Foto: Andina
En el Perú, el Proyecto de Ley de identidad de género (n° 790) fue presentado en 2016; es decir, hace siete años. Actualmente, está encarpetado en la Comisión de Constitución. Asimismo, la iniciativa sobre el matrimonio igualitario (n° 525), que está en la Comisión de Justicia ya casi dos años. Su debate y aprobación dependen del Congreso.
Este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso histórico, publicó una sentencia emblemática que responsabilizó a Perú por violar el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial del ciudadano Cristhian Olivera Fuentes, luego de que él enfrentase discriminación en un establecimiento comercial y por parte de las autoridades peruanas.
A pesar de ese gran logro para la igualdad de derechos, la realidad es que mientras los países vecinos tienen avances en materia de reconocimiento de derechos de la población LGTBIQ+, el Perú sigue estancado con buenos deseos y proyectos de ley (PL) sin debatir en el Congreso, los cuales permitirían tener una sociedad un poco más justa.“Perú es el último eslabón (de la cadena) en la región porque no tenemos ni matrimonio igualitario ni ley de identidad de género. Esa es la realidad.
En el Perú, as personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas debido a su orientación sexual e identidad de género. Este contexto y la ausencia de un marco normativo concreto en su favor, han generado la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, salud, trabajo, educación, entre otros.
Su especial situación de vulnerabilidad ha sido reconocida por diversos órganos de las Naciones Unidas, los que a su vez han recomendado al Estado peruano, entre otras cosas, brindar una protección efectiva a este colectivo. En todos los países que nos rodean cuando menos hay ley de identidad de género o matrimonio igualitario”, señala Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Susana Chávez, directora de Promsex, explica que el no reconocer la identidad de género u orientación sexual de las personas nos lleva a ignorar una serie de problemas que deberían ser atendidos, como el feminicidio de las mujeres trans, de quienes no se tienen datos exactos.
“Yo diría que (el Parlamento es) negador. Cualquiera puede ser conservador, pero creo que están negando de manera sistemática la evolución de los derechos. Eso va más allá de ser conservador”, asevera Chávez.
El caso de Cristhian Olivera Fuentes se desarrolla sobre sentencias anteriores de la Corte Interamericana que sostienen el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) a vivir libres de discriminación, estereotipos y violencia. La Corte enfatizó la importancia de considerar el contexto homofóbico en que ocurre un incidente. Citando los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte también reforzó la responsabilidad de las empresas privadas de respetar los principios de derechos humanos en sus operaciones, incluyendo el principio de no discriminación.
La Corte ordenó a Perú a preparar una guía integral sobre los derechos de las personas LGBT en la provisión de servicios e incorporarla en los procesos de formación para las autoridades administrativas y judiciales. También ordenó a Perú a implementar una política pública para monitorear el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación por parte de las empresas.
Fuentes: HRW News. Defensoría del Pueblo, La República
