Por Rocío Cano Guerinoni.-
Directora de ADR PERÚ – Law Firm Arbitraje
Con todo lo atractivo que posee, el análisis económico de procesos constitucionales no es, sin embargo, la parte más popular del enfoque económico aplicado a procesos políticos. Sin duda la parte más popularpor su cercanía con reflexiones puramente intuitivas la constituye el análisis del proceso político como un mercado. Tradicionalmente y conforme a una visión que hace pie en el pensamiento griego la política ha sido vista como un proceso radicalmente distinto al económico hasta el extremo que, tal cual ocurre en el mundo griego, la política llega a subordinar a la economía. Para Aristóteles, por ejemplo, la política suponía la superación de la necesidad y un estado de gratuidad de libertad que sólo podía poseer un griego que tuviera casa (oikos) o sea, un griego para el cual la escasez no tuviera sentido. La política equivale entonces al mundo de la deliberación y ni siquiera a una deliberación enderezada a administrar mejor bienes escasos (para un griego la expresión política económica es un absurdo). En el mundo medieval, y a partir de una analogía entre polis y familia, la autoridad es concebida teleológicamente como orientada al bien común. La autoridad es capaz de discernir bienes sociales intrínsecamente distintos a los bienes que los individuos persiguen y de ahí entonces que el discernimiento político es radicalmente distinto al económico tal cual lo concebimos hoy. Para la política así concebida, las utilidades no son puramente individuales y la comunidad posee un status ontológico que le confiere realidad. Esa visión de lo político que tuvo sentido cultural en el realismo medieval y en la polis griega es rechazada con agudeza por el enfoque económico para el cual los actores políticos poseen una racionalidad que no se distingue en nada a aquella que suponemos subyacente en mercados explícitos. La inversión aquí es absoluta: si la visión tradicional de lo político aspiraba a subordinar a la economía, las revelaciones del analista económico del proceso político muestran a los actores del sistema político como buscadores de rentas que aspiran, en un proceso poco competitivo, a maximizar su propio bienestar. Esta visión del proceso político de una intensidad descriptiva que resulta seductora posee, claro está, funciones normativas: Si la política es un negocio, funcionará mejor si se organiza como un mercado competitivo que se asemeje al modelo neoclásico.
Deseo llamar la atención acerca del giro conceptual, casi paradigmático, que todo esto supone: en las visiones más clásicas, lo político subordina definitivamente a lo económico y, todavía, cuando hablamos de política económica, es posible encontrar resabios de esa pretendida subordinación. A la luz de un enfoque económico como el que acabo de dibujar, sin embargo, el mercado y el espacio de lo político son, nada más medios equivalentes, cada uno provisto de sus fallas, y decidir en qué caso usar uno, o en qué caso el otro, es un problema de costos alternativos.
En la vida real sabemos que el gobierno cumple una labor fundamental en la mayoría de los países. Keynes justifica la participación del estado en la economía a través de la política fiscal y descubrió que el papel del sector publico como estabilizador de la economía puede ser muy relevante, independientemente del grado de participación de los gobiernos en la actividad económica.
El gobierno es el tercer sector de la economía, porque tiene la capacidad de consumir, invertir y captar impuestos. Y más que nada, la facultad de estabilizar la economía mediante el uso de esos instrumentos. En este caso podríamos hablar de un flujo circular ampliado, con la forma que muestra el anexo 1.
Mediante la recaudación de impuestos, el gobierno crea una fuga de recursos que ejerce un efecto similar al del ahorro, ya que tiende a contraer el nivel del ingreso y del empleo. El gobierno puede aumentar el nivel de ingreso y de empleo mediante mayores gastos y ello compensa la mayor recaudación de impuestos. El anexo 2 muestra como los gastos del gobierno inyectan recursos al sistema y como los impuestos son salidas o fugas. Estos son pagados tanto por las empresas como por las familias. En caso de que el sistema se desequilibre con la salida del flujo de impuestos, se requiere una compensación con un aumento del gasto publico.
