El gobierno peruano tomó la administración y operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, una red de servicios mayoristas de telecomunicaciones de tamaño nacional en ese país, que hasta hace unos días tenía en concesión la empresa Azteca Comunicaciones, a su vez subsidiaria peruana del Grupo Salinas de México.
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(EL ECONOMISTA 19 / 01 / 2022) El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), tomó la administración y operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, una red de servicios mayoristas de telecomunicaciones de tamaño nacional en ese país, que hasta hace unos días tenía en concesión la empresa Azteca Comunicaciones, a su vez subsidiaria peruana del Grupo Salinas de México.
La toma del control de la Red Dorsal por el Estado peruano, a través de Pronatel, resultó de una caducidad del plazo legal de seis meses que se fijó entre la autoridad y la empresa concesionaria, para que ésta última abandonara la operación de esa infraestructura debido a que no hacía más sentido a su plan de negocios.
La intervención del Pronatel en esta historia se perfilaba como una suerte de interventor cuyo trabajo sería buscar un nuevo concesionario que mantuviera la operación de la Red Dorsal y el nombre del consorcio integrado por las empresas Gilat y Optical Networks, que han construido redes de fibra óptica por toda el área metropolitana de la ciudad de Lima, sonó en la industria peruana como el sucesor de Azteca Comunicaciones.
Pero esta semana, el Pronatel se acogió a la resolución 689-2021 MTC/01 del MTC que trata la caducidad del contrato de concesión de la Red Dorsal a favor de la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y decidió unilateral y provisionalmente tomar el control de esa infraestructura.
Esta determinación del Pronatel y del MTC causó revuelo en la industria peruana de telecomunicaciones, pues esa entidad estatal no cuenta con una concesión que la ampare en la operación de la Red Dorsal, y en tanto el mismo Pronatel reconoció que no se ha firmado un acta entre el gobierno peruano y Azteca Comunicaciones, respecto a la reversión de la totalidad de activos de la Red Dorsal al Estado peruano, por lo que este último hecho podría animar al grupo mexicano a llevar su caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
En julio del 2021, el anterior gobierno peruano dio por terminado el contrato que habilitaba la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a favor de la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., vigente desde el 2014, y se dio un plazo de seis meses para afinar una tersa salida de Azteca Comunicaciones de dicha concesión.
La determinación de esa autoridad obedecía a un asunto de interés público del Estado peruano para aprovechar de mejor manera la infraestructura de alcance nacional de dicha red, debido a que la Red Dorsal enfrentó problemas desde su origen para alcanzar la rentabilidad, porque desde su concepción se le impuso una política tarifaria fija que resultó poco atractiva para los potenciales clientes.
Ya desde marzo del 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había iniciado un procedimiento de resolución y de audiencias públicas para conocer las posiciones del gobierno y la empresa respecto al futuro de la Red Dorsal.
La caducidad de la concesión inició el 14 de julio y por un plazo de seis meses naturales, periodo que Azteca Comunicaciones debió aprovechar para iniciar y concluir, a favor del Estado, el proceso de reversión de los activos que formen parte de la Red Dorsal, en tanto que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) sería la entidad que después aseguraría la continuidad del servicio para los actuales clientes, con la búsqueda de un nuevo concesionario. La temporalidad que el Pronatel puede operar la Red Dorsal sería de hasta tres años e incluso, podría subcontratar a un tercero para esa misión y hasta que el gobierno decida el nuevo modelo de operación.
En una de las audiencias públicas, la empresa Azteca Comunicaciones mostró su inconformidad con la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y anunció que recurriría a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI), de esta manera desde entonces se advirtió que se abriría un nuevo capítulo para la atribulada historia de la Red Dorsal.
El 16 de marzo del 2021 fue cuando el gobierno peruano resolvió acogerse a una cláusula de contrato que puso fin a la concesión que permite a Azteca Comunicaciones explotar la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de Perú, una infraestructura de red de transporte que tuvo la intención de conectar ese país a Internet, pero que hasta el último día de 2020 sólo era utilizada en 3.2% de su capacidad total instalada. No se conoce todavía una cifra oficial para el último día del 2021.
La determinación del Estado peruano, unilateral y por interés público, resultó entonces de no encontrar coincidencias después de una serie de propuestas y contrapropuestas con Azteca Comunicaciones, filial peruana del Grupo Salinas, para sacar mejor provecho a los 13,500 kilómetros de fibra óptica de la Red Dorsal.
Para el gobierno de Perú, la Red Dorsal significa reembolsar con cerca de 5 millones de dólares cada trimestre a esa empresa concesionaria por la administración, mantenimiento, expansión y explotación de una infraestructura a la que hoy se conecta una docena de empresas.
Ahora, Perú escribirá nuevas reglas para re-adjudicar la Red Dorsal a un nuevo operador hacia mediados del 2022, que podría ser una empresa pública o privada, e incluso la misma Azteca Comunicaciones, si para esta compañía hace sentido volver a explotar esa red bajo otras condiciones y criterios regulatorios.
Azteca Comunicaciones ya había deslizado a inicios del 2020 su intención formal de abandonar la explotación de la Red Dorsal, cuyo contrato firmó en el año 2014 con el gobierno de ese país para llevar conectividad de voz, datos y video a las 180 ciudades peruanas de mayor relevancia, esto a través del tendido de una red mayorista de alta capacidad y financiada con aproximadamente 323 millones de dólares venidos del Estado peruano.
El proyecto, novedoso en su tipo en el 2011-2012 que se pensó y para algunos equivalente a la malograda Red Troncal de México, enfrentó obstáculos para su crecimiento, principalmente por una política regulatoria que obligaba a su concesionario, Azteca Comunicaciones, a establecer una tarifa fija hasta tres veces más cara que la competencia para el transporte de datos por toda la red.
Otro de los inconvenientes estuvo en que el trazo de la red fue concebido también sobre plazas en la que ya existían otras redes de transporte o donde terceros operadores construían sus propias infraestructuras, una superposición de redes que entonces poco apoyó al despegue de la Red Dorsal. Al cierre del 2020, un 60% de la infraestructura instalada de la Red Dorsal coincidía con las coberturas de las redes construidas por terceros operadores.
En el mejor de los años que Azteca Comunicaciones manejó la Red Dorsal, la compañía consiguió atraer a cerca de 30 clientes, entre ellos a la chilena Entel, pero que apenas llenaron el 7.0% de la red con su tráfico.
Todos estos motivos también animaron a Azteca Comunicaciones a solicitar en 2020 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la caducidad del contrato de explotación. La dependencia respondió en junio de ese año con una propuesta de la que se presumió extraoficialmente que se le permitiría a la compañía establecer una política de flexibilidad tarifaria por volumen de datos transportados y en regiones geográficas y de mercado muy específicas; y también se le permitiría dar manejo al tráfico internacional de Perú con Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia, a través de los nodos de la Red Dorsal que interconectan al país con sus vecinos.
Las nuevas condiciones hubieran dado oxígeno al negocio de Azteca Comunicaciones para competir con mayores herramientas en el sector de telecomunicaciones peruano, aunque ello hubiese significado también que en algún momento la compañía dejaría de recibir los reembolsos que el Estado paga a la empresa y fijados en la firma del contrato original por la administración de la Red Dorsal, pues Azteca Comunicaciones estaría entonces en posibilidad de allegarse de recursos a través de la base clientes que eventualmente iría construyendo.
Como se perfiló desde julio del 2021, la concesionaria Azteca Comunicaciones salió de la Red Dorsal en la semana del 16 de enero del 2022.
(*) Nicolás Lucas-Bartolo
