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El pasado 20 de diciembre, el Congreso de la República aprobó con más de 93 votos el adelanto de elecciones generales para el 2024. A pesar de que 93 son más de dos tercios de los congresistas y se constituyen como una mayoría calificada, el artículo 206 de la Constitución establece que, para que una reforma constitucional aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso no requiera ser ratificada en un referéndum, tiene que haber alcanzado más de 87 votos en dos legislaturas, por lo que aún falta una votación para hacerla realidad.
En el caso de que más de 6 congresistas se retracten, y ya no voten a favor, el adelanto de elecciones tendría que votarse en un referéndum, un escenario no del todo descabellado, si se considera que algunas fuerzas políticas pueden estar beneficiándose, de distintas maneras, de la convulsión política que vive el Perú. Bajo esta premisa, retrasar la certidumbre sobre la fecha de las próximas elecciones, podría contribuir a que persistan escenarios de violencia.
Si bien se puede asumir que, de darse el caso, se tratará solo de un retraso; pues la mayor parte del país parece estar de acuerdo con adelantar las elecciones generales.
Sumado a eso, desde hace varios meses, el Congreso de la República viene aprobando una serie de reformas constitucionales que incluyen la bicameralidad y la anulación del voto de confianza, pero sin lograr superar los 87 votos, lo que implica que estas reformas deben ser ratificadas por un referéndum; motivo por el cual se han solicitado reconsideraciones a estas votaciones.
Sin embargo, a diferencia de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones, todas estas otras reformas parecen imposibles de lograr. Considerando la pésima opinión que tiene la población respecto del Congreso, por lo que resulta difícil imaginar que cualquier propuesta, surgida desde esta institución, vaya a contar con respaldo ciudadano.
Es muy probable que, nuevamente, la disconformidad con el Parlamento vuelva a ser aprovechada por quienes pretenden debilitar las instituciones democráticas, y que el voto en contra de estas reformas se convierta en una nueva bandera política fácil de tomar.
En ese contexto, y considerando que haya sectores del Congreso que ya no decidan votar por el adelanto de elecciones, la campaña en contra de adelantarlas para el 2024 también podría resultarles útil, incluso manteniendo el argumento de adelantarlas para el 2023 vía referéndum.
Debemos recordar que los plazos para realizar un referéndum, según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, no deberían ser mayores a cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas (luego de las posibles reconsideraciones y segundas votaciones sin superar 87 votos).
El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad, más aún en el momento de crisis que vivimos y que pone en riesgo a la democracia. Se debe considerar los bajos niveles de aceptación y respaldo a la democracia en nuestro país, pues esto puede ser aprovechado políticamente por narrativas en contra del Estado de Derecho.
Debemos recordar que el Barómetro de las Américas 2021 indicó que solo el 50% de peruanos apoyan a la democracia como forma de gobierno y que solo un 21% se encuentra satisfecho con la democracia en que se vive; cifras que, dadas las circunstancias, seguramente han seguido empeorando.
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