El enfrentamiento entre los poderes del Estado en Perú, especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ha sido uno de los factores más significativos en la prolongada crisis política que ha afectado al país en los últimos años. Este conflicto tiene sus raíces en una falta de colaboración y entendimiento entre ambos poderes, lo que ha llevado a bloqueos legislativos, vacancias presidenciales, disoluciones del Congreso y una inestabilidad política que ha sacudido la gobernabilidad del país.
Uno de los episodios más representativos de esta confrontación ocurrió durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). A pesar de ser electo democráticamente, Kuczynski enfrentó desde el inicio una oposición férrea por parte del Congreso, que estaba dominado por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. La relación tensa entre ambos poderes llegó a su clímax en 2017 y 2018, cuando el Congreso impulsó mociones de vacancia en su contra por supuestos vínculos con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Aunque sobrevivió a una primera moción, Kuczynski terminó renunciando en marzo de 2018 tras la filtración de videos que lo implicaban en una supuesta compra de votos para evitar su vacancia.
Tras la renuncia de Kuczynski, Martín Vizcarra asumió la presidencia, pero rápidamente se encontró inmerso en una batalla similar con el Congreso. Vizcarra promovió una agenda de reformas políticas y judiciales para combatir la corrupción, lo que encontró fuerte resistencia en el Legislativo. El punto de quiebre llegó en 2019, cuando Vizcarra decidió disolver el Congreso, acusándolo de bloquear repetidamente las reformas. Esta decisión fue validada por el Tribunal Constitucional, pero agudizó el enfrentamiento entre los poderes. El Congreso fue renovado en 2020, pero la tensión no disminuyó. En noviembre de ese año, el Congreso impulsó la vacancia de Vizcarra por «incapacidad moral permanente», una figura constitucional ambigua que ha sido usada de manera recurrente en la política peruana.
La destitución de Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino desataron una crisis aún mayor. Merino, que asumió la presidencia tras la vacancia, fue rechazado por amplios sectores de la población, que veían en su ascenso una usurpación del poder. Las masivas protestas en todo el país, que resultaron en la muerte de varios jóvenes manifestantes, forzaron la renuncia de Merino después de solo cinco días en el cargo. Esta situación reflejó no solo la fragilidad del sistema político peruano, sino también el rechazo de la ciudadanía hacia la clase política, marcada por acusaciones de corrupción, falta de transparencia y abuso de poder.
Este prolongado enfrentamiento entre los poderes del Estado, agravado por la utilización de mecanismos constitucionales como la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, ha debilitado la confianza en las instituciones democráticas del Perú. La crisis ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas y sociales en el país, así como la necesidad urgente de una reforma política que fortalezca la estabilidad y gobernabilidad, evitando que el país siga sumido en un ciclo de crisis e inestabilidad institucional.
