Por Yuri Ivan Zúñiga Castro
Presidente del Grupo Anticorrupción del Perú
La teoría del caso: Fujimori, está basada en los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos y de Justicia, delitos de corrupción, con poderes totales desde el año 1992 auto golpe de Estado instaurando una Dictadura del Fujimorato, con el cierre del Congreso inconstitucional, cambio de Constitución, poner sus jueces y fiscales, tráfico de armas, deudas millonarias en reparaciones civiles, dos secuestros, Fujimori fue autor mediato de 24 crímenes, (Cantuta y Barrios Altos) donde se valió de otros para cometerlos (Grupo Colina) Sentenciado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Republica en el año 2009.
El gobierno de Alberto Fujimori pertenece a un período de la historia del Perú comprendido desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, en el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en tres etapas (dos reelecciones inmediatas) encabezado por Alberto Fujimori. Con 10 años y 116 días de gobierno, el llamado fujimorato se convirtió en el segundo mandato presidencial consecutivo más largo en la historia republicana del Perú (el primero fue el Oncenio de Augusto B. Leguía).
Hacia el inicio de aquel decenio, hubo un período específico en el cual Fujimori gobernó con poderes totales al haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso y mandado a reestructurar el Poder Judicial (1992-1993).
En noviembre de 2000, tras la divulgación de los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renunció al cargo de Presidente de la República desde Tokio, Japón, sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso y se decidió destituirlo por incapacidad moral. Se dio lugar a la sucesión legal y asumió el poder Valentín Paniagua, presidente del poder legislativo, quien encabezó un gobierno de transición.
Los viajes de Fujimori para someterse al FMI, BID y BM
Después de ser elegido, Fujimori viajó a Nueva York, en donde se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional así como con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para buscar apoyo económico e inversiones. La reunión fue realizada el día 29 de junio en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual fue anfitrión el Secretario General, Javier Pérez de Cuéllar y estuvieron presentes Michel Camdessus (director del FMI), Barber Conable (presidente del Banco Mundial), Enrique V. Iglesias (director del Banco Interamericano de Desarrollo) y Hernando de Soto. Junto a Fujimori, también viajaron Adolfo Figueroa, Felipe Morris y Luis Valdivieso, asesores económicos.
Posteriormente, Fujimori viajó a Tokio y se reunió con el emperador Akihito y el primer Ministro Toshiki Kaifu, este último anunció el envío de una misión para establecer soluciones a la grave crisis económica. En su viaje de regreso a Lima, Fujimori sostuvo reuniones con sus asesores económicos en su escala en Miami, entre los cuales se encontraban Adolfo Figueroa, Felipe Morris, Carlos Boloña, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza y Hernando de Soto.
La”Negación al Shock” y su aplicación con el Fujishock
Pese a que Fujimori como candidato había negado un shock económico, el gobierno siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El 8 de agosto de 1990, el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller salió en cadena nacional anunciando una reestructuración de precios, que sería conocida como el «fujishock». Esta medida del gobierno permitió controlar la inflación, pero provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Era la primera de muchas reformas de tendencias liberales y algunas de capitalismo clientelista, que ocasionaron la eliminación del control de precios y el posterior cambio de moneda al nuevo sol (un millón de intis).
A partir del ajuste económico de agosto de 1990 se redefinieron las funciones del Estado y el mercado asumió un nuevo y fundamental papel en la economía del Perú, siguiendo con las recomendaciones del Consenso de Washington, que proponía una reforma tributaria, una rigurosa disciplina fiscal, la firme liberalización financiera y comercial, el establecimiento de un tipo de cambio competitivo, la privatización de empresas, la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, entre otras.
Si bien llegó a estabilizar la vida económica y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, así como la privatización de las compañías del Estado en manos de extranjeros, también ocasionó despidos masivos de obreros y empleados públicos, así como la supresión de las protecciones a la ineficiente industria nacional, lo cual llevó a su quiebra y a altos índices de desempleo. En consecuencia, se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. Por otro lado, la reducción del Estado y la liberación de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, en 1994 la economía peruana creció un 13 %, a pesar de los despidos masivos acaecidos.
