Foto: Cancillería de Bolivia
El gobierno del Estado plurinacional de Bolivia ha decidido romper relaciones diplomáticas con el de Israel y lo ha hecho por la reacción militar este último sobre la Franja de Gaza –donde el grupo terrorista Hamás cuenta el control político de este territorio de Palestina– al considerarla desproporcionada y agresiva. En esta columna no voy a referirme al problema entre Israel y Hamás y mucho menos al de Israel con Palestina, que es distinto y es el de fondo. No es la primera vez que lo hace en los últimos tiempos y convendría explicar, eso sí, en qué consiste la medida político-diplomática y lo haré, stricto sensu, como profesor de derecho internacional. Veamos. Se trata de una posibilidad político contemplada en la doctrina del derecho diplomático y prevista en el artículo 45° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al que están adscritos Bolivia e Israel. Pero ¿cómo se llega al rompimiento de relaciones diplomáticas? Cuando se producen roces relevantes entre Estados, una circunstancia posible o inevitable es que los gobiernos de los Estados concernidos suelen actuar conforme los usos y costumbre de las relaciones diplomáticas cultivadas desde la Paz de Westfalia en 1648 que empoderó a las embajadas o representaciones de un Estado en otro.
Así, una primera actitud del gobierno del Estado afectado –en este caso Bolivia porque así se ha sentido–, es convocar al embajador del Estado acreditado (al de Israel) para expresar extrañeza, malestar, o para transmitir la protesta por alguna situación específica generadora de la incomodidad, lo que en la práctica no ha pasado pues Bolivia ha creído conveniente ir de frente –ante lo que considera reprochable–, al referido rompimiento de relaciones diplomáticas, con lo cual el nivel político de la vinculación bilateral ha desaparecido, solo quedando la relación exclusivamente consular, es decir, administrativa, como la que mantienen Bolivia con Chile dado que entre estos dos países tampoco existen relaciones diplomáticas. Pero más allá de esta decisión está claro que Bolivia al hacerlo desnuda el afianzamiento de su vinculación con la República Islámica de Irán –en julio de este año ambos países firmaron un acuerdo sobre seguridad y defensa–, enemigo de Israel que ha venido pregonando su extinción como Estado. Es verdad que Irán y Bolivia como sujetos del derecho internacional tienen todo el derecho de firmar acuerdos y jurídicamente no es reprochable, pero también lo es que las vinculaciones interestatales no son únicamente jurídicas sino de poder donde se superpone una diversidad de intereses que no deben colisionar con el principio de paz y tranquilidad internacional –la subregión Andina lo merece y lo exige– al que están obligados los Estados por la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco de 1945, que es un tratado del que son parte todos los países que acabo de referir en esta columna. Veamos, entonces, cuál será el objeto final o el trasfondo de lo que pretende Bolivia al decidir la referida ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
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