Unas 400 personas víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra entre cárteles del narcotráfico que se disputan la zona fronteriza de México con Guatemala retornaron este sábado sin las garantías de seguridad a sus comunidades de Socoltenango, en el estado de Chiapas.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) lanzó una acción urgente para exigir a las autoridades federales y de Chiapas que frenen la violencia en las comunidades zapatistas de ese estado. Lo anterior, luego de que el pasado 19 de enero fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), habitantes del gobierno autónomo local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi.
El desplazamiento, aseguró,“fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes portaban armas de fuego, machetes y palos”.
En la misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, entre otras autoridades estatales, la Red TDT igualmente demandó que se realice una investigación “inmediata y diligente” sobre lo sucedido, “para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia, adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia”.
Refirió que de acuerdo con la información recibida, el 17 de enero del 2024 la comunidad La Resistencia fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista y manifestó “que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las bases del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo”.
Durante la agresión, agregó, “fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera” y a los habitantes se les despojó de diversos bienes materiales como animales de traspatio.
La Red TDT, conformada por 87 organizaciones de 23 estados de la República, manifestó su preocupación por “la permisividad y solapamiento del Estado mexicano”, ya que según información que documentó, el 14 de enero “el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista ‘Arcoíris’ ubicada en el entronque carretero Cuxuljá”.
Recordó que el 5 de mayo del 2023 también la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar.
De acuerdo con organizaciones, cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.En los últimos años, las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado.
Activistas, organizaciones y comunidades han señalado el clima de “guerra civil” que se vive en el sureño estado mexicano por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado, provocando homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El conflicto armado que sufre Chiapas empieza a ser una realidad más allá de sus propias fronteras. Mientras el Gobierno federal y el estatal continúan hablando de paz, las pruebas de que grandes regiones del Estado más pobre de México están controladas por el narcotráfico se suceden cada día desafiando la versión oficial. El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dos grupos criminales más poderosos de México, luchan por el dominio de la plaza en una guerra abierta que se está ensañando especialmente con la población civil, campesina e indígena en una altísima proporción. Las consecuencias de la violencia están comenzando a llegar también a la esfera internacional: agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica dejarán de llevar a sus clientes a la selva Lacandona y las autoridades de Guatemala denuncian incursiones y enfrentamientos a balazos con miembros del CJNG en su territorio.
Efe, El País
