Indagación. Exasesor de Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, dio detalles como testigo a la fiscalía sobre coordinaciones con congresistas y otros personajes. Implicados niegan imputaciones.

La crisis desatada tras la Operación Valkiria V sigue remeciendo a la clase política nacional. Una declaración brindada por Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, implica ahora en la trama también a congresistas, fiscales, empresarios, periodistas y autoridades de distintos niveles.

Villanueva declaró –en calidad de testigo– el pasado 30 de enero, como parte de las diligencias dispuestas por la fiscal suprema Delia Espinoza, quien tiene a su cargo la pesquisa contra Benavides por presunta organización criminal y otros delitos.

Acercamiento con Fuerza Popular

Villanueva narró ante las autoridades cómo habría surgido un acercamiento con Fuerza Popular (FP), con quienes se habría coordinado el apoyo a Benavides desde el Congreso y otros temas como la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según su declaración, al iniciar la gestión de Benavides como fiscal de la Nación, en julio del 2022, recibió la visita de la legisladora fujimorista Martha Moyano, entonces vicepresidenta del Congreso, indicándole la primera que toda coordinación se haría a través de Villanueva, con quien intercambiaron números telefónicos.

Después, Villanueva habría acudido a visitar a Moyano al Congreso –”ella me hace ingresar siempre sin ser registrado”, dijo– e incluso mencionó que en un encuentro también participaron Patricia Juárez, Miguel Torres y el fallecido legislador Hernando Guerra García.

Villanueva señaló a Moyano como la persona con la que más coordinó de FP. Aseguró que con ella se gestionó la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, los votos para archivar las acusaciones contra Benavides en el Congreso, así como la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, llevada a cabo en junio del 2023.

“Pero ya hacia agosto, setiembre, cuando se iba a ver el tema de la Junta (Nacional de Justicia) ya yo coordinaba poco con ella [Moyano] porque Benavides me había dicho que ella ya había conseguido un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular”, refirió Villanueva.

En otro momento de su declaración, el exasesor dijo que Benavides le indicó que “había conseguido un canal directo con Keiko [Fujimori] y [Luis] Galarreta”, presidenta y secretario general de FP, respectivamente.

Según la declaración del exasesor, con la bancada fujimorista también se había coordinado la denuncia por prevaricato a los jueces que emitieron la medida cautelar a favor de la JNJ, ocurrida en noviembre del año pasado.

“Benavides me dijo que de la alta dirección de FP le había dicho que tenía hasta las dos de la tarde para que les abra investigación a los de la sala, que sin eso […] no iban a apoyar para que se vote ese día”, indicó.

Si bien se abrió investigación, como ocurrió el 8 de noviembre del 2023, la remoción de la JNJ no se llegó a votar en el pleno; por lo que Benavides creía que la habían engañado, según el testimonio de Villanueva.

Es entonces que ordenó que se denunciara a la legisladora María Cordero Jon Tay, sindicada de recortar sueldos a trabajadores parlamentarios, “para mandarle un mensaje al Congreso de que si no se cumplían los acuerdos se los iba a comenzar a denunciar”, lo que llegó a ocurrir al día siguiente.

En diálogo con RPP, Fujimori negó conocer a Benavides y haber negociado con ella votos a favor de la remoción de los integrantes de la JNJ, como señaló Villanueva. Y Moyano dijo: “Ninguna reunión que tuve fue secreta [sino] dentro de instituciones”.

Zoraida Ávalos, Martín Vizcarra y el Caso García

En su declaración, Villanueva también remarca que la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien asumió la conducción de la institución entre el 2019 y el 2022, “era muy cercana” al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos, actualmente suspendido del cargo.

Aunque, según su versión, “todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra”. “Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que le dijo de las coimas en Moquegua […] y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada”, contó Villanueva.

Tras la difusión de la declaración contra Vizcarra y, según el testimonio, Ávalos habría buscado sacar del cargo a Vela; por lo que Villanueva le indicó que conversara con el periodista Gustavo Gorriti, y “entonces allí Gustavo Gorriti sale me parece que es en una entrevista a apoyar a Vela”.

Es en este extracto de la declaración donde se menciona también al fallecido expresidente Alan García. “Y él [Vela] me comentó que fue a hablar con él [Gorriti] y literal me dijo: ‘Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para cercar a García”, señala Villanueva en su relato.

Se hace referencia a cuando en noviembre del 2018 García llegó al Perú de España para ser interrogado por la fiscalía y el portal IDL-Reporteros –que dirige Gorriti– publicó una investigación sobre las conferencias dadas por García y que fueron financiadas por la empresa brasileña Odebrecht.

Una vez en el país, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, requirió el impedimento de salida del país para García. “Toda esa planificación lo que busca era que Alan no se vaya, y me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo, por eso me había dicho que había ido a cobrarle lo de Alan”, dijo Villanueva.

El apoyo mediático, según su versión, era para que Zoraida no lo sacara del cargo y que incluso el propio Gorriti “llamó a Zoraida para decirle que no lo saque”.

Este Diario buscó contactar sin éxito a Ávalos; mientras que Vela indicó que no podía dar declaraciones porque había sido citado “a declarar por la fiscalía suprema”. Gorriti señaló que publicará sus descargos en su portal de investigación.

Alejandro Soto y el factor Chirinos

Respecto a las coordinaciones que se dieron con el Congreso, Villanueva también implicó al actual presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y dio más detalles sobre las conversaciones y la cercanía que habría sostenido con la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

En el caso de esta última, Villanueva mencionó que la denuncia por prevaricato que ella misma presentó en noviembre del 2023 fue elaborada por el entorno de Benavides –mencionó que la hizo el fiscal Álvaro Castañeda Rojas con el exasesor de Benavides, Abel Hurtado– dentro del Ministerio Público. Y que incluso se gestionó de forma irregular para que ni bien llegara se abriera una investigación.

Además, se mencionó que antes de eso se coordinó con Chirinos la moción que presentó en el Congreso buscando la remoción de todos los integrantes de la JNJ.

“Igual le alcancé una ayuda memoria para que presente la moción, esa ayuda memoria la redactaron Abel Hurtado con Miguel Girao, ellos la hicieron y yo se la pasé a Patricia Chirinos”, contó.

Una vez presentada la moción, debería ser puesta en agenda y debate. Y es aquí donde se señala a Soto. Según la versión de Villanueva, fue a través del fiscal Marco Huamán –”estuvo en esta reunión donde yo comenté que había que llegar a Soto y él manifestó que tenía un contacto”, dijo– que Benavides tomó contacto con el presidente del Congreso.

De acuerdo con su versión, se llegó a poner en agenda la moción; pero era necesario que fuera puesta en debate. “Fuimos al Congreso a visitar a Soto […] nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como fábrica de troles”, narró el exasesor.

Villanueva detalló que hubo un compromiso de Soto para que se votara en el pleno. “Y aquí en la Fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación, la idea era que se archive como dije no inmediatamente, sino después de un tiempo”, detalló.

En un comunicado, Soto negó que se haya reunido con el círculo de Benavides y dijo que jamás tuvo interés “en negociar beneficios personales”. Agregó que toda declaración “debe ser corroborada con pruebas”.

El Comercio

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