PORTADA HISPANA
Redacción
Son diferentes las razones por las que podemos afirmar que el Gobierno ha fracasado en la gestión de la pandemia del coronavirus. Algunas de estas razones quedan fuera de su rango de alcance por lo que podría eximírsele de responsabilidad, como la misma virulencia del covid-19 y su capacidad de contagio, el impacto negativo de la cuarentena en la economía y el pésimo sistema de salud pública del país. Las dos primeras razones son factores que han afectado de forma similar a la mayoría de los países del mundo, en especial a América Latina. El tercer factor o razón del fracaso del Gobierno en la gestión de la pandemia, la pésima situación del sector Salud, es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores que desde la década de los años 80 en adelante no implementaron servicios de salud pública, dignos y de calidad, al nivel de cualquier nación que se autoestima y se proyecta objetivos ambiciosos al largo plazo. Pero existen razones que incidieron en el fracaso del Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus que sí son responsabilidad de sus funcionarios y de su equipo de trabajo, y ése es el tema del presente artículo.
La pandemia del covid-19, está golpeando muy fuertemente a Latinoamérica, ya Brasil superó el millón de infectados y está cerca de los 50mil víctimas mortales, sin duda esas cifras se registran por no adoptar las medidas restrictivas de manera adecuada y a tiempo, pero también es cierto que rapidez no necesariamente significa eficacia. El Perú fue uno de los primeros países en entrar en cuarentena y tomar una serie de medidas restrictivas, sin embargo hoy está después de Brasil en el ranking mundial de la pandemia, con casi 250mil casos confirmados de contagio y más de 7,600 muertos, estamos hablando de cifras oficiales. En una nota de la BBC de Londres, se preguntan como un país como Perú que fue uno de los primeros en empezar la cuarentena y que además ha tenido un importante crecimiento económico en los últimos años, pueda tener hoy estas preocupantes cifras. El Perú es el país que ha invertido la más alta cifra en la región para enfrentar la pandemia 109mil millones de soles, ello para que se entienda en cifras comparativas hablamos del 61% del presupuesto anual del país o el 14.4% del Producto Bruto Interno (PBI). Se espera que esta importante inversión tenga efectos positivos en la fase de recuperación de la economía.
Sin embargo últimamente la prensa nacional ha venido denunciando ciertos manejos oscuros del presupuesto destinado a la administración pública durante la emergencia por la pandemia del covid-19 en diferentes sectores como Salud, Cultura, Interior, entre otras dependencias públicas como gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto es grave, causando desazón y desconfianza por las cifras arriba señaladas y porque significaría que el actual Gobierno no ha cortado con la corrupción pese a todos los juicios y procesos abiertos a ex presidentes y gestiones anteriores en los últimos años, sino que por el contrario, continúa en el mismo modus operandi.
Así lo destaca el analista político y experto en seguridad César Ortiz Anderson en un reciente artículo. “Hay una frase de Kafka que dice soy muy ignorante, pero no por ello la verdad deja de existir. La verdad es que lamentablemente en la mayoría de países de la región, la corrupción ha estado presente, en el caso de Perú no olvidemos que los Presidentes de la República de los cinco últimos gobiernos están siendo investigados, algunos fueron presos, otro está fugado. Tengo que reconocer que en mi país, la corrupción e impunidad son males endémicos, pero que otros factores contribuyeron para tener las altas cifras de contagiados que hoy tenemos, en mi opinión faltó mano más dura para varias restricciones desde el comienzo, hubo errores en varias estrategias como la entrega de bonos para los más pobres, al no tener mapeado el universo social por parte del Estado, era muy complicado que les llegue la ayuda a la mayoría de ellos, en este punto hay que hacer una revisión muy prolija a cuántos realmente les llegó el bono. El presidente Vizcarra se queja de que las propuestas vienen después de los hechos, recuerdo haber sacado un artículo en el mes de Abril, proponiendo que sean las Fuerzas Armadas, las que realizaran entrega de comida ya preparadas y agua a los más pobres del país, advertíamos que era un despropósito entregarles a los presidentes de regiones y alcaldes, darles dinero en efectivo para que compren canastas con alimentos básicos, ya la Contraloría General de la Republica, está investigando a varios de ellos, hubo compras muy cuestionadas, en pruebas rápidas y moleculares, compra de mascarillas, de implemento y material médico, implemento y material de protección contra el virus para la Policía, el precio del oxígeno resultaba impagable para los de menores recursos, es verdad que en crisis como la que hoy estamos viviendo, sale el lado más negativo y positivo de los seres humanos, lucrar o robar, en una pandemia que está sumando miles de enfermos y muertos, debe ser Traición a la Patria y el castigo debe ser cadena perpetua y esa es la misma opinión, de la Jefa del Covid-19, la Doctora Pilar Mazzetti”. Coincidimos con el analista Cesar Ortiz Anderson, el Gobierno no ha tenido mano dura ni para hacer cumplir con disciplina a la población la rigurosidad que la cuarentena exigía ni para poner orden dentro de la administración pública en el manejo y distribución de los recursos asignados.
La misma actitud ante la corrupción ya había sido observada en el actual Gobierno antes de la pandemia en el contexto del mega caso Lava Jato. El DL 1352 ordenado por el presidente Vizcarra determinó que las personas jurídicas quedarían exentas de responsabilidad administrativa por delitos si estas implementan en su organización medidas de control para prevenir actos ilícitos. La primera medida que tomó la empresa Odebrecht luego de elaborar un Programa de Cumplimiento fue admitir la culpabilidad e irresponsabilidad de sus funcionarios en los actos de corrupción en el caso Lava Jato, razón por la cual sus funcionarios en el Perú comprometidos con Lava Jato, como Simoes Barata, pasaron a ser colaboradores de la justicia en vez de quedar en condición de investigados, mientras que la empresa Odebrecht sigue negociando con el Estado peruano cumpliendo con la condición del pago respectivo de la deuda e indemnización. El Decreto Legislativo 1352 eximió de responsabilidad a las personas jurídicas que incorporaron un modelo de prevención adecuado a su situación legal, en otras palabras, un programa de cumplimiento o “compliance”, con lo cual se trunca el proceso de investigación del mega caso Lava Jato porque es ampliamente reconocido que no sólo están implicados políticos y funcionarios públicos, sino también empresas privadas, grupos, corporaciones, estudios jurídicos, notarías, medios de comunicación, periodistas, partidos políticos, candidatos, artistas, personajes de la televisión, etcétera.
En fin, no se investigan los mecanismos de una corrupción organizada en todos los niveles del Estado y que utiliza todos los medios del poder a su alcance, haciéndolos además impunes. No cabe otra explicación lógica, salvo la de “quien fiscaliza al fiscalizador”.