Masacre de Barrios Altos
La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta N.º 840 para conseguir fondos para reparar ese edificio. Aproximadamente, a las 11:30, seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos.
Los atacantes cubrieron sus rostros con pasamontañas y ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos, matando a 16 de ellos incluyendo a un niño de 9 años, e hiriendo seriamente a otras cuatro personas, uno de los cuales quedó permanentemente paralítico. Luego, los atacantes salieron en dos vehículos. Durante la investigación, la policía encontró 111 casquillos y 33 balas del mismo calibre en la escena del crimen. Las investigaciones judiciales y los reportajes de la prensa revelaron que los sujetos envueltos en el crimen trabajaban para la inteligencia militar; habían sido miembros del Grupo Colina que era ya conocido por perpetrar un programa anti-terrorista por órdenes del gobierno de Alberto Fujimori. Se verificó luego que los atacantes buscaban atacar una reunión de subversivos senderistas que en realidad tuvo lugar en el segundo piso del inmueble (mientras que la pollada y el ataque se llevaba a cabo en el primer piso).
Masacre de Santa
La Masacre de Santa fue una masacre de campesinos llevada a cabo el 2 de mayo de 1992 por el Grupo Colina en la provincia de Santa en el departamento de Áncash, en la sierra de Perú, en el marco del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More murieron en la masacre. Tras llevar a cabo la masacre, miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operaba fuera del Ejército peruano, pintaron grafitis pro-senderistas, como parte de una operación de bandera falsa. En la actualidad, todos los miembros del Grupo Colina se encuentran encarcelados.
Masacre de La Cantuta
Tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992. En La Masacre de La Cantuta el profesor decano de la facultad de biología Hugo Muñoz Sánchez y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar (Grupo Colina), pertenecientes al Ejército Peruano aduciendo que eran Terroristas.
Autogolpe de Estado y cierre del congreso
La oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, se sintió ofendida porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley dados por el Legislativo. Asimismo, una comisión del Senado investigaba los casos de violaciones a los derechos humanos, por los que fue juzgado y se encuentra actualmente preso Fujimori.
Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori decidió, el 5 de abril de 1992 disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, tomar medios de comunicación —radiodifusoras, canales de televisión y periódicos de difusión nacional.6 Lo que generó tensiones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Fujimori tenía como premisa cumplir sus promesas electorales. Esta acción la realizó el Jefe de Estado a través de una emisión televisiva a nivel nacional. Esto se daría horas antes de que la Asamblea realizará la revisión de decretos, los cuales darían muchas prerrogativas a los militares para eliminar el terrorismo que se consideraban un exceso y una violación a los derechos humanos. Esta medida tomada por el presidente fue muy aceptada por la población peruana un 80 % de apoyo esta decisión. Sin embargo, mientras que dentro del Perú se aceptaba las medidas del Presidente, en el exterior las distintas organizaciones miraban con recelo a lo que sucedía en el país. Lo consideraban “una ruptura del orden democrático” con una estabilidad para concertar negocios o convenios con organismos internacionales y/o transnacionales.
El 21 de noviembre del año 2000, el congreso de la Republica, destituye al Presidente Alberto Fujimori por incapacidad moral, luego que se descubriera la gran red de corrupción que manejaba junto con su asesor Vladimiro Montesinos.
Captura de Abimael Guzmán con desconocimiento de Fujimori y Montesinos.
El general PNP (r) Antonio Ketín Vidal y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez coinciden en relatar que Fujimori y Montesinos desconocían que el 12 de setiembre sería intervenida la casa donde se sospechaba que se escondía Abimael Guzmán. Había un plan gubernamental para asesinar al cabecilla, pero Vidal y Jiménez estuvieron en desacuerdo. El general Antonio Ketín Vidal dejó en claro que ni Alberto Fujimori ni Vladimiro Montesinos estaban enterados de la captura de Abimael Guzmán.
