Defensores de derechos humanos miran con preocupación hacia Perú, por la incesante violencia durante las protestas. Mientras, la Fiscalía Nacional investiga a la presidenta por presunto genocidio y otros crímenes.
Un mes tras el inicio de las protestas contra Dina Boluarte en Perú, la escalada de violencia no amaina y el número de fallecidos asciende a 47. También la preocupación por la salvaguardia de los derechos humanos crece, de tal forma, que el Secretario General de la ONU, António Guterres, instó este miércoles (12.01.2023) a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos y a velar por que se lleve a cabo una investigación de los crímenes. El mismo día, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aterrizó en Perú para verificar la situación.
Miguel Levano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam Perú, expresó a DW su preocupación por la «intervención y represión desmesurada» por parte de la Policía, una «represión sin justificación legal». Levano comenta que no se están cumpliendo «las limitaciones para el uso de armas letales que establecen las normas nacionales e internacionales».
Falta de respuesta de las autoridades
El experto añade a esto la falta de respuesta de las autoridades, que en vez de reconocer la mala gestión de su intervención, toma una narrativa defensiva, justificadora e «inclusive discriminatoria, porque está indicando que la gente que sale a protestar son vándalos, terroristas».
«En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil», había dicho Boluarte este lunes (09.01.2023) en un evento. También el primer ministro Alberto Otárola, durante una rueda de prensa, culpó al expresidente Castillo y a sus aliados, afirmando que ellos habían incitado a la violencia. «Ellos son los responsables», dijo, «y no nuestros policías».
Violación sistemática de derechos
«Lo que nos queda claro en estos momentos es que no estamos ante decisiones personales de los mandos policiales y militares, sino que estamos ante una política de Estado», asegura Mar Pérez, responsable de la unidad de defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición que agrupa a 78 organizaciones.
Uno de los principales indicios de la violación sistemática de los derechos humanos, según la experta, es la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional. «La suspensión de derechos siempre debería ser una medida muy excepcional y muy restringida, en todo caso a espacios geográficos donde hay una conflictividad social muy álgida», explica Pérez.
Investigación por genocidio: ¿cortina de humo?
La Fiscalía de la Nación de Perú ha tomado medidas y ha abierto este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, por distintos delitos, entre ellos, el genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En opinión de Pérez, mientras sí se puede hablar de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derecho, la acusación de genocidio «no se sostiene técnicamente, porque el genocidio implica una serie de ataques contra la población que buscan eliminar a un determinado grupo».
La idea, de que la Fiscalía presente una acusación insostenible por falta de rigor técnico, le parece inverosímil. A la experta le preocupa que pueda tratarse de una cortina de humo, «construyendo intencionalmente una acusación que no tiene fundamento y que pueda después rebotar en el Congreso».
Querda por ver, si esta preocupación se hace realidad, pero para Mar Pérez «lo único que puede traer la paz social al Perú es la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones».
DW