Un buen ejemplo que ilumina, creo yo, como en un resumen, la totalidad de estos aspectos se plantea respecto a la justicia. El servicio de justicia (definido operacionalmente como la resolución de conflictos) es visto tradicionalmente como un bien público y, por eso, entre otras razones, como un servicio que se financia con cargo a rentas generales. Parece claro, sin embargo, que si aplicamos un enfoque económico, se trata de un bien respecto del cual existe divergencia entre los costos sociales y privados. Es posible pensar que como el litigante no internaliza todos los costos, tenderá a demandar por sobre lo que seria socialmente óptimo (aquel nivel en que la información produce un efecto de prevención general) produciendo, así, una pérdida de bienestar; pero, por otra parte, y como la litigación produce beneficios sociales (información contenida en los precedentes) una internalización total de los costos inhibiría la litigación que es socialmente necesaria. Igualar esos costos parece, entonces, fundamental para que el litigio resulte socialmente beneficioso. Sin embargo, como el sistema de justicia aplica reglas promovidas por el mercado político, puede ocurrir que las fallas de este proceso provoquen una obsolescencia legislativa que impidan la creación de precedentes que es la única razón por la cual litigar es socialmente beneficioso. En fin, incluso un mercado político sin fallas puede convivir sin precedentes porque puede ocurrir que los jueces concebidos como buscadores de rentas aumenten deliberadamente la contingencia (variabilidad)de su decisión para así poder obtener pagos por ella. Todo ello ocurre si la justicia se organiza bajo la forma de un servicio estatal financiado con cargo a rentas generales. ¿Pero qué ocurriría si se promueve una justicia, digamos, sin Estado, un mercado de la justicia competitivo, donde todos sus costos sé internalizen en los litigantes?. En un sistema así, la litigación podría alcanzar niveles más óptimos y los jueces tendrían incentivos para crear precedentes entre otras cosas no solo por el efecto social sino por el efecto imagen en el mercado de justicia que se crearía y en el cual los mejores precedentes en términos de beneficios u utilidades para los usuarios constituiría un elemento de selección que influenciaría en los costos y precios de este servicio ylas partes más pobres no subsidiarían, como ocurre en un sistema financiado con cargo a las rentas generales, a las más ricas. Un sistema cómo ese, existió desde luego antes del Estado Moderno y seria útil emprender una investigación acerca de porqué triunfó un sistema centralizado.
Entonces en un sistema de justicia, casi privatizado donde los individuos internalizen los costos, tal como esta sucediendo con los métodos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, negociación y otros. El estado realizaría un programa de ajuste estructural el cual consiste en un juego de medidas de índole económico orientado a reducir las distorsiones en una economía y a fomentar, de esta manera, la mejor asignación de recursos y, por consiguiente, a aumentar la eficiencia en su uso (estamos hablando del servicio de administración de justicia que proporciona el estado)
De esta manera permitirá distribuir de mejor manera los ingresos de la sociedad al eliminar el paternalismo y los privilegios para determinados grupos sociales.
La distribución del ingreso de un país se mide usualmente con la curva de Lorenz,la cual distribuye el ingreso de la economía entre cada porcentaje de la población. Para que se de una distribución realmente igualitaria, cada parte de la población deberá recibir un porcentaje proporcional del ingreso.
Asimismo, el teorema de Coase postula que dos partes, la demandante o demandada pueden llegar a acuerdos mediante la cual esta reconoce y compensa los danos producidos a aquella, sin necesidad de que el gobierno intervenga, por lo tanto puede haber una compensación privada que en este caso favorezca la economía del país.
Esto que estoy postulando se puede ver reflejado en los cuadros que siguen, puesto que se puede apreciar como la sociedad en general se siente mas beneficiada con un servicio de justicia en el cual ellos internalizen los costos cuando sea necesario un acuerdo beneficioso y eficaz para el ciudadano, generando bienestar y disminución de los conflictos en un país determinado.
El desarrollo económico involucra un mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad, como resultado de un mejoramiento de las condiciones de productividad y del uso más eficiente de sus recursos. Crecimiento por su parte, es solamente el incremento de la producción nacional, sin contemplar la forma en que se distribuyen sus beneficios. Muchos países han logrado tasas altas de crecimiento, como el caso de Brasil, sin que sé de simultáneamente un mejoramiento de las condiciones de vida para la sociedad en general. Por otra parte, puede hablarse de desarrollo con decrecimiento del producto bruto de un país en la medida en que las ganancias de la producción se distribuyan equitativamente en la población.
Lo que muestra, sin embargo, todo esto, es que cuando aplicamos el enfoque económico las cosas se nos revelan interrelacionadas unas con otras, haciéndonos patente lo que Arrow denominó el «equilibrio general». Una idea que sugiere algo así como que un aleteo de mariposa en Tokio podría causar un Huracán en algún país centroamericano.