Su propia Constitución de 1993 A su medida
El Congreso Constituyente Democrático aprobó el 4 de septiembre de 1993 la Constitución que debería someterse a referéndum. Los peruanos la aprobaron el 31 de diciembre por 52,9 % de votos a favor y 47,1 % en contra y fue promulgada el 29 de diciembre de 1993.
Corrupción
Degregori sostiene que “el objetivo del régimen era la despolitización del electorado el clásico pan y circo.” (101:2012). Esta afirmación se materializa en la compra de diversos canales de televisión, así como de la prensa escrita y la promoción de los diarios chicha. Respecto a la televisión, aparecen los primeros talk-show tales como el programa de Laura Bozzo, entre otros, hacia finales de los noventa. De modo que, “no había programas políticos; las notas policiales abrían los noticieros, seguidas por “temas humanos”; no se permitía siquiera propaganda electoral pagada al contado.” (100-101:2012). Debido a ello, distintas figuras tales como César Hildebrandt, Nicolás Lúcar, Eduardo Guzmán y Jaime de Althaus; renuncian a sus puestos por presunta incompatibilidad. En suma, la política pasó a segundo plano. Asimismo, la politización de la mayoría de diarios fue excepcional.
A partir de estos dos medios, Fujimori empezó a desplegar lo que llamaremos una estrategia política que contaba con tres ejes. (Degregori 102:2012). Para empezar, se impulsó una propaganda masiva a favor del gobierno. En segundo lugar, se desarrolló “una campaña masiva e inédita de difamación y calumnia contra los candidatos de oposición” (102:2012). Esto último se vio evidenciado en la campaña de feminización a los opositores. Finalmente, se impuso y reavivaron los “viejos miedos o la inoculación de otros nuevos”. (102:2012).
Por último, los Vladivideos representan la caída del gobierno fujimorista. Estos fueron entregados por Fernando Olivera y Luis Ibérico el 14 de septiembre del 2000. Asimismo, el primer Vladivideo fue uno en el que Montesinos le entregó 15 mil dólares a Alberto Kouri con la finalidad de que integre la bancada de Cambio 90/Nueva Mayoría. De modo que, vemos que parte de la corrupción en dicho gobierno implicó la compra de políticos ya sea para votar a favor de propuestas oficialistas o para integrar su bancada. La aparición de dichos videos creó un clima de descontento y manifestaciones generalizado. Debido a ello, el 16 del mismo mes, Fujimori brinda un mensaje a la nación donde, entre otras cosas, convoca a nuevas elecciones. Los días posteriores, muchos políticos, incluyendo a Montesinos, fueron del país y renunciaron a sus cargos. Además, el 13 de noviembre del 2000 Fujimori viaja a Brunéi para asistir a la APEC que se desarrollaba en dicho país. Luego de ello, el 17 del mismo mes viaja a Japón y fue desde allí donde envió un fax con su renuncia a la presidencia del país un 20 de noviembre del 2000.
FUJIMORI CONDENADO POR CORRUPCIÓN
Para Carlos Rivera Paz del Instituto de defensa Legal la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en el caso conocido como el pago de la «CTS de 15 millones de dólares», ha condenado al ex presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori por la comisión de los delitos de peculado y falsedad ideológica, y le ha impuesto 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de 3 millones de nuevos soles.
Para el tribunal que preside el magistrado César San Martin Castro, los delitos señalados en la acusación del Ministerio Público están plenamente demostrados. Efectivamente, la fiscalía acusó a Fujimori por haber cometido delito de peculado al haber sustraído 15 millones de dólares del tesoro público y haberlos entregado a su ex asesor Vladimiro Montesinos, para lo cual de manera fraudulenta el propio Fujimori emitió un decreto para garantizar el retiro de esos recursos del presupuesto del Ministerio de Defensa.
