividad industrial y la autonomía estratégica de los Estados. Sin una base tecnológica robusta, los países quedan expuestos a las decisiones, precios y ciclos de producción de otros actores que dominan los sectores clave, desde semiconductores hasta inteligencia artificial, telecomunicaciones y energía renovable. Esta dependencia puede traducirse en vulnerabilidades críticas en tiempos de crisis o tensión geopolítica, como se evidenció durante la pandemia y los recientes embates proteccionistas globales.
Europa ha ofrecido uno de los ejemplos más visibles de esta nueva lógica estatal: la denominada Ley de Chips (European Chips Act), presentada en 2022 y reforzada en los años siguientes, busca incentivar la producción local de semiconductores para reducir la dependencia de Asia —especialmente de Taiwán y Corea del Sur—, que hoy concentran más del 70 % de la fabricación global de microchips avanzados. La Unión Europea destina decenas de miles de millones de euros a subsidios, investigación y construcción de plantas de producción, reconociendo que los semiconductores son insumos estratégicos para la industria automotriz, aeroespacial, sanitaria y de defensa. Esta política comparada demuestra cómo incluso racimos económicos tradicionales están dispuestos a reconfigurar sus modelos productivos y de inversión para recuperar soberanía tecnológica.
De manera similar, Estados Unidos aprobó el CHIPS and Science Act, con más de 50.000 millones de dólares en incentivos para la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense, reconociendo que dicha industria es crítica no solo para la economía, sino para la seguridad nacional. En Asia, China ha lanzado planes quinquenales y fondos estatales masivos para impulsar capacidades en microelectrónica, inteligencia artificial y telecomunicaciones 5G/6G, no solo como estrategia económica, sino como herramienta de proyección global e independencia frente a restricciones y sanciones tecnológicas.
En América Latina, la discusión está en una fase más incipiente, pero no ausente. Países como Brasil y México han intensificado esfuerzos para promover la investigación en tecnología digital, la fabricación de componentes electrónicos y el desarrollo de software nacional, entendiendo que depender exclusivamente de tecnología importada limita las opciones de desarrollo sostenible y soberanía estratégica. El avance de hubs tecnológicos en Chile, Colombia y Perú muestra que la región empieza a reconocer que políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) son esenciales para preservar la autonomía frente a cadenas globales de valor fuertemente dominadas por potencias tecnológicas.
El despliegue de redes 5G también ha sido un campo donde las tensiones entre soberanía y dependencia tecnológica se vuelven palpables. Países de África, Europa y América Latina debaten políticas públicas sobre qué proveedores permitir, preocupados por la seguridad de datos, la no dependencia y la capacidad de regular estas infraestructuras. La tecnología deja de ser un bien de consumo para convertirse en un instrumento de poder estatal.
La relación entre tecnología y soberanía se observa incluso en áreas como la salud pública —con la carrera por vacunas y biotecnología—, y la energía —con la fabricación de baterías y tecnologías limpias—. Un país que no desarrolle capacidades tecnológicas propias para diagnosticar, producir y distribuir estos bienes esenciales queda a merced de dinámicas internacionales fuera de su control.
La tecnología, por ende, no es un “lujo” en la política comparada contemporánea, sino una condición estructural de autonomía nacional. Más allá de relaciones comerciales y cooperación internacional, existe una competencia abierta por el dominio tecnológico, cuyo resultado influye directamente en la capacidad de los Estados para asegurar la prosperidad, proteger a sus ciudadanos y mantener una voz propia en el concierto global. Si en el pasado la soberanía se defendía con ejércitos y diplomacia, hoy también se sostiene con semiconductores, algoritmos, dominios científicos y ecosistemas tecnológicos autosuficientes.
La lección es clara: en un mundo hiperconectado pero asimétrico, la capacidad de crear, adaptar y controlar tecnología es tanto un factor de desarrollo como un pilar de la soberanía nacional. Aquellos países que no internalicen esa verdad en sus políticas públicas corren el riesgo de ser subordinados tecnológicamente, limitando su autonomía estratégica en los años venideros. Esta comprensión compartida está impulsando reformas —como la Ley de Chips en Europa— que buscan recuperar el equilibrio perdido y establecer una nueva geografía del poder donde la tecnología sea, finalmente, un bien propio y no un bien importado.
