(CARETAS 02 / 03 / 2021) La reciente encuesta electoral compartida por el Instituto de Estudios Peruanos mostró que la agrupación política Partido Morado (PM) se encuentra en el tercer lugar de intención de voto (8.4%) para ocupar un lugar en el Congreso.
De esta manera, a pesar que la lista parlamentaria ganó terreno, su candidato presidencial, Julio Guzmán, muestra una reducción sustancial en su popularidad que lo lleva a 3.1% (el pasado 15 de febrero, según una encuesta de Ipsos, ostentaba 4%).
Este escenario, que bien podría remecer a cualquier candidato, no intimida a la candidata Úrsula Moscoso, quien indicó que la situación se debe tomar con «tranquilidad y humildad”. En diálogo con CARETAS, la postulante explicó que el contagio de Guzmán con Covid-19 “afectó” su puesto en las encuestas debido a que, tras su infección, tuvo que paralizar su campaña presidencial.
La candidata, que postula con el número 9, conversó con CARETAS y marcó terreno sobre sus propuestas referidas a la reforma congresal, educación y la lucha contra la pandemia. “Proponemos darle facultades a Sunedu para que sancione a las autoridades que incumplan con la ley universitaria”, afirmó.
PANDEMIA
Moscoso sostiene que es importante tener como prioridad que “todas las personas adultas sean vacunadas para el 2021” y, para ello, aseguró que el PM cuentan con un plan estratégico. “Necesitamos que los entes competentes (en la vacunación) trabajen de la mano. También capacitar, y contratar, a los estudiantes de las carreras de salud, de los dos últimos ciclos, para que administren las dosis”, indicó.
En un eventual Gobierno Morado, explica, se habilitarán los centros de salud a nivel nacional para usarlos en la campaña de inoculación y se implementará “el software para saber en tiempo real cómo va el proceso de vacunación«. Por otro lado, sostuvo que se articulará con la Superintendencia de Bienes Nacionales y con el sector privado «para tener almacenes a nivel regional y que el proceso logístico sea menos complejo”.
En esta línea, la candidata hizo énfasis en la realización de “un plan de comunicaciones urgente”, pues señala que el movimiento antivacuna “es muy fuerte”. Al respecto, cabe indicar que según una encuesta de Ipsos, publicada el pasado mes de enero, un 48% de personas no se vacunarían contra la COVID-19.
Los que se oponen a ser inoculados sustentan su decisión en posibles efectos secundarios (52%) y un desarrollo acelerado en los laboratorios del mundo (30%). “(Debemos) brindar información (…) lo debería realizar ya este gobierno transitorio, urge”, indica sobre la actual gestión de Francisco Sagasti.
Otro punto importante de su candidatura está relacionado a la salud mental, la misma que se vio afectada durante la pandemia. “Un estudio preliminar del Minsa arroja que 7 de cada 10 personas tuvo un problema relacionado a este tema. Urge dar este tipo de apoyo gratuito, proponemos habilitar una línea telefónica, u online, con psicólogos”, explicó.
VACUNAGATE
Sobre los inmunizados irregularmente con la vacuna china Sinopharm en el conocido caso “Vacunagate”, la aspirante afirma que “todas las personas” involucradas en estas vacunaciones deben ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos. En este sentido, hace unos días, se conoció que uno de los militantes del PM, Augusto Escalante Candia, aparece en la citada nómina de beneficiados con las dosis contra el coronavirus.
Al respecto, la candidata detalló que el Tribunal de Ética del Partido Morado ya abrió un proceso contra Escalante. “Estamos a la espera de los resultados, que sea un militante no significa que tendrá algún tipo de corona. El Tribunal de Ética es un ente independiente dentro del partido, esperamos que (la entrega del informe) sea lo más pronto posible”, manifestó.
Sobre la adquisición de vacunas por parte del sector privado, Moscoso explica que “la normativa no prohíbe que el privado compre, pero debido a la escasa oferta los laboratorios no están vendiendo” las dosis. “¿Quieren lucrar o apoyar?”, interroga, y añade: “Si quieren lo segundo que se coloquen a disposición de Sagasti para ver cómo pueden ayudar».
«La vacuna contra el Covid-19 debe ser considerado un bien público, el Estado debe asegurar que toda la población tenga acceso a la vacuna, especialmente a las poblaciones más vulnerables y los que luchan contra la pandemia”, subrayó.
EDUCACIÓN
“Proponemos darle facultades a Sunedu para que sancione a las autoridades que incumplan con la ley universitaria”, manifiesta Moscoso, quien indica que todos los candidatos al Congreso comparten una misma agenda legislativa y que, a través de ella, mantendrán una defensa “férrea” de la educación y una reforma congresal. De esta manera, sugieren que la elección del superintendente de la Sunedu, actualmente designado por el Minedu, sea “a través de un concurso público”, pues eso “garantizaría la independencia”.
Asimismo, precisó que dicha institución debe encargarse de licenciar, «la calidad educativa de todos los institutos”.
“Según una encuesta de demanda ocupacional en el 2018, realizada por el Ministerio de Trabajo, de 32 puestos de trabajo, 26 eran técnicos; urge que Sunedu pueda asegurar la calidad educativa de los institutos”, resaltó.
Reforma Congresal
“Debemos eliminar todas las gollerías”, se refirió la candidata sobre los bonos de representación e instalación de las que gozan los actuales parlamentarios; estos «privilegios», sostuvo, deben ser eliminados al igual que la seguridad de los congresistas, pues “los policías deben estar en las calles”.
“No hay ningún sentido para tener un bono adicional a un trabajo que ya deberían estar haciendo, la bancada actual renunció al bono y la que venga hará la misma”, enfatizó. En relación también al Parlamento, manifestó que velará para que la Comisión de Ética del Congreso sea externa pues «actualmente (…) la comisión parece que trabaja con el ‘otorongo no come otorongo’»
Como se recuerda, hasta el momento, son los propios legisladores quienes integran dicho organismo.
Posterior a ello, uno de los puntos más resaltantes de la agenda legislativa del PM, según detalló Moscoso, es “la creación de una oficina de estudios económicos”, esta tendrá como finalidad “realizar un análisis del costo beneficio de los dictámenes antes que sean agendados en el pleno”.
“De esta manera evitaremos leyes que terminen siendo inconstitucionales y en su lugar tener otras eficientes. No (debemos) perder tiempo, ni dinero, en leyes que no sirven a la ciudadanía y que les genera expectativa sobre situaciones que al final no suceden”, indicó.
Úrsula Moscoso enfatiza: “No dejaré que sigan intentando aplastar nuestra educación, impulsaré la reforma del Congreso y fiscalizaré que las autoridades respeten al ciudadano y cumplan su deber”.
“Invito a la gente que me lee en estos momentos a votar por partidos políticos que tengan propuestas responsables, coherentes y serias. Los invito a transformar esa indignación en acción, eso me motivó a entrar en política”, puntualizó.