La sentencia condenatoria La sentencia determina que Alberto Fujimori tuvo un rol preponderante en la ejecución de los delitos. En ese sentido, la resolución judicial señala que está demostrado que fue el entonces Presidente de la República quien, luego de la propalación del video «Kouri-Montesinos» el 14 de setiembre de 2000, conversó y negoció con Vladimiro Montesinos su salida del régimen y días después el mismo acusado Fujimori ordenó a los ministros de Economía y Defensa realizar la operación presupuestal para retirar un monto superior a los 52 millones de soles; posteriormente, el día 22 de setiembre de aquel año, nuevamente emitió órdenes para que en ese mismo día se retire el dinero, se realice la operación de cambiarlos a dólares y en horas de la noche sea entregado en efectivo a su asesor presidencial Montesinos Torres. Fue Alberto Fujimori quien garantizó que semejante operación se ejecute en pocas horas y en un solo día.
Para el tribunal los hechos determinan de manera evidente la comisión de un delito. El tribunal, respecto de la comisión de los hechos, ha declarado que Alberto Fujimori utilizó medios fraudulentos para cometerlos, los cuales asumen un mas intenso grado de antijuridicidad, por el hecho que quien los cometió fue nada menos que el Presidente de la República. De igual manera, declara la sentencia que si bien es conocido que luego de escuchar la acusación oral del fiscal supremo Avelino Guillén, el acusado Alberto Fujimori declaró que se acogía al procedimiento de conclusión anticipada, lo cierto es que el tribunal ha valorado que no ha contribuido al esclarecimiento de los hechos. Además, considera el tribunal que en la única declaración sobre los hechos el acusado cuestionó el rol de la justicia y ofreció una versión de los hechos carente de seriedad, al punto -según lo considera el tribunal- de manifestar una versión inverosímil sobre le supuesto hallazgo de los 15 millones de dólares en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) el mismo que hacía más de un mes había sido desactivado.
Sobre los argumentos expuestos por la defensa de Alberto Fujimori referidos a que, (1) en el presente caso no habría delito de peculado porque el dinero inicialmente sustraído al tesoro público el 22 de setiembre de 2000, habría sido restituido el 3 de noviembre de ese año por decisión de Alberto Fujimori y por lo tanto no se habría materializado un daño al Estado; y (2) no hay delito de falsedad ideológica porque emitir decretos es parte de las atribuciones constitucionales del presidente de la república por lo que es irresponsable penalmente, la sentencia ha declarado que ese argumento de la defensa adolece de incoherencias dogmáticas.
El tribunal señala que, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, asume que el delito de peculado se ejecuta cuando hay un acto de disposición de caudales tal como ha ocurrido en el presente caso. Siendo así el argumento de la defensa y del propio acusado Fujimori son absolutamente contrarios a un Estado constitucional, porque en caso de aceptarlos significaría que el propio presidente puede generar impunidad sobre sus propios actos, más aun como en el presente caso tenemos un acusado que participó activamente para materializar los delitos.
El significado político del juicio y la sentencia Este no solo es un caso simple pero contundente y en el que, además, todo está demostrado, sino que además este es un caso en el se puede demostrar dos cosas sumamente importantes: (1) la relación criminal existente entre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en el manejo delictivo de los recursos del Estado, y (2) el rol protagónico de Alberto Fujimori en la corrupción perpetrada durante su gobierno. El hecho político es que el fujimorismo y especialmente la candidata Keiko Fujimori habían negado hasta la saciedad que el hoy condenado Alberto Fujimori jamás había conocido las actividades ilícitas y corruptas del ex asesor presidencial y que jamás había estado involucrado en acto de corrupción alguno. Este caso trae por los suelos esas afirmaciones.
Lo último que le interesaba al fujimorismo es que su jefe político afronte un juicio oral televisado en el cual tenga que responder sobre las razones que lo llevaron a sustraer dinero del Estado y sobornar a su asesor presidencial Vladimiro Montesinos y, además, en el que Fujimori habría tenido que explicar públicamente de dónde y cómo obtuvo los otros 15 millones de dólares que el 3 de noviembre de 2000 devolvió al Estado. Tampoco estaban dispuestos a soportar un juicio de varios meses en el que la ciudadanía aprecie la forma corrupta con la que el presidente Fujimori manejaba los recursos del Estado. Por ello se ha optado por el mal menor.
