Cesar Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
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Está claro que este gobierno nunca ha tenido ningún plan, ni agenda o hoja de ruta, en mi opinión no tiene aún alguna voluntad política, para enfrentar de manera adecuada el crecimiento hoy incontrolable de la delincuencia, ante ello la ciudadanía viene exigiendo el derecho a su seguridad y con justa razón, hoy la delincuencia no solo vulnera bienes o patrimonio, con la ferocidad que actúan y con armas de fuego y granadas, también está en riesgo la integridad y vida de las personas. Hasta hoy lo actuado políticamente hablando va inexorablemente al fracaso, arrastrando con ello también intereses nacionales como la inversión extranjera y nacional así como el turismo, sería conveniente recordar las acciones por mejorar la inseguridad en el gobierno de la Presidente Dina Boluarte, primero de la manera más populista declaran el estado de emergencia, con malos resultados, luego tratan de impulsar la norma que generaba la “Policía de Orden y Seguridad», otra medida que era un despropósito como la planteaban; luego plantean penas de cárcel de 20 años para los que roben celulares y de 30 años si el robo es cometido en motos, luego generan la Ley de aporte de los gobiernos regionales, otra medida sin mayor sentido debido a que el Canon la convierte primero en una medida excluyente, sin tener claridad que las funciones de los gobiernos sub nacionales se limita al serenazgo, prevención, recuperación de espacios públicos, video vigilancia entre otros, es decir hablando en criollo, es una norma para pasar el sombrero, sin que ni siquiera sepan como priorizar sus inversiones, en el caso de que ello ocurra, como ejemplo el uso de los recursos del fondo de las Fuerzas Armadas y Policiales o del FESC, que es otra evidente prueba de la improvisación y capacidad.
Ahora el gobierno en su desesperación de haber perdido la brújula, propone el Decreto Legislativo 1585, ya ello es el colmo de carecer de una visión holística sobre el fenómeno delictivo, el garantismo para los privados de su libertad, proponen que menos de 10 años de pena no irán a prisión, ello sin duda será una garantía para la impunidad, una puerta abierta a la corrupción, habrán revisado las cifras de reincidencia delictiva, un grupo muy pequeño de internos logran rehabilitarse, no la mayoría, de ellos, además proponen medidas como los grilletes electrónicos en mi opinión inaplicable, dada la falta de recurso en la Policía, porque este gobierno no quiere modernizar ni repotenciar a la institución, en temas de investigación criminal y servicio de inteligencia, la policía hace un esfuerzo diario, ya que a pesar de sus carencias enfrentan todos los días a una criminalidad organizada, con mayor poder de armas de fuego y sin una protección legal del propio Estado, cuando haciendo uso de su arma de fuego, mata algún delincuente, lo envían a la cárcel.
El crimen organizado es una «actividad» económica, informal, pero actividad económica al fin y por tanto generar incentivos, es simplemente proponer su crecimiento exponencial, acaso no es evidente que el incremento de la delincuencia, sin la construcción de nuevas cárceles es un despropósito, es que acaso el ministerio de justicia y derechos humanos, perdió la razón, estamos convencidos desde Aprosec que no se trata solamente de un sesgo ideológico, sino principalmente de una incapacidad abrumadora. El INPE tiene un alto grado de corrupción y ello no es visto.
Realmente el actual gobierno no solo va dejar un país sin crecimiento económico, sino a merced de la delincuencia y del crimen organizado.
Los ciudadanos debemos ya no solo ser voyeristas del fracaso de este gobierno en materia de seguridad ciudadana, tenemos claro que este gobierno esta blindado por el congreso y viceversa, esa fórmula es la única manera de sobrevivir, es decir que tendremos que soportar hasta el año 2026, Aprosec lamenta los 60 muertos en la conmoción social, pero tampoco se hace mucho con la cantidad abrumadora de homicidios y eso es lamentable cada vida cuenta
En el corto plazo la ciudadanía no debe esperar un cambio radical, ante esa realidad somos los ciudadanos los que tenemos que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida y en todos los ámbitos, por los altos índices delictivos, a los ciudadanos nos ha cambiado nuestra calidad de vida, hoy somos los ciudadanos que viven encerrados en sus miedos y temores y una delincuencia en las calles buscando su próxima víctima.
Finalmente, ya basta que la seguridad ciudadana sea tarea de todos…responsabilidad de Nadie.
