Apenas el 0.5% de los colegios públicos en el Perú cuenta con seguro frente a terremotos y desastres naturales, lo que significa que menos de 200 de las 50,000 escuelas estatales a nivel nacional están protegidas. Esta alarmante cifra fue revelada por Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), evidenciando la enorme vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentra la infraestructura del Estado.
PORTADA HISPANA.-
El sistema educativo público en el Perú afronta una de sus crisis más silenciosas y peligrosas en materia de seguridad estructural. Apenas el 0.5% de las instituciones educativas estatales en todo el territorio nacional cuenta con una póliza de seguro activa frente a terremotos y desastres naturales. Esta alarmante cifra implica que menos de 200 escuelas públicas, de un universo superior a los 50,000 locales administrados por el Estado, poseen el respaldo financiero necesario para una reconstrucción inmediata ante un sismo de gran magnitud. La desprotección deja desamparados a millones de estudiantes que acuden diariamente a las aulas peruanas.
De acuerdo con reportes de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), la desatención del patrimonio público se extiende de forma preocupante a otros sectores estratégicos. El gremio asegurador señala que solo el 5% de los centros de salud y hospitales estatales tiene coberturas vigentes contra catástrofes. Por su parte, la infraestructura de transporte alcanza un 25% de aseguramiento, impulsada principalmente por las exigencias legales que recaen sobre las carreteras y aeropuertos bajo regímenes de concesión privada. Esta marcada asimetría evidencia la ausencia de una política pública integral para la gestión y mitigación de riesgos de desastres.
Los datos oficiales del Ministerio de Educación (MINEDU) confirman la extrema gravedad del escenario físico en el que se imparte la enseñanza. Los censos y evaluaciones técnicas del sector revelan que el 51% de las instituciones de educación básica requiere una sustitución total de su infraestructura. Este deterioro crítico sitúa a miles de pabellones escolares en un riesgo inminente de colapso estructural. La precariedad habitacional se acentúa en las regiones más vulnerables del país, registrándose los índices más altos de riesgo arquitectónico en departamentos andinos como Cajamarca, Cusco y Puno.
La magnitud del abandono se refleja con mayor claridad al analizar las necesidades acumuladas en la última década. El gremio empresarial y diversos estudios económicos indican que la brecha de inversión en infraestructura educativa ha escalado hasta superar los 171,000 millones de soles. El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) se trazó en el año 2017 la ambiciosa meta de reducir este déficit en un 60% hacia mediados de la presente década. Sin embargo, la ineficiencia en la ejecución presupuestal y la falta de continuidad política provocaron que la brecha se expandiera un 25% en términos reales.
El impacto directo de este desajuste estructural recae sobre la población infantil y juvenil en edad escolar regular. Las estimaciones de instituciones como el Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que más de 1.2 millones de estudiantes asisten a clases en locales con alto riesgo de colapso. Esta cifra se traduce en que uno de cada cinco alumnos matriculados en el sistema público estudia bajo techos agrietados y muros debilitados. A esta amenaza sísmica se suma que un alto porcentaje de planteles enfrenta severas restricciones de servicios básicos como agua potable y redes de desagüe.
Las aseguradoras peruanas sostienen que la falta de previsión financiera estatal somete las arcas del país a una presión fiscal insostenible. Ante la eventualidad de un movimiento telúrico mayor, el Ejecutivo carecería de la capacidad de respuesta inmediata para levantar simultáneamente miles de aulas derribadas. Esta carencia obligaría a desviar partidas presupuestarias destinadas a programas sociales, salud y reactivación comercial, además de forzar un endeudamiento externo acelerado. La ausencia de seguros transfiere la totalidad del costo de la reconstrucción al tesoro público, prolongando los periodos de emergencia y deteniendo el desarrollo escolar.
La Contraloría General de la República ha corroborado estas deficiencias mediante múltiples operativos de supervisión en las diversas regiones del país. Las auditorías revelan que más del 60% de los colegios visitados carece de un plan de gestión de riesgos de desastres vigente. Asimismo, los directores de las escuelas reportan limitaciones extremas para realizar mantenimientos preventivos debido a las asignaciones de fondos acotadas y tardías. Esta cadena de fallas administrativas perpetúa la vulnerabilidad física de los centros educativos frente a eventos climáticos y movimientos de las placas tectónicas.
Especialistas financieros y gremios del sector plantean la urgencia de diseñar una estrategia de protección que combine reservas de contingencia y pólizas corporativas. El aprovechamiento de la estabilidad macroeconómica del Perú permitiría estructurar seguros catastróficos multisectoriales que alivien la carga presupuestaria del Estado ante crisis futuras. Proteger las escuelas públicas no representa únicamente un gasto técnico de mantenimiento de activos, sino una garantía de supervivencia para las futuras generaciones del país. La reforma de la infraestructura escolar debe dejar de ser una promesa de campaña y convertirse en una prioridad de seguridad nacional.
Fuentes: Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), MINEDU, IPE.