Por ello optó por invocar una conclusión anticipada para evitar declarar sobre estos asuntos tan delicados para el fujimorismo, porque el hecho de que un Presidente de la República sustraiga dinero del tesoro público para sobornar a su asesor aquí y en cualquier parte del mundo se llama corrupción. El hecho concreto es que hoy día Fujimori ha sido nuevamente condenado y ahora por corrupción de funcionarios por haberse apropiado de dineros del Estado, y nuevamente la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema se erige como un precedente fundamental para nuestro país y para la región, y como un muy claro mensaje sobre el rol de la justicia en la lucha contra la corrupción. En esa dimensión, es una sentencia histórica que constituye de alguna manera la coronación del bastante debilitado sistema de justicia anticorrupción que instauró el presidente Valentín Paniagua a fines del año 2000, porque luego de haberse demostrado la existencia de una organización criminal dedicada a apropiarse de los dineros del Estado jefaturada por el propio jefe de Estado, resulta sumamente relevante que el sistema de justicia determine en una sentencia la responsabilidad penal de quien dirigió esas acciones criminales.
En este punto resulta absolutamente necesario destacar el rol fundamental que ha cumplido el Ministerio Público y hay que decirlo, especialmente el fiscal penal supremo Avelino Guillén, en ayudar a demostrar los hechos y las responsabilidades penales del corrupto Alberto Fujimori. ¿Cuál será la reacción del fujimorismo frente a esta sentencia?
Más allá del desubicado comentario del abogado defensor de Fujimori calificando la sentencia como política, lo más probable es que el fujimorismo y especialmente la señora Keiko Fujimori responda con un largo silencio para evitar que alguien les haga alguna pregunta incómoda y los termine confrontando con sus propias afirmaciones sobre las aparentes distancias de su padre con Montesinos.
1 Ideelemail Nº 604, 20 de julio del 2009
Las millonarias deudas de la corrupción fujimorista
Casi el total de la deuda acumulada de las reparaciones civiles por corrupción (99,9%) corresponde a delitos cometidos durante los dos gobiernos de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos y a otras penas por casos de corrupción. Vladimiro Montesinos y Fujimori deben S/. 546,6 millones.
En enero de 1991, al norte de la ciudad de Lima, un adolescente de 16 años ingresó de emergencia al hospital de Chancay por presentar vómitos, diarrea, dolor abdominal y calambres en las piernas. Se trataba del primer caso clínico de cólera registrado en el país, una enfermedad que en los siguientes 8 años ocasionó la muerte de más de 5.200 personas en todo el Perú y cuyo contexto el entonces gobierno de Alberto Fujimori usó para favorecer la compra sobrevalorada de medicamentos que generaron la pérdida de US$ 190 millones al Estado.
Mientras el cólera se extendía en todo el país y mataba a miles de peruanos en extrema pobreza, Fujimori y su ministro de Industria, Víctor Joy Way (vinculado a empresas dedicadas a la importación de medicamentos desde China), firmaron decretos supremos con la finalidad de facilitar la importación de medicinas, material quirúrgico y tractores con la justificación de combatir la epidemia. Pero las compras, estimadas en US$ 312 millones, fueron sobrevaloradas y significaron una pérdida para el Estado de casi US$190 millones (S/. 627 millones).
VLADIVIDEOS. Las imágenes de los vladivideos de los 2000 videos muestran a Vladimiro Montesinos entregando dinero a vocales, miembros de jne, Alcaldes, ministros, congresistas, magistrados, comandantes delas fuerzas armadas, diferentes empresarios: de televisión.
Solo 14 años después y durante un nuevo gobierno, el 25 de febrero del 2005 Joy Way fue condenado a 8 años de cárcel y al pago una reparación civil a favor del Estado de S/. 10 millones. Ese mismo año fue sentenciado a 4 años de cárcel y al pago de S/. 1 millón por haber participado en una reunión en la que Vladimiro Montesinos entrega US$ 350.000 al exdueño de Panamericana Televisión, Ernesto Schütz, para comprar su línea editorial y garantizar su apoyo a Alberto Fujimori.
