PORTADA HISPANA.-
La arquitectura de una sociedad libre descansa sobre dos pilares que se necesitan y se refuerzan mutuamente: la democracia como sistema político y el libre emprendimiento como motor económico. En el panorama global y local contemporáneo, ambas dimensiones no operan de forma aislada; constituyen, en realidad, facetas de un mismo ideal de autonomía. Como se ha debatido con fuerza en espacios como el CADE Ejecutivos, el rol del sector privado de hoy va más allá de la mera búsqueda del beneficio; exige un liderazgo ético para la reconstrucción democrática. El ejercicio del voto y la apertura de un negocio propio representan manifestaciones fundamentales de la toma de decisiones descentralizada frente al poder estatal.
En el contexto peruano, el libre emprendimiento actúa como un contrapeso natural y una vía de escape frente a la concentración del poder o la ineficacia de las agencias gubernamentales. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía IPE, la resiliencia observada en el gasto y el consumo privado ha sido el soporte fundamental de la estabilidad del país ante la persistente incertidumbre política. De hecho, tras registrarse que la inversión privada creció un 10% en el último año, queda en evidencia que es la fuerza de los emprendedores y las empresas la que sostiene el bienestar diario de las familias. Cuando los ciudadanos poseen la libertad de competir y generar riqueza por sus propios medios, adquieren una independencia económica indispensable para ejercer con verdadera autonomía sus derechos civiles. El mercado, concebido bajo reglas transparentes, se convierte en un espacio donde el mérito permite la movilidad social, ayudando a consolidar una ciudadanía con capacidad de resistir ante los embates de proyectos populistas.
Sin embargo, la democracia peruana afronta una paradoja estructural. Mientras el país destaca históricamente por su vigorosa energía comercial (con encuestas de firmas como Ipsos señalando que más de la mitad de los peruanos con acceso a Internet ya ha iniciado un negocio propio), la confianza en el sistema político se encuentra en mínimos históricos. Datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI y estudios de opinión regional como el Latinobarómetro revelan que más del 90% de la ciudadanía desconfía tanto de los partidos políticos como del Congreso de la República. Esta fragilidad de las instituciones se ha traducido directamente en un estancamiento del clima de negocios. Según el más reciente Índice de Libertad Económica publicado por The Heritage Foundation, el Perú retrocedió al puesto 56 del ranking global, obteniendo un puntaje de 66.3. Si bien gremios como ComexPerú y el Banco Central de Reserva (BCRP) rescatan que el país mantiene sólidas fortalezas macroeconómicas, un gasto público controlado y una destacada apertura comercial, la pérdida de posiciones se explica por deficiencias persistentes en el Estado de derecho, la integridad gubernamental y la efectividad judicial.
Esta realidad demuestra que el libre mercado no opera en el vacío. Para que el ecosistema empresarial prospere de manera sostenible y competitiva frente a economías vecinas de la región, requiere urgentemente de una institucionalidad democrática que mitigue la corrupción, reduzca la excesiva burocracia y combata las economías ilegales. El debilitamiento de la certidumbre jurídica y la inestabilidad política actúan como un impuesto invisible que golpea con especial dureza a las pequeñas empresas en crecimiento, restringiendo el potencial del país. De cara a los próximos procesos electorales y debates sobre políticas de Estado, analistas y empresarios coinciden en la urgencia de que el sector privado asuma un rol activo en promover una cultura cívica responsable y en demandar transparencia a las futuras autoridades.
En conclusión, la experiencia peruana contemporánea confirma que el dinamismo empresarial y las libertades civiles e institucionales son interdependientes. Frenar la libertad económica o restarle prioridad debilita las bases del progreso social; del mismo modo, ignorar el deterioro institucional socava el terreno sobre el cual se construyen las inversiones a largo plazo. Al permitir que los ciudadanos canalicen sus proyectos mediante la iniciativa privada dentro de un marco de reglas claras, el Perú no solo impulsa su productividad, sino que legitima y defiende la vigencia de su propia democracia.
