Escrito por: Renzo Díaz Giunta
Actualmente, diversos países y ciudades del mundo continúan padeciendo por la expansión del COVID-19. A través de la toma de medidas como la cuarentena y la obligatoriedad del uso de mascarillas, las naciones buscan detener el avance del coronavirus. La alta transmisividad del virus ha logrado que la tasa de contagiados a nivel mundial ascienda a más de 10 millones, así como más de 500 mil muertos. Por ello, la comunidad científica, a través de instituciones gubernamentales, universidades, laboratorios privados y empresas, ha optado por emprender investigaciones que conlleven al desarrollo de una cura que ponga fin a este mal.
Diferentes vacunas contra el coronavirus se encuentran en diversas etapas de pruebas y provienen de equipos científicos del Reino Unido, China y Estados Unidos, entre otros. Cabe destacar que, es la inglesa, desarrollada por la University of Oxford y producida por la farmacéutica AstraZeneca, en la que muchos líderes mundiales depositan su confianza. Encontrar la cura, sin duda, es un engorroso y complicado proceso. Pero lo más difícil está aún por venir, ya que con la obtención de una vacuna que sea efectiva contra el coronavirus, las naciones del mundo emprenderán una competitiva carrera por ser los primeros en adquirirla.
El COVID-19 aqueja a toda la humanidad y no solo pone en peligro la salud de las personas, sino sus vidas. Si bien esta no es la primera pandemia que padece la humanidad, ha evidenciado las deficiencias que posee la legislación internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto se debe a que, una vez descubierta la vacuna, no será un bien de acceso universal ni masiva. Por ende, serán aquellos países con el mayor poder adquisitivo los llamados a la mesa de negociaciones para que, la institución o empresa que ha elaborado vacuna pueda escuchar quién está dispuesto a pagar más para cumplir con sus expectativas de ganancia.
Así es como opera el mercado siempre y su sustento se basa en la libertad de contratar, derecho consagrado en muchas constituciones alrededor del mundo. No obstante, con lo que respecta a la cura de una enfermedad que originó una pandemia mundial, deberían operar otras formas de proceder más justas y menos discriminatorias, al ser encontrarse vidas en riesgo. No hay seres humanos que sean menos por vivir en la pobreza ni porque sus países carezcan de los recursos económicos para afrontar una crisis sanitaria. Toda vida humana es valiosa y es necesario que los instrumentos normativos de la legislación internacional ratifiquen la inviolabilidad e intangibilidad de la dignidad humana; fin supremo de la sociedad y el Estado, a través del establecimiento de un acceso universal y masivo de vacunas, en tiempos de pandemia mundial.
Cabe destacar que, durante la pandemia del coronavirus, lo acontecido con las mascarillas y los ventiladores mecánicos ha evidenciado que, en tiempos de crisis, el mercado llega a ser voraz. Ello se debe a que, los precios suben por la gran demanda y, quienes más tienen, optan por comprar más de lo que necesitan; generando escasez, desabasto y aumento de precios. Naturalmente, esto perjudica en sobremanera a los países con escasos recursos. Además, la desesperación que genera la propagación del virus puede llevar a las naciones a tomar decisiones imprudentes como República Checa que, a fines de marzo del 2020, confiscó mascarillas que China envió para Italia. Con la tasa de contagiados y muertos en aumento, no cabe duda de que todas las naciones querrán ser las primeras en recibir la vacuna para sus ciudadanos; sin embargo, solo unos cuántos países accederán a la cura primero y el factor imperante no será la necesidad por la gran cantidad de casos, sino su solvencia económica.
Por ello, es necesario dotar legalmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la facultad exclusiva y excluyente para adquirir vacunas de enfermedades epidémicas que se extiendan a escala regional, continental o, mundial; como es el caso del COVID-19. A través de la ONU y la cooperación de las naciones del mundo, es posible llegar a un consenso para pactar ello y, establecer un fondo solidario que servirá a la OMS para adquirir vacunas para las devastadoras enfermedades epidémicas como el COVID-19, a nombre de la humanidad. Es trascendental que se canalice a través de la OMS las negociaciones con las empresas e instituciones que hayan descubierto la cura, así se podrá asegurar, con la compra de esta, que sea un bien de acceso universal y que se le pueda dar prioridad, en la distribución de las dosis, a países que no han podido controlar la propagación del virus y cuyo índice de contagios es muy alto. Además, que se puedan destinar muestras a los diversos laboratorios de los países con la tecnología suficiente para intensificar los esfuerzos de una producción masiva y, con ello, todos puedan acceder a la cura.
En suma, es inconcebible que se siga perpetuando un proceso de adquisición y distribución de vacunas que atenta contra la vida humana al anteponer el lucro y donde se acrecientan las brechas de desigualdad entre los países. En materia de salud pública, en plena pandemia mundial, la prioridad tiene que ser salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Subastar la cura al mejor postor es darle la espalda a la humanidad y permitir que la inescrupulosidad de hacerse rico a costa de la vida de otros impere. Debido a que la vida de sus ciudadanos se encuentra de por medio, algunos países serían capaces de recurrir a iniciar conflictos armados para robar la cura; la historia nos enseña que otras guerras han comenzado por menos. El no contar con un marco internacional que regule el acceso universal y distribución masiva de una vacuna, que vincule a todos los países, es una crisis de Derechos Humanos. Desplegar indiferencia y egoísmo, en tiempos tan críticos como este, solo conllevan a la extinción de nuestra humanidad, por ende, estar a la altura de las circunstancias amerita solidaridad y una política internacional de vacunas con el bien común como principio rector.