En su libro «Historia de la Corrupción», el historiador Alfonso Quiroz* ha estimado los costos que la corrupción de estos y otros casos han dejado en el presupuesto público. Sus cálculos establecen que durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente US$ 2.038 millones por la corrupción de funcionarios.
Víctor Joy Way actualmente está libre, pero no ha pagado sus deudas con el Estado: debe S/. 11 millones del pago de reparación civil. No es, sin embargo, el único moroso ni es el que más debe. El poderoso exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, deben S/. 546,6 millones (que representa el 27,8% de toda la deuda por corrupción en 15 años) y S/. 27’460.216, respectivamente.
LA PESADA HERENCIA DEL FUJIMORISMO
¿Quiénes son los que más deben? Ojo-Publico.com elaboró un ranking de los mayores deudores a partir de los registros extraidos del portal público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualizados a noviembre del 2015.
Las deudas por reparaciones civiles de todos los condenados por corrupción entre el año 2000 y el 2015 ascienden a S/. 1.963’592.000. De este monto, el 99,9% (S/. 1.961’629.000) corresponde a las deudas de 200 funcionarios públicos o terceros responsables del gobierno de Fujimori involucrados en delitos de peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, homicidio calificado y otros.
UN DETECTOR DE DEUDORES. Conoce en esta aplicación quiénes son y cuánto deben los corruptos del Estado.
Con estas millonarias deudas impagas se podría cubrir el presupuesto de programas sociales como Juntos -que beneficia a 333.790 familias- o Pensión 65 -con alrededor de medio millón de usuarios- por un periodo de dos años, construir 60 colegios emblemáticos al interior del país, edificar 5 hospitales regionales o cubrir 2,3 millones de remuneraciones mínimas vitales.
Vladimiro Montesinos, preso desde el 2001 en la Base Naval del Callao, concentra el 27,8% de toda la deuda acumulada, con US$ 165 millones de pago pendiente. Según los estudios de Quiroz, basados en investigaciones efectuadas por el Congreso y el Poder Judicial luego de la salida del gobierno de Alberto Fujimori, la red operada por el asesor presidencial desvió solo en el caso de presupuesto destinado al servicio secreto alrededor de US$ 450 millones (S/. 1.485 millones); y otros US$ 200 millones (S/. 660 millones) en el robo a la Caja de Pensiones Militar Policial.
MILLONARIAS COMPRAS. A US$ 80 millones ascendieron las adquisiciones de productos chinos por el exministro Joy Way durante el fujimorismo. / Fuente: Historia de la corrupción en el Perú, página 433.
En el desfalco a la Caja Militar Policial estuvieron involucrados, como principales testaferros de Montesinos, Juan Silvio Valencia Rosas, Juvenal Mendivil Dávila y Víctor Alberto Venero que adeudan en total S/. 865 millones en reparaciones civiles. A ellos se suma el exgerente general de esta institución, César Enrique Victorio Olivares, y su exfuncionario Kenny Dante Valverde Mejía, con S/. 209 millones.
Las deudas de Alberto Fujimori suman S/. 27’460.216 y corresponden al pago de reparaciones civiles por los delitos de allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra (esposa de Montesinos), para apropiarse de los ‘vladivideos’; el espionaje contra opositores al régimen; la compra de líneas editoriales a medios de comunicación; el pago a congresistas tránsfugas para obtener mayoría en el Congreso; y el millonario pago de CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) a su asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori no ha pagada aún nada de esta deuda.
ROSTROS DE LA CORRUPCIÓN. Los 15 personajes con mayores deudas por delitos de corrupción cometidos durante el fujimorismo.
