El problema de la inseguridad ciudadana se resuelve con medidas soberanas, nacionales o intraestatales, como viene haciendo El Salvador, a pesar que la delincuencia del pandillaje, con sus diversos matices locales, también lo padecen Nicaragua, Honduras y Guatemala, y ello no significa dejar de verlo como un problema común centroamericano.
En realidad, aquellos que lo pregonan todo el tiempo como una complejidad transnacional, lo hacen para atenuar o justificar sus ineptitudes para afrontar la delincuencia de raíz y sin contemplaciones dentro del Estado, y por eso optan por la cómoda postura de coordinar todo el tiempo, casi como echar en saco roto, como ha pasado en la subregión Andina con una montaña de declaraciones o resoluciones emitidos desde la creación del Acuerdo de Cartagena, en 1969, juntándose, como ahora, para condenar, lamentar, instar, sugerir, persuadir, etc.
Por eso, si queremos que la reunión de cancilleres y de ministros de seguridad interior de los países de la Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, no sea un respetuoso té de tías, pensando en sacarle el máximo provecho, PROPONGO las medidas subregionales, siguientes:
1) Acuerdo cuatripartito de facilitación de recepción ejecutiva en el país de origen, de extranjeros expulsados y/o deportados. Así cada país de la CAN comenzará a ordenar su política migratoria nacional, permitiendo permanecer en el suelo nacional a aquellos que realmente lo merezcan.
2) Acuerdo cuatripartito de devolución ejecutiva de reos o presuntos reos imputados por narcotráfico, terrorismo, organización criminal, sicariato, etc., y que sean requeridos por la justicia nacional de cualquiera de los países de la CAN. Así, evitaremos el largo y tedioso proceso de extradición, más allá de contar con un tratado bilateral, y de que cunda la errada percepción subregional que en el país donde ha sido hallado el delincuente, surgen obstáculos o lo que es peor, tienden a la impunidad, afectando a la relación política y diplomática entre países.
3) Acuerdo cuatripartito de facilitación ejecutiva de cumplimiento de condenas en el país de origen y de traslado de condenados -ya existen tratados, pero van a paso de tortuga-, también hacia el país de origen. Así, los países de la CAN podrán dictar políticas penitenciarias efectivas, viéndose aliviados ante el inhumano hacinamiento carcelario y la tragedia que ello ocasiona, como acaba de suceder en Ecuador.
4) Inmejorable oportunidad para el Perú de plantear las bases para el acuerdo político subregional de creación del TRIBUNAL ANDINO DE DERECHOS HUMANOS como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o como los hay en los sistemas jurídicos de derechos humanos asiático e islámico. Quisiera recordar que, a la luz de la Carta Árabe de los Derechos Humanos, ya se ha creado Estatuto de la Corte Árabe (2014), que pronto podría entrar en vigor, hallándonos, entonces, a la saga.
Esta propuesta la he reiterado como letanía desde hace ya varios años, habiéndola expuesto durante mi honroso paso como asesor en el Parlamento Andina en Lima y en su sede central en Bogotá.
Aunque mi posición es denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, crear una Corte en el marco del SISTEMA ANDINO DE INTEGRACIÓN, que es mayor a solamente la CAN, no resultará incompatible con el ámbito supranacional interamericano del que aún somos parte.
Para hacerlo, eso sí, hay que tener convicción, de lo contrario, también será echar en saco roto; y, 5) Adoptar, adicionalmente, medidas concretas –repito, no declaraciones ni resoluciones– en la modalidad de NORMAS COMUNITARIAS ANDINAS, porque dada la urgencia de la reunión de hoy, solo así se aplicarán ipso iure, es decir, inmediatamente de derecho, sin mayor trámite –no será derecho internacional sino derecho comunitario andino, que es distinto–, siendo un error insistir en tareas de coordinación, dada su aplicación automática en los países de la subregión Andina.
Expreso
