Gobernadores y Alcaldes en su festín (corrupción)
La corrupción, la inseguridad, la informalidad y el conflicto social se encuentran interrelacionados con el uso indebido, el robo y malversación de fondos públicos, en tanto afectan a las instituciones encargadas de atender las demandas de los ciudadanos, de brindar seguridad a los ciudadanos, de asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz, en estas malsanas convivencia la existencia de organizaciones criminales cuentan con el apoyo de los funcionarios corruptos, de autoridades que aplican la ley y de autoridades y políticos, quienes les permiten lograr sus objetivos y actuar con impunidad.
La corrupción en general, el 2021, significó alrededor de 24 mil millones de soles dinero que fue robado del presupuesto nacional; en la otra vereda la corrupción política sigue creciendo, teniendo que el 2017 se tuvo 9 exgobernadores sentenciados y en prisión y, 5 más investigados, 4 de ellos en prisión preventiva, mientras que al 2022, el 79 % de ex gobernadores están con prisión preventiva, otros fugados y otros ya encarcelados. Entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, el número de funcionarios investigados fue de 17,328. según lo informó el Procurador Anticorrupción Amado Enco.
En suma, mientras el Estado señala estar haciendo grandes esfuerzos por la descentralización significando mayores asignaciones presupuestales, al extremo que en los últimos 12 años ha aumentado desde 82 mil millones (2010) hasta 197 mil millones (2022) se aprecia que este crecimiento presupuestal, por los resultados alcanzados, resulta facil de señalar que el Estado a venido poniendo miles de millones de soles a disposición de inescrupulosos, ladrones y corruptos servidores públicos, autoridades y políticos.
Así como aquellos que ven a la política una oportunidad para robar desde el Estado, hay otro mal que corroe sus cimientos, es la ineficacia de las reparticiones públicas, todas sobredimensionadas por la presencia de servidores retribuidos como el pago de cupo a los apoyos electorales; mal preparados (dudosa meritocracia); desconfianza y nada empatía con los ciudadanos. Este resultado se grafica en la ejecución del gasto público que el 2021, fueron devueltos alrededor de 19 mil millones por su incapacidad de ejecución.
La Corrupción e ineficacia en los niveles de gobierno gestan otro mal que es la informalidad, estimándose que un 82 % de la población económica activa (PEA) es informal, un 80 % en el sector transporte, 86 % en restaurantes y alojamientos y 98 % en el sector agropecuario. Con estos indicadores resulta casi imposible llevar adelante procesos de formalización; por ejemplo en el campo laboral, la rigidez y sobre costos laborales terminan empujando a la informalidad y precarización del trabajo; en el tema educativo, la mala calidad de la educación pública y otras privadas terminan generando futuras ofertas de profesionales/técnicos poco competitivos afectando la productividad económica, entre otras. Estas ausencias, generadas por el propio Estado, terminan haciendo que alrededor de estas actividades se acreciente la convivencia con mafias organizadas a través del servicio de crédito (usura) y de seguridad (extorsión, chantajes).
Entonces la percepción ciudadana señala como un hecho casi generalizado y normalizado que los gobiernos subnacionales (Regional y Municipal) constituyen bastiones para delinquir, donde la corrupción e ineficiencia alcanzan niveles inimaginables. Para graficar estos señalamientos se presenta la información donde el 76 % (19) de los 25 Gobernadores Regionales elegidos para gobernar sus regiones, durante el periodo 2019 – 2022, están comprendidos en procesos, penales, civiles y administrativos, y en algunos casos, purgando prisión en alguna cárcel del Perú. Tabla 1 – 2
Los Alcaldes que fueron elegidos para gestionar el desarrollo de sus comunidades tampoco escaparon a la corrupción y terminaron por engrosar las listas de los corruptos; así lo refiere Salvador Del Solar quien dijo: “…en los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2,002 alcaldes y alcaldesas (provinciales y distritales) han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción…”. El 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, había identificado 4,225 casos de corrupción ocurridos en los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional, y por autoridades electas entre el 2002 y 2014. De este total, 222 casos tenían sentencias consentidas o ejecutoriadas, mientras que 4,003 casos se mantenían en investigación.
Las regiones que tuvieron más incidencia de este tipo de casos fueron Junín (445), Cusco (439) y Lima (411). Les siguen Arequipa (252), Cajamarca (243), Áncash (226) e Ica (210) y luego San Martín (193), Junín (162), Pasco (168), Huánuco (165), Piura (161), Lambayeque (159), Amazonas (155), La Libertad (151), Ucayali (123) y Tumbes (117). (Este ensayo completo continuará próximamente en www.portadahispana.com).
OPORTUNIDADES PERDIDAS: ESTADO INEFICIENTE Y CORRUPTO. Víctor Vásquez Villanueva, Jaime Salomón Salomón, Jorge Arévalo Acha. Defensoría del Productor Agrario. Lima, Perú – 2023