En la lista de los mayores deudores del Estado se encuentran también José Francisco y José Enrique Crousillat, expropietarios de América Televisión, que vendieron la línea editorial de su canal. El padre e hijo recibieron cerca de medio millón de dólares al mes, entre noviembre de 1999 y abril del 2000 de parte de Montesinos para apoyar al gobierno de Fujimori. El padre fue condenado a ocho años de prisión el 2006 y el hijo cumplió la pena de 8 años de prisión el 2013. Ambos aún tienen una deuda pendiente de S/. 159 millones.
De todas las sanciones impuestas en reparaciones civiles, los personajes ligados al fujimorismo solamente han cancelado S/. 12,3 millones, monto que representa el 0.6% de los S/. 1.977 millones impuestos por el Poder Judicial.
¿QUIÉN COBRA LAS DEUDAS?
Los sentenciados por corrupción no pagan sus deudas porque dicen que no existe obligación legal para hacerlo. La Constitución Política del Perú señala que no es posible enviar a prisión a los ciudadanos por estas circunstancias—a menos que se trate de pensiones alimenticias donde se pone en riesgo la salud de otras personas— con el fin de evitar que la libertad se vea condicionada a la capacidad adquisitiva.
CORRUPCIÓN. En más de 100% aumentó el promedio anual de costos por corrupción durante el fujimorismo. / Fuente: Historia de la corrupción en el Perú, página 439.
Sin embargo, José Ugaz Sánchez-Moreno, primer exprocurador anticorrupción y hoy presidente de Transparencia Internacional, explicó a Ojo-Publico.com que existen otros mecanismos que podrían hacer efectiva la cobranza. «Lo primero que tendría que hacerse es una evaluación para priorizar a las personas que más dinero deben, luego hacerles una investigación patrimonial, identificar los recursos que tienen y luego proceder a los embargos que correspondan», señaló.
Esta tarea no siempre es sencilla porque gran parte de los acusados al momento de su sentencia no registra patrimonio elevado. Durante el proceso judicial, los denunciados transfieren sus bienes a nombre de terceras personas o lo venden todo. El procurador anticorrupción Joel Segura Alania reconoció a Ojo-Publico.com que «nunca ha habido una política sostenida en el sistema en general de lucha contra la corrupción» y que «los temas se han manejado coyunturalmente, han respondido como han podido responder para calmar el reclamo, para decir que estamos haciendo algo, desde mi punto de vista, para mediatizar los casos».
* QUIROZ, Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú. 2da ed. Lima, IEP; 2013 (Colección Popular, 05)
Notas
1. Diversas personas tienen más de una condena firme.
2. En esta relación no aparecen las personas condenadas cuya apelación a la sentencia no ha sido resuelta por el tribunal superior (los miembros del destacamento Colina, por ejemplo).
3. En esta relación tampoco aparecen las personas que, admitiendo su Responsabilidad en actos de corrupción fujimontesinista, se acogieron a la Colaboración Eficaz.
El caso Keiko Fujimori, la Fiscalía pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori, Ministerio Publico acusa a la Jefa Montesinista de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica (contra la fe pública) u obstrucción a la justicia por supuestos aportes ilícitos en las campañas de 2011 y 2016, Ya estuvo en prisión preventiva 16 meses. Candidata presidencial en segunda vuelta 2021.
Yuri Ivan Zuñiga Castro, egresado de la UNMSM facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Experto en Anticorrupción.
Bibliografia:
1) Wikipedia,
2) Carlos Rivera Paz del Instituto de defensa Legal, Fujimori condenado por Corrupción. 2009
3) @ojo_publico, ojopublicoperu@gmail.com, 4 Junio, 2016, Rocío Romero.
4) SINCORRUPCION Hacia una verdadera Participación.
5) DOSSIER COLECCIONABLE. La Republica, LOS HECHOS PROBADOS EN LA SENTENCIA, 8/04/2009.
6) FUJIMORI CULPABLE, Juicio a Fujimori, Coordinadora de Derechos Humanos.
7) Ética y corrupción en la Administración de Justicia, Tesis de Yuri Iván Zúñiga Castro.
8) Correo, pagina 1 y 2, viernes 12 de marzo 2021 Director periodístico: Iván Slocovich Pardo.
