César ORTIZ ANDERSON
Presidente de APROSEC
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Nuestra principal preocupación es la problemática de la inseguridad ciudadana, ahora más que nunca. Debemos tomar conciencia que hoy no tenemos Seguridad Ciudadana; lo cual, es pro[1]ducto de múltiples factores que en este artículo trataremos de resumir. Hoy no existe un ámbito seguro. La inseguridad ciudadana es ya un mal endémico en nuestro país, si no te mata el COVID-19 lo hace la delincuencia, una delincuencia que se viene dispersando en los espacios públicos; una delincuencia que se alimenta de muchos factores donde la raíz del mal es la corrupción y la impunidad. Hoy la inseguridad ciudadana es después de la pandemia el tema que más le preocupa a la ciudadanía en general, los desafíos y riesgos producto de la inseguridad se han incrementado, las amenazas y riesgos son cada vez más diversos y complejos. En el Perú, desde un punto de vista político, el actual gobierno aparentemente ha puesto a la seguridad ciudadana en piloto automático, ya que frente a una turbulencia delictiva en tan sólo unos meses de gestión hemos tenido ya tres Ministros del Interior en medio de escándalos y cuestionamientos.
CONTEXTO SOCIAL
Como uno de los países con más pobreza en la región, el Perú es uno de los más golpeados por la pandemia en el mundo: la mayor cantidad de víctimas mortales por millón de habitantes. Al mismo tiempo gran parte de la “nueva clase media peruana”, producto del “milagro económico peruano” de los últimos 25 años, ha caído nuevamente en la pobreza por la crisis económica y el desempleo poscuarentena. La violencia y la inseguridad se están incrementando por lo que la prevención de la criminalidad y del delito requiere nuevas medidas, estrategias inteligentes e innovadoras de acuerdo a la realidad actual: la denominada “nueva normalidad” pospandemia.
LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ: GOBIERNO Y POLÍTICA
La inseguridad en el Perú está sin duda en la agenda pública y es reconocida como unos de los principales problemas de nuestros compatriotas; está en el dis[1]curso y en la agenda política, por lo menos, desde los últimos cinco gobiernos. Sin embargo, sólo está en el discurso y la retórica de nuestras autoridades, debido a la ausencia de todos los demás elementos de la construcción de una política pública. Un ejemplo clave es la asignación de recursos intersectoriales necesarios, la muy pobre capacidad técnica de los puestos claves, la ausencia de liderazgo, la falta de articulación intersectorial e intranacional, entre otros. Nos encontramos ante un discurso pobre y sin acción, y además guiado no por un plan sino por la agenda noticiosa del día. El mal manejo de la Seguridad Ciudadana por parte del actual gobierno se advirtió con anticipa[1]ción desde la campaña electoral en la pobreza de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Ningún candidato ni partido político abordó con seriedad y responsabilidad el problema de la crecien[1]te inseguridad y accionar delictivo pese a que todos los analistas y expertos coincidían en afirmar que el crimen y la violencia delincuencial aumentarían como consecuencia de la pandemia. Al respecto durante la última campaña electo[1]ral no hubo una discusión alturada en búsqueda de consensos que permitieran posteriormente una rápida implementación, por el contrario durante los debates e intervenciones de los candidatos hubo subutilización y valorización sensacionalista y efectista del problema de la seguridad ciudadana. Lamentablemente en el Perú la relación de inversión del presupuesto público no tiene relación ni con el crecimiento exponencial del problema, ni con el costo de la inseguridad en el PBI (Producto Interno Bruto) del país. En 2013, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) realizó un estudio en donde arrojaba que el costo de la inseguridad representaba el 3.1% del PBI, siendo uno de los países de más bajas tasas de la región, en el Perú la cifra debe ser por lo menos tres veces mayor, esta carencia de recursos impide el desarrollo del país, afecta la calidad de vida de los peruanos, y tiene un impacto en la inversión extranjera, mas esta cifra no se toma en cuenta y se mantiene en el oscurantismo, esto impide analizar el costo-beneficio de las inversiones, como la adecuada evaluación de las mismas y por ende la rendición de cuentas. Todo indica, que al igual que otras gestiones gubernamentales —que han fracasado durante varias décadas en nuestro país— el actual gobierno sigue el mismo derrotero en un marco de incertidumbre creciente, de garrafales errores, debido a la falta de voluntad y/o experiencia; donde predominan las improvisaciones (dar protagonismo a las rondas campesinas en el ámbito urbano; inmiscuir a personal de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden ni técnica ni constitucionalmente, etc.), lo que demuestra que no se conoce gubernamentalmente esta problemática social, que no existe una real voluntad política para diseñar y ejecutar una Política de Estado en Seguridad Pública. Con lo que se explica que no exista planificación ni la ejecución de un trabajo integral, articulado y holístico a nivel estratégico, táctico y operativo que garanticen resultados tangibles; claro está, todo ello, acompañado de una mejor administración de justicia, con proactiva participación de los sectores gubernamentales y Gobiernos en sus diferentes niveles; y paralelamente combatiendo con efectividad y de manera ejemplarizadora la corrupción, proponiendo al Congreso de la República trabajar una Ley del Sere[1]nazgo, reglamentándola para que los serenos tengan definidos sus atribuciones, facultades, roles y formas de apoyo a las fuerzas del orden, como por ejemplo el que puedan usar armas no letales.
