Foto: EP

Una exhortación al Poder Ejecutivo para acelerar el proceso de remediación ambiental del derrame de petróleo ocurrido en La Pampilla y una exigencia a la empresa petrolera Repsol de dialogar directamente con los afectados, hicieron parlamentarios de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Fue durante una sesión extraordinaria en la que se informó de las acciones de compensación a los afectados, supervisión, monitoreo y fiscalización de la remediación ambiental del derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero de 2022.

La presidenta de ese grupo de trabajo, Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), exigió al director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la empresa petrolera Repsol, Luis Vázquez Madueño, a la vez vicepresidente de la refinería La Pampilla, que se desarrolle un diálogo directo con las autoridades para resolver con urgencia los problemas que afectan a la población.

Hizo hincapié en que se desarrolle de manera efectiva el proceso de remediación y que se conozca los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, se manifestó preocupada por las deficiencias del proceso de compensación a los afectados, que no solo conforman los pescadores artesanales, sino de otros sectores vinculados al tema, como los transportistas y comerciantes.

Ante una de las preguntas de Luque Ibarra, Vázquez Madueño dijo que siguen intentando participar en el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que con los municipios se está avanzando con proyectos y que en dos o tres meses se iniciarán los proyectos de infraestructura, que beneficiará a la reactivación de la economía.

Por su parte, los congresistas Silvana Robles Araujo (NA), Isaac Mita Alanoca (PL), y Mery Infantes Castañeda (FP) cuestionaran que no se acelere el proceso de remediación y no se escuche las demandas de los afectados.

La parlamentaria Francis Paredes Castro (PP) dijo que es hora de unión entre las comisiones de trabajo involucradas para escuchar las demandas de la población, que se encuentra decepcionada porque considera que no se hace nada al cabo de dos años de ocurrido el accidente, “aunque se diga que se invierte millones de soles”.

En otro momento, se presentaron representantes de asociaciones de pescadores artesanales del distrito de Aucallama, Ancón, y de Chancay, afectados por los derrames, que no solo involucra a este sector, sino también a transportistas y mototaxistas.

Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama, dijo que aún no tienen conocimiento si se aprobaron los planes de rehabilitación que la empresa petrolera Repsol tenía que presentar, y que ha conocido que cuatro de los 16 planes que existirían, no contarían con los requisitos necesarios. Asimismo, que siguen siendo afectados porque no pueden trabajar debido a las restricciones que se han impuesto.

En tanto, Gumercindo Vara Pilco, en representación de la Asociación de Comerciantes y Pescadores Unidos por Ancón, sostuvo que es el oleaje del mar el que limpia las playas. Asimismo, demandó el pago de compensaciones a los afectados.

Miguel Núñez Cuba, presidente de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Bahía Blanca, dijo que después del derrame ocurrió otros que afectan el medio ambiente, tanto a personas como animales y plantas.

En nombre de los mototaxistas y del comercio ambulatorio se pronunció Virgilio Casimiro Crisando Maglorio, presidente del Frente Único de Defensa de Moto Taxistas y Familia Vulnerables de Pachacútec -Ventanilla, quien reclamó por los afectados que no han sido compensados.

Por su lado, el representante de la empresa Repsol, Vásquez Madueño, dijo que, a la fecha, hay 124 hallazgos que no corresponden al derrame del 15 de enero del 2022, sino a contaminación producida por barcos u otros sectores. Asimismo, que han compensado al 90 % de los afectados, de acuerdo a la lista presentada por la PCM. Un 40 % corresponde a pescadores artesanales y el resto a comerciantes y trabajadores de otros sectores.

Congreso

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