De acuerdo con el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborado por Capital Humano y Social en cooperación de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS).
La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$ 1,777 millones), trata de personas (US$ 1,300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$ 1,134 millones), la tala ilegal (US$ 880 millones), extorsión (US$ 530 millones), pesca ilegal (US$ 300 millones), contrabando (US$ 234 millones), piratería de software (US$ 209 millones) y tráfico de terrenos (US$ 143 millones).Aproximadamente, la economía ilegal mueve al menos US$ 6,650 millones al año en el Perú.
La realidad de las economías ilegales en el Perú es compleja y abarca diversas actividades ilícitas. Algunos de las acciones más relacionados con la agricultura pueden ser los siguientes:
Narcotráfico: Perú es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, y el narcotráfico es una importante fuente de ingresos ilegales. Las áreas selváticas del país son utilizadas para el cultivo de hoja de coca, y luego la droga es procesada y exportada.
Minería ilegal: La extracción ilegal de minerales suele estar asociada con daños ambientales significativos, pérdida de importancia de las actividades agropecuarias, explotación laboral, y conflictos sociales.
Tala ilegal de madera: La deforestación ilegal es otro desafío ambiental en el país ya que contribuye a la pérdida de biodiversidad y destrucción de hábitats naturales.
Las economías ilegales tienen varios impactos en el sector agrícola en el Perú, afectando tanto a los agricultores como al sistema en su conjunto. Algunas de las formas en que estas actividades ilícitas afectan la agricultura incluyen:
Uso ilegal de tierras: En algunas áreas, especialmente en regiones de sierra y selva, las economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico pueden resultar en el uso no autorizado de tierras agrícolas. La expansión de estas actividades ilegales a menudo conduce a la deforestación y a la pérdida de tierras que de otro modo podrían haberse utilizado para la agricultura.
Contaminación ambiental: La minería ilegal y la siembra de coca pueden causar contaminación ambiental, afectando la calidad del suelo y del agua. Esto puede perjudicar la capacidad de los agricultores para cultivar alimentos de manera segura y sostenible.
Conflicto por recursos: Las economías ilegales a menudo generan conflictos por el control de recursos naturales, como tierras y agua. Esto puede resultar en tensiones entre agricultores y operadores ilegales, creando un entorno inestable que dificulta la planificación a largo plazo y la inversión en la agricultura.
Desplazamiento de comunidades agrícolas: Las operaciones ilegales, especialmente en el caso de la minería y el narcotráfico, pueden llevar al desplazamiento de comunidades agrícolas enteras. Esto no solo afecta directamente a los agricultores al perder sus hogares y tierras, sino que también interrumpe sus prácticas agrícolas.
Influencia en los precios agrícolas (competitividad).: Las economías ilegales pueden influir en los precios de los productos agrícolas al introducir competencia desleal en el mercado. Por ejemplo, la producción y venta ilegal de hoja de coca pueden distorsionar los precios relativos de los llamados cultivos alternativo (café y cacao) afectando negativamente a los agricultores que siembran este tipo de productos.
Para evitar que las economías ilegales afecten la agricultura en el Perú, se requiere una combinación de medidas a nivel gubernamental, comunitario y del sector privado. Se pueden señalar algunas de ellas:
Fortalecimiento de la aplicación de la ley: Reforzar el marco legal, la presencia del Estado y mejorar la capacitación de las fuerzas del orden para combatir eficazmente este tipo de actividades ilícitas.
Promoción de prácticas agrícolas sostenibles: Fomentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y proporcionar capacitación y recursos a los agricultores para mejorar la productividad de manera sostenible (en base al desarrollo de innovaciones)
Incentivos para la legalidad: Establecer incentivos fiscales y financieros para las empresas y agricultores que operan de manera legal y sostenible y desarrollar programas de certificación para productos agrícolas que cumplan con estándares legales y ambientales.
Desarrollo económico: Implementar programas de desarrollo económico y promover la inversión (pública y privada) en proyectos agrícolas legales y sostenibles en estas regiones.
Participación comunitaria: Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y la implementación de estrategias para combatir las actividades ilegales.
Cooperación internacional: Colaborar con organizaciones internacionales para abordar problemas transfronterizos y buscar apoyo técnico y financiero para fortalecer las capacidades locales en la lucha contra las actividades ilegales;
Tecnología y vigilancia: Utilizar tecnologías avanzadas, como sistemas de monitoreo satelital, para detectar y prevenir actividades ilegales como la minería ilegal y la deforestación.
Educación y concientización: Desarrollar campañas educativas para aumentar la conciencia sobre los impactos negativos de las economías ilegales en la agricultura y la sociedad en general.
Para contrarrestar los impactos negativos de las actividades ilícitas, es crucial que se implementen medidas efectivas para combatirlas (fortalecer el estado de derecho, mejorar la aplicación de la ley y promover un entorno empresarial adecuado). La colaboración entre el sector público y privado también puede ser fundamental para abordar estos desafíos de manera integral
Hay que hacer visible y profundizar la discusión sobre estos temas. La implementación exitosa de medidas que afronten la actual situación requiere de una coordinación efectiva entre el gobierno, las comunidades locales, el sector privado y la cooperación internacional. La colaboración y el compromiso de diversos actores son fundamentales para abordar de manera integral los desafíos asociados con las economías ilegales en el sector agrícola.
Para Fernando Gonzales, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que, aunque las economías ilegales operan al margen de la ley, sus efectos repercuten en el ámbito formal.
Uno de los efectos tangibles de la operatividad de las economías ilegales es que distorsiona al mercado al generar competencia desleal. Esto, finalmente, termina quitándole incentivos a las empresas para operar en el marco de la ley.
También se observa un impacto económico porque limita la capacidad del Estado para invertir dada la nula recaudación por parte de las empresas informales.
Por el lado social, repercute en el sentido de que muchas veces las zonas donde operan estas actividades tienen mayores índices de violencia, delincuencia y similares. Fuentes: Instituto de Economía del Perú – Miguel Ordinola – Docente de Post Grado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Diario Voces
