(Foto: @TC_Peru) Con cuatro votos a favor y dos en contra, el TC desestimó la demanda de las grandes empresas peruanas.
Lima, 22 sep (Prensa Latina) El Tribunal Constitucional (TC) rechazó hoy una demanda que hubiera impedido al Estado peruano cobrar cerca de tres mil millones de dólares por impuestos impagos de 158 grandes empresas transnacionales y locales.
Tras varias horas de debate, la corte rechazó la demanda por cuatro votos, de la titular del TC, Marianella Ledesma, y los vocales Eloy Espinosa, Manuel Miranda y Carlos Ramos, frente a los del proyectista del fallo debatido, Ernesto Blume, y de Augusto Ferrero, que se pronunciaron por la reclamación.
El séptimo integrante de la corte, José Sardon, se inhibió de participar por un conflicto de interés debido a tiene un hermano que es gerente de la filial chilena del banco Scotiabank, que tiene la mayor deuda entre las 158 empresas.
Una sentencia favorable a la demanda hubiera impedido al Estado cobrar un total de nueve mil 258 millones de soles (dos mil 645 millones de dólares), por defectos detectados en las declaraciones de impuestos de esas compañías correspondientes a 2007.
El juez Blume alegó en favor de la solicitud que planteaba lo inconstitucional de un decreto gubernamental que ratificó los plazos de prescripción, al considerar su aplicación retroactiva por lo que carecía de legalidad.
Sin embargo, los magistrados contrarios a la demanda señalaron que el decreto es plenamente válido y lógico, pues deja sentado que el plazo de prescripción, de cuatro años, solo se cuenta desde que la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) detecta los impuestos faltantes.
‘Que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción’, declaró la jueza Marianella Ledesma.
Miranda defendió el derecho del Estado a legislar en materia tributaria y Espinosa señaló que el citado decreto no afecta al derecho de los contribuyentes, pues solo precisa los plazos que se venían aplicando.
Horas antes, el presidente Martín Vizcarra dijo que confiaba en que el TC tome la decisión más adecuada, que no podía ser la prescripción, porque se debería permitir que las partes analicen y discutan las deudas.
Un fallo adverso al Estado hubiera favorecido a transnacionales como Latam, de Chile; Telefónica, de España, y la cuestionada Odebrecht, de Brasil, así como universidades y clínicas privadas.