POBREZA E INSEGURIDAD: “A MÁS POBREZA MAYOR INSEGURIDAD”
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes a 2019 se registra[1]ron mayores niveles de anemia en niñas y niños de seis a 35 meses de edad en las zonas rurales de la sierra (48.8%), selva (44.6%), y costa (37.5%) siendo las ciudades de mayor prevalencia de anemia en Puno (69.9%), Cusco (57.4%), Huancavelica (54.2%), Ucayali (53.7%), Loreto (53%), Junín (52.6%), Madre de Dios (51.4%) y Pasco (50.2%). Esta debilidad física y mental de nuestra población se ha visto traducida en cifras concretas durante la pandemia del coronavirus. El Perú ocupa el primer lugar en el mundo en fallecidos por millón de habitantes. Uno de los datos que se repiten a nivel mundial en los análisis socioeconómicos de las estadísticas de la pandemia es que el coronavirus ha golpeado a los sectores poblacionales más pobres principalmente. En el Perú, la pandemia ha precarizado la economía y el sistema financiero alcanzando el 90% la población de informalidad económica; es decir, sin un contrato legal de trabajo y/o fuera del sistema finan[1]ciero en gran medida debido a la desinformación y al analfabetismo digital. El aumento del desempleo ha disparado la delincuencia en las calles. Los robos y asaltos son más frecuentes en las grandes ciudades. Las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú estiman que para este año el PBI registraría un crecimiento de 3.4%, que es una proyección que es menor en 1.1 puntos porcentuales frente a su anterior estimación de 4.5%.
Nos encontramos ante un escenario que presenta no sólo al Perú, sino también a toda la región latinoamericana como un conjunto de países frágiles en seguridad, en los que podríamos aplicar la fórmula: “A más pobreza mayor inseguridad”. Los factores que intervienen en este pronóstico para el Perú y la región son: 1.Incertidumbre debido a la continuidad de la pandemia: pese al relativo éxito de la vacunación contra el COVID-19, la ciencia pronostica que la humanidad deberá aprender a convivir con la pandemia. El repunte de la pandemia en países europeos como Alemania, Inglaterra, Austria y Rusia al finalizar el 2021 nos exige no levantar las medidas sociales de prevención. 2. Los gobiernos no toman las medidas adecuadas contra la inseguridad, a la vez que la violencia se expande principalmente por el accionar de los cárteles de la droga que operan en México y Colombia, así como por la producción de cocaína en toda la región andina peruana. Las cifras y estadísticas oficiales al respecto distan de la realidad debido principalmente a lo agreste e inalcanzable de la geografía de los andes amazónicos. La tendencia del mercado global de la cocaína está en franco crecimiento debido a la expansión del mercado hacia el Asia, Australia y África. 3. Falta de cultura preventiva del ciudadano, quien no ejerce la prevención, no contrarresta el de[1]lito. La responsabilidad de los crímenes y de la delincuencia recae en las autoridades policiales, sin embargo los gobiernos regionales y locales participan muy poco de la prevención del delito sin involucrar al ciudadano en la formación de una cultura preventiva. 4.El delito se ha disparado por la impunidad y la corrupción moral, que son males generalizados en todas las esferas de los países latinoamericanos, en mayor o menor medida según la realidad de cada sociedad. 5. La falta de un adecuado control migratorio por parte del Estado peruano, favorece el ingreso permanente de delincuentes extranjeros que se caracterizan por una mayor alevosía en la comisión violenta de delitos diversos.
LA INSEGURIDAD EMPEORARÁ
Además del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y las enfermedades, en este siglo XXI presentan nuevos retos y peligros a la humanidad como el cambio climático y sus consecuencias, entre las que, además de los fenómenos meteorológicos que ya se están presentando, se encuentran las pandemias debido a que el descongelamiento de los polos libera virus y bacterias que permanecieron congeladas durante miles de años, o debido a la zoogénesis, que es el contagio de enfermedades propias de especies.
