(PORTADA HISPANA 10 / 06 / 2022) “La delincuencia ha superado la capacidad del accionar no sólo de la Policía, sino de todas las instituciones públicas encargadas de combatirla, esto es el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE”, señaló César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana APROSEC.
“No se puede combatir la criminalidad creciente sino existe voluntad política de parte del gobierno y en estos momentos no vemos que el actual gobierno tenga la voluntad de hacerlo”, señaló.
“Las cifras de las estadísticas de la criminalidad y la violencia siguen subiendo y están alcanzando niveles muy altos, siendo la extorsión la modalidad que más está preocupando por el número de muertos que significa”, dijo César Ortiz Anderson.
“El 18.6% estimado por el INEI que corresponde al porcentaje de la población mayor de 18 años víctima de la delincuencia es mucho mayor ahora”, comentó el presidente de APROSEC.
“Tampoco existe una política de Estado a largo plazo para combatir la inseguridad ciudadana. Lo que ha sucedido en los diferentes gobiernos es que cada gestión de turno aplica políticas a corto plazo, con fines inmediatistas cuando la seguridad ciudadana debe ser una política de Estado, no la política de turno de un partido o un presidente. En parte la situación actual de la inseguridad ciudadana actual es el resultado de varios gobiernos que aplicaron políticas de corto plazo”, indicó el especialista en seguridad ciudadana.
“Por ejemplo, cuando PPK aceptó la migración venezolana en el Perú, APROSEC advirtió en ese entonces sobre el peligro que esto representaba y no nos equivocamos porque se calcula en 25 mil los delincuentes que entraron a nuestro país procedentes de Venezuela, que no se trata de delincuentes comunes sino de una criminalidad organizada que aplica métodos sanguinarios como lo son las organizaciones conocidas como el Tren de Arangua o los Malditos del Rólex”, explicó Ortiz Anderson.
“Las organizaciones criminales venezolanas se han posicionado en los distritos de las principales ciudades y controlan la prostitución y la venta de drogas, pero no sólo son bandas venezolanas, también están operando organizaciones colombianas y ecuatorianas, además de bandas europeas que se dedican a la clonación de tarjetas de crédito. El Perú se ha convertido en un país atractivo para el crimen internacional”, afirmó.
“Vemos que el actual gobierno culpa de la inseguridad ciudadana a la Policía, atribuyéndole la responsabilidad política cuando desde la perspectiva de APROSEC esto no es así. Lo que sucede es que la Justicia está trabajando a favor de la delincuencia en vez de favorecer a los ciudadanos. Un ejemplo de esto es el caso de la fallida deportación de delincuentes prontuariados venezolanos que no fueron recibidos en su país y regresaron al Perú por una mala gestión diplomática del gobierno peruano”, señaló César Ortiz Anderson.
“La lógica de la delincuencia es: “Si no arreglo con el policía, puedo arreglar con el fiscal, y si no con el juez”, así de 10 delincuentes detenidos por la Policía, sólo 1 va a la cárcel y 9 quedan libres. Por otro lado, los penales están fuera de control y los gobiernos locales pueden hacer muy poco”, señaló el presidente de APROSEC.
“Otro ejemplo del mal enfoque del Estado ante el problema es el caso del Serenazgo, que en 30 años de funcionamiento todavía no cuenta con una Ley. NO existe hasta hoy una Ley del Serenazgo ni un marco legal que regule su funcionamiento. El personal de Serenazgo necesita preparación, monitoreo, exámenes, pruebas, entrenamiento y capacitación”, afirmó César Ortiz Anderson.
“De parte de la Policía, se necesita inteligencia policial en las calles, detectives e investigación criminal, en estos momentos la Policía carece de ello”, señaló el especialista en seguridad ciudadana.
“No podemos combatir la inseguridad sin combatir la corrupción, tenemos corrupción en todas las instituciones, es una realidad que se afrontar”, concluyó César Ortiz Anderson.
