Perú demandó a REPSOL por US$ 4 500 millones. Hasta el momento la petrolera REPSOL no ha aceptado la responsabilidad del daño ecológico ocasionado. El litigio entre la empresa y el Estado peruano podría generar una crisis energética en el Perú, lo cual encarecería aún más el precio de los combustibles.
(PORTADA HISPANA 16 / 05 / 2022) El Estado peruano, a través de INDECOPI, demandó ante el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima a la petrolera transnacional REPSOL por el derrame de petróleo en Ventanilla acaecido el pasado 15 de enero.
En la demanda por daños y perjuicios asciende a US$ 4 500 millones, US$ 3 000 millones de dólares americanos por los daños causados y US$ 1 500 millones de dólares americanos por el daño moral ocasionado a los consumidores, usuarios y terceros afectados.
El Estado peruano informó que la demanda civil por daños y perjuicios representa los intereses de unos 700.000 perjudicados que incluyen a los pescadores y a toda la cadena económica en la que participan las personas que habitan en la zona afectada.
En respuesta, REPSOL ha calificado la demanda presentada por el Estado peruano de “infundada, improcedente e incongruente”, debido a que el derrame de petróleo fue causado por el desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum producido por la marea anómala generada tras la erupción del volcán Tonga en el Pacífico Sur registrada hora antes del derrame.
El daño al ecosistema fue estimado en un principio en un área de un millón 739 mil metros cuadrados, Los 6.000 barriles de petróleo vertidos en el litoral fueron llevados al norte por la corriente de Humboldt, llegando hasta localidades del Norte Chico como Barranca y Supe, afectando directamente a nueve playas y dos reservas naturales protegidas. Las autoridades peruanas responsabilizan a REPSOL por la falta de respuesta inmediata de la empresa que minimizó la gravedad del derrame, el peor daño causado al ecosistema en la historia peruana.
Hasta el momento REPSOL no ha aceptado tener responsabilidad en los hechos. El pasado 15 enero tras producirse el derrame, el Estado peruano ordenó la paralización de las actividades de REPSOL en nuestro país, ocasionando escasez y alza de los precios de los combustibles.
